Los movimientos permitidos por las puertas giratorias plantean graves conflictos de intereses. Estos llevan a los responsables de las instituciones públicas a desarrollar políticas que favorecen a un sector empresarial al que están vinculados o al que accederán una vez abandonen su cargo político
«Rajoy abre las puertas de su gobierno a profesionales sin pasado político». Así titulaba el diario económico Expansión la crónica de uno de los últimos actos electorales del líder del Partido Popular. El ahora presidente del gobierno español adelantó en ese mitin celebrado tan sólo seis días antes de ganar las elecciones del 20 de noviembre de 2011 que incorporaría a su equipo profesionales competentes y de prestigio sin carrera política.
Sin embargo, esta declaración, que finalmente ha tomado forma o, más bien, nombres y apellidos, no tiene nada de particular en el actual panorama político. Cada vez es más habitual que cargos de influencia de grandes empresas o ejecutivos que ejercen en lobbies industriales pasen a ocupar puestos relevantes en las instituciones públicas, tanto estatales como supranacionales. La mayor parte de las veces lo hacen para desarrollar políticas en las mismas áreas que hasta ese momento habían gestionado desde el ámbito empresarial.
Precisamente en tiempos de crisis, el sector financiero es prolífico en este tipo de movimientos. Hasta tres altos cargos del banco de inversiones Goldman Sachs han dado el salto desde 2009 para dirigir instituciones clave de las finanzas europeas: Mario Draghi, nombrado presidente del Banco Central Europeo (BCE) en noviembre de 2011; Antonio Borges, al frente de la división del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Europa, cargo del que dimitió tras poco más de un año; y Petros Christodoulou, responsable de la Agencia de Deuda Pública griega desde 2009.
De la misma manera, un número creciente de altos cargos políticos y técnicos de las instituciones públicas pasan a desempeñar puestos relevantes en las grandes corporaciones y los grupos de influencia empresariales, llevando consigo a sus nuevos despachos los conocimientos e influencias adquiridas en el ámbito institucional. Existe una potente práctica de lobby sobre la Comisión Europea, ejercida precisamente por ex comisarios hacia sus antiguos colegas de partido. También utilizan información a la que accedieron desde su puesto político en su beneficio.
Este fenómeno, conocido en el ámbito anglosajón como «puertas giratorias», consiste, pues, en una circulación prácticamente libre de obstáculos de altos cargos entre los sectores público y privado.
Conflictos de intereses
Los movimientos permitidos por las puertas giratorias plantean graves conflictos de intereses. Estos llevan a los responsables de las instituciones públicas a desarrollar políticas que favorecen a un sector empresarial al que están vinculados o al que accederán una vez abandonen su cargo político. Entre los numerosos ejemplos que hay en España destacan José María Aznar y Felipe González, mandatarios de los gobiernos que privatizaron las empresas públicas españolas Endesa y Gas Natural Fenosa, y que han obtenido contratos millonarios como asesores externos de estas empresas una vez se han convertido en transnacionales que dominan el sector eléctrico en América Latina. Otro caso significativo es el reciente fichaje de Elena Salgado por la filial chilena de Endesa tan sólo tres meses después de su salida del Ministerio de Economía.
El camino opuesto es recorrido por quienes pasan de los consejos directivos de las multinacionales a las instancias públicas de decisión y una vez allí implementan políticas favorables a esas empresas. Rajoy no es el primer presidente que forma un gobierno en el que incluye personas provenientes de las grandes corporaciones y lobbies. En el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Cristina Garmendia, dueña de la empresa de salud Asebio, lobby de la industria biotecnológica, pasó a tener la cartera ministerial de Ciencia e Innovación.
Sin embargo, el equipo de Rajoy ha dado mucho más que hablar. Entre sus miembros destacan tres hombres con vinculaciones claras a negocios controvertidos y transnacionales: Luis de Guindos, Pedro Morenés y José Ignacio Wert. Los tres han alternado política y negocios en función de si su partido gobernaba o estaba en la oposición. Es más que cuestionable que estos gobernantes puedan ejercer exclusivamente en beneficio del interés público y no de sus intereses privados. Porque los tienen.
