El pasado domingo, 7 de abril, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, subió un año más la llama del recuerdo en el Memorial del Genocidio de Kigali para dar comienzo a los actos de conmemoración de los hechos ocurridos en 1994. A los eventos, que duran los 100 días que duraron las matanzas, les llaman kwibuka , que significa recordar en kinyarwanda.
«Si no recuerdas, no puedes reunir el valor para construir sitios conmemorativos y preservar la memoria», explica Alfa y Omega Napthali Ahishakiye, secretario general de IBUKA , la mayor organización de supervivientes del genocidio. Ahishakiye tenía 20 años cuando comenzó el genocidio y pasó los 100 días en los que transcurrió escondido en el bosque con su hermana. A sus padres los mataron, pero, cuando salió, pronto supo que debía ayudar. «Te encontrabas con un niño huérfano de 5 años y querías cuidarle y, al momento, apareció una anciana de 85 años que se había quedado sola», rememora. En 1996 comenzó a recolectar dinero para pagar los uniformes y las tasas escolares de niños sin recursos para que pudieran ir al colegio y, cuatro años más tarde, acabó organizando una asociación para huérfanos. En 2005 ya se metió en IBUKA como jefe del Departamento de Memoria y Conservación. «La memoria es muy importante en la vida, porque nos ayuda a aprender», señala Ahishakiye.
La política de honrar la memoria de lo que ocurrió se ha convertido en una política de Estado para un país que 30 años después no puede olvidar. En los colegios se cuenta desde 5º de Primaria y organizaciones como IBUKA ayudan con apoyo médico y psicológico a las víctimas, que se van haciendo mayores pero siguen sufriendo traumas tres décadas más tarde. «Organizamos foros para hablar sobre la ideología del genocidio y la memoria», asegura el actual secretario general de IBUKA.
Aun así, el genocidio sigue muy presente. En enero de este mismo año se recuperaron 119 cuerpos enterrados bajo una casa. El propietario los descubrió mientras hacía reformas e intentaba ocultarlos. «La ideología genocida todavía está ahí. Cada vez hay menos casos y conforme pasan los años se reducen, pero aunque hubiera solo uno seguiría siendo un problema», explica Ahishakiye. Cinco años antes habían recuperado 84.437 cuerpos en una montaña a las afueras de Kigali, cerca del aeropuerto internacional, bajo unas casas en construcción. «El 95 % de los ruandeses son cristianos y cuando entramos en las casas había una sala de oración, Biblias… y tenías los cadáveres justo debajo. Nos preguntamos: ¿cómo puede ser posible? Era horrible», expresa Ahishakiye.
¿Reconciliación legal?
Ruanda ahora no tiene nada que ver. El Gobierno se felicita de una reconciliación que ha traído paz y desarrollo al país: ahora es uno de los estados más seguros, con menos criminalidad, y acoge grandes eventos internacionales como hará con el mundial de ciclismo en 2025. Sin embargo, la oposición alega que la reconciliación está sobre la superficie, pero no es real. «Sí, hay algún tipo de reconciliación, pero no la conseguimos del todo», dice Victoire Ingabire, opositora al Gobierno de Kagame.
Ella fue condenada a 15 años de cárcel y pasó ocho entre rejas por supuestamente negar el genocidio. Ingabire no lo niega, sino que asegura que no solo hubo muertos durante esos días y contra los miembros de la etnia tutsi. «Tuvimos dos crímenes: el genocidio contra los tutsis y también los crímenes contra la humanidad antes, durante y después del genocidio. El Gobierno de Ruanda ignora este segundo crimen. Si no podemos redimir a todas las víctimas de nuestra historia más oscura, no podemos estar unidos», reclama.
En 1994, el 85 % de la población era de la etnia hutu y el 14 % tutsi, con un 1 % restante twa. Los hutus cogieron las armas y aniquilaron al 70 % de los tutsis. Con ellos, también a hutus moderados y que prestaron ayuda a los tutsis. Sin embargo, en ese período las fuerzas del Frente Patriótico Ruandés lideradas por Kagame también cometieron asesinatos que no se tienen en cuenta.
Los críticos alegan que el Gobierno de Ruanda utiliza el genocidio para cometer atrocidades en el exterior, como en el este de RD Congo, una región rica en minerales. Allí están las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo considerado terrorista por el Ejecutivo ruandés al que acusa de tener en sus filas a personas responsables del genocidio. El equipo de Kagame culpa al Gobierno congoleño de dar cobijo a los terroristas y, para contrarrestarlos, arma y financia al grupo rebelde M23, de mayoría tutsi, como señalan la ONU y algunos socios occidentales como Francia y Estados Unidos, a pesar de que lo Lo niegan desde Kigali.
30 años después, el genocidio sigue presente en la sociedad. Más allá de los cuerpos todavía por rescatar, el Gobierno hace un esfuerzo por llegar a una unidad nacional que deje atrás la división del pasado, pero esa imposición hace que sea un tanto ficticio. El silencio atenaza ante el miedo a criticar la posición gubernamental y dificulta que se sanen de todo las heridas del pasado.