Las organizaciones patronales acaban de rechazar rotundamente la posibilidad de que el salario mínimo se actualice anualmente cada vez que los precios suban más que la estimación prevista. Lo que me ha parecido realmente desolador es que el ministro de economía Pedro Solbes y el comisario europeo Joaquín Almunia hayan salido enseguida a suscribir no sólo los intereses empresariales sino incluso también sus errados argumentos. Nuestro salario mínimo es casi la mitad del que existe en Francia, Bélgica o Países Bajos. Junto al de Portugal es el más bajo de toda la Unión Europea de los 15. ¿No habíamos quedado en que debemos aproximarnos a Europa? ¿o es que hay que converger en todo menos en el bienestar de los sectores sociales más desfavorecidos?
Juan Torres López.
Publicado en La Opinión de Málaga el 16-01-2005
Las organizaciones patronales acaban de rechazar rotundamente la posibilidad de que el salario mínimo se actualice anualmente cada vez que los precios suban más que la estimación prevista.
Están en su derecho. Es lógico que los empresarios quieran ahorrarse el mayor coste posible para obtener cada vez más beneficios y por eso tratan de evitar que el salario mínimo pueda subir, aunque sólo sea en la medida en que suban los precios. Nadie puede reprocharles que de una manera tan clara muestren cuáles son sus intereses: ahorrarse salarios para ganar ellos más.
En realidad, los trabajadores, por su parte, hacen lo mismo: desean ganar más y por eso reivindican salarios más elevados.
Se trata de un conflicto de intereses antiguo y que no puede resolver en virtud de ningún criterio objetivo o indiscutible sino sólo en función, si se quiere, del diálogo social, de la negociación y de la cesión mutua, al menos, mientras que no se modifique el modo de producir y generar rentas que predomina en las economías capitalistas en las que vivimos.
Sin embargo, lo que sí parece mal es que en la búsqueda de una mejor posición en el reparto de la riqueza y de la renta se justifiquen las posiciones con argumentos que son claramente infundados y que confunden a quien los oye.
Los empresarios argumentan para oponerse a la actualización del salario mínimo que eso provocaría efectos negativos sobre el empleo y que, a la postre, empobrecería a los trabajadores y a la sociedad en general.
Es ahí donde no llevan razón y ellos lo saben.
La teoría económica ha avanzado mucho en los últimos años. Es verdad que sus postulados no son irrebatibles como los de otras ciencias. Pero a pesar de ello sí que podemos disponer hoy día de algunos conocimientos suficientemente solventes para saber cuál será el efecto aproximado de las medidas de política económica que adoptemos.
La conveniencia de que existan salarios mínimos no está resuelta. Las posiciones liberales entienden que es negativo y quienes defienden posturas más cercanas a la socialdemocracia o keynesianismo afirman lo contrario. Puede afirmarse con rotundidad que no hay evidencia empírica definitiva, es decir, suficientemente contrastada y con un pleno nivel de aceptación, que pruebe que los salarios mínimos son negativos para el empleo o la economía. Quien lo afirme, o está completamente mal informado o sencillamente engaña a quien lo escuche.
Se han hecho multitud de estudios sobre el efecto del aumento del salario mínimo. Es evidente que cuando eso ocurre el empleo de quienes reciben ese tipo de salarios (generalmente trabajadores jóvenes o de baja cualificación) se encarece y eso lleva a pensar que se perdería notablemente empleo de esas características. Ese es justamente el argumento de quienes defienden que los salarios mínimos desparezcan o que se congelen constantemente.
Pero la evidencia empírica es en este caso sumamente esclarecedora. Un trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) -que no es precisamente una organización escorada a la izquierda- de 1998 mostró claramente que los efectos de una subida del salario mínimo sobre el empleo juvenil es bastante modesto. Investigadores del Economic Policy Institute de Washington mostraron que tampoco tuvo ese impacto negativo la subida del salario mínimo que se produjo en 1996-97 bajo el mandato de Clinton.
En 2003 se publicó un trabajo de investigadores de la universidad de Valladolid y Carlos III (Inmaculada González, Sergi Jiménez y Carlos Pérez. Los efectos del salario mínimo sobre el empleo juvenil en España: nueva evidencia con datos de panel. Revista Asturiana de Economía 2003) en el que se llegaba a una conclusión semejante para nuestro país. Es decir, que el efecto negativo es escaso y, además, muy desigual en las diferentes regiones. De hecho en algunas en algunas, como Andalucía, resultaba que «los efectos encontrados son estadísticamente despreciables».
Además, todos estos estudios se refieren a subidas más o menos considerables del salario mínimo pero habría que tener en cuenta que en el caso que ahora critican los empresarios españoles se trata, en realidad, tan sólo de mantener constante su valor, es decir, ni siquiera aumentarlo en términos reales.
En consecuencia, se puede afirmar rotundamente que quien se opone a que se actualice el salario mínimo no lo hace porque esté sinceramente preocupado por el empleo, puesto que los posibles efectos negativos de su actualización serían muy escasos, si es que se dieran. Lo haría, por muy legítimo que eso sea, para garantizar que los empresarios mantengan una posición más favorable a la hora de repartir las rentas que genera el trabajo.
Como decía al principio, y con independencia de la falta de rigor del aumento empresarial, es lógico que busquen ganar más. Pero lo que me ha parecido realmente desolador es que el ministro de economía Pedro Solbes y el comisario europeo Joaquín Almunia hayan salido enseguida a suscribir no sólo los intereses empresariales sino incluso también sus errados argumentos. Ambos son muy buenos economistas, conocen a la perfección el debate de la teoría económica y saben perfectamente que están defendiendo posiciones ideológicas, de puros interés y que sus argumentos no tienen fundamento científico. Están también en su derecho de convertirse en aliados de los empresarios pero no deberían recurrir a dar unas razones que no pueden sostenerse con una mínima objetividad.
La posición de ambos es lamentable sobre todo si se tiene en cuenta la situación del salario mínimo en España. De 1981 a 2003 ha perdido un 10% de su poder adquisitivo. En este último año, su capacidad adquisitiva era la de 1973. ¿Cómo se puede decir que su existencia es la que ha hecho perder empleo?
En 1982, el salario mínimo español era el 38% del salario medio. El año pasado, sólo el 28%. Nuestro salario mínimo es casi la mitad del que existe en Francia, Bélgica o Países Bajos. Junto al de Portugal es el más bajo de toda la Unión Europea de los 15. ¿No habíamos quedado en que debemos aproximarnos a Europa? ¿o es que hay que converger en todo menos en el bienestar de los sectores sociales más desfavorecidos?