Luis de Guindos: el hombre de Lehman Brothers
El ministro de Economía y Competitividad es un buen ejemplo de los recorridos de ida y vuelta que permiten las puertas giratorias a lo largo de una carrera profesional. De 1996 a 2002, con Aznar, desempeñó los cargos de director y secretario general de Política Económica y Defensa de la Competencia, los cuales le llevaron a participar en diversos organismos financieros y económicos de la Unión Europea. En 2002 subió un escalón en el ejecutivo y fue nombrado secretario de Estado de Economía.
Una vez finalizada la segunda legislatura del PP, de Guindos volvió a los negocios con un currículum mejorado. Su paso por las altas esferas políticas facilitó que en 2006 se incorporara a Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, en el puesto de consejero asesor para Europa y director de la filial del banco en España y Portugal. Desempeñó el cargo hasta la quiebra de la entidad en 2008 y a partir de junio de 2009 fue contratado como consejero externo de la transnacional eléctrica Endesa, cargo que debió abandonar en diciembre de 2011, para asumir su cartera al frente del Ministerio de Economía.
La carrera armamentística de Pedro Morenés
Quizás quien encarna de manera más escandalosa los beneficios personales que ofrecen las puertas giratorias es el Ministro de Defensa, vinculado directa o indirectamente a varias empresas de armas. En los gobiernos de Aznar, Morenés se desempeñó como secretario de Estado de Defensa y Secretario de Estado de Seguridad, cargos desde los que impulsó importantes programas de armamento que aún hoy suman una deuda pública de 30.000 millones de euros.
Cuando en 2004 el PP salió del gobierno, Morenés volvió al sector privado, llevando consigo los conocimientos y contactos adquiridos durante ocho años como secretario de Estado. Estos le abrieron las puertas de la empresa Instalaza, a la que se incorporó como consejero hasta 2009. Esta compañía, única fabricante de bombas de racimo del Estado español, reclamó ese mismo año al ejecutivo 40 millones de euros en concepto de lucro cesante, después de que éste firmara la convención internacional que prohíbe dicha munición.
En junio de 2010 el empresario vasco fichó como presidente ejecutivo de la filial española de MBDA, multinacional especializada en la fabricación de misiles, y que presume en su web de contar con una cartera de clientes de hasta 90 ejércitos. El cometido con el que Morenés entró fue precisamente el de definir una estrategia para reforzar su presencia en el país, «particularmente reforzando la colaboración con la Fuerzas Armadas, la Administración y la industria». El ministerio de Defensa que ahora dirige tiene contratos con la empresa por valor de más de 100 millones de euros.
José Ignacio Wert: Valores de futuro
Por su parte, el Ministro de educación, cultura y deporte, está ligado al ámbito de la publicidad (de 1992 a 1994 fue Consejero Delegado de GDM, comercializadora del Grupo Prisa) y ha tenido puestos directivos en consultoras de estudios de mercado, comunicación, opinión pública y Responsabilidad Social Corporativa. Además, ha sido presidente de ANEIMO, asociación patronal española de empresas de investigación de mercado desde 1999 hasta 2003. Sin embargo, lo que más ha trascendido de su trayectoria es su vinculación a lo largo de casi diez años al Grupo BBVA, del que ha sido Director de Relaciones Corporativas. Este banco tiene su propio programa educativo, Valores de futuro, que se está incorporando en escuelas de todo el Estado y que, según su propia web, «combina la formación en valores y la educación financiera».
Cabe cuestionar, entonces, la orientación que tendrá la política del ministerio de Wert que, pensando en su futura reincorporación al mundo empresarial, podría favorecer este tipo de iniciativas en detrimento de una educación verdaderamente pública y orientada a promocionar valores de solidaridad y justicia social.
En fin, es preciso no cesar en la denuncia de estos movimientos de ida y vuelta, permitidos por normativas laxas y que constituyen una muestra más de lo difusa que es la línea que separa el poder político y el poder económico.