Bajo un semáforo de Plaza Venezuela, en pleno corazón de Caracas, un grupo de niños aprovecha la luz roja para limpiar los parabrisas de los carros a cambio de una limosna. En Los Teques (estado Miranda), un adolescente de unos 12 años de edad vende caramelos en los autobuses, sin ir más a la escuela, para ayudar a su familia. Al sur de Bolívar, bajo el sol abrasador, un adolescente de 15 años saca barro con una pala en una mina ilegal de oro.
Desde 2007 no existen cifras oficiales sobre el trabajo infantil, aunque organizaciones como Cecodap y la Rednna estiman que podía haberse duplicado por factores como la desescolarización y la emergencia humanitaria compleja. Esto expone a los niños a formas de explotación y trabajos de alto riesgo como la minería… |
Ninguna de esas actividades es apropiada para ellos, pero forman parte de una realidad que, desde hace años, se ha normalizado en Venezuela. De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), la edad mínima que el Estado consiente para trabajar es de 14 años de edad. Esto siempre que sea por un tiempo menor a seis horas diarias y no comprometa ni su seguridad ni su derecho a la educación y recreación.
El 21 de julio se celebró el Día del Niño como una forma de promover el bienestar y los derechos de las infancias. Sin embargo, un mes antes, 12 de junio, se conmemoró también el Día Mundial contra el Trabajo Infantil (Recordar el día 16 de abril). En esa fecha, diferentes organizaciones expresaron su preocupación pues actualmente no existen estadísticas oficiales que permitan sondear este problema en el país, a pesar de que en los últimos años se ha vuelto más visible en las calles y campos.
Informalidad
En una entrevista para Radio Fe y Alegría, el representante de la organización no gubernamental Caleidoscopio Humano, Emmanuel Rivas, indicó que el último registro sobre trabajo infantil en Venezuela publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) data del año 2007. Para ese entonces se contabilizaban alrededor de 81 mil menores de edad incorporados al campo laboral.
El hecho de que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes trabajen en el sector informal resulta extremadamente problemático para las organizaciones encargadas de velar por sus derechos.
Cecodap advirtió que, al igual que como ocurre con los adultos, el no tener un contrato firmado hace que no estén amparados por la leyes laborales ni gozan de garantías como seguridad social, vacaciones, derecho a la huelga y participación en sindicatos, u otros requisitos que establece la Lopnna.
La emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela desde el año 2014 ha agudizado muchas de las razones estructurales que llevaban a los niños, niñas y adolescentes a trabajar en 2007. En muchos casos, la falta de ingresos y la inseguridad alimentaria fueron los detonantes que los han llevado a ganarse la vida para ayudar a sus familias, incluso abandonando la escuela.
“Entendemos que hay familias que, por sus múltiples necesidades, se ven obligadas a permitir que niños, niñas o adolescentes realicen algún tipo de actividad económica. Sin embargo, se deben garantizar las condiciones que permitan resguardar la integridad de los menores de edad”, indicó Julio Parra, coordinador de la organización Geografía Viva en un informe para la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Rednna).
Por su parte, Cecodap indicó que tras la pandemia de covid-19 de 2020 en se interrumpieron las actividades escolares, muchos jóvenes no regresaron a las aulas de clase, sino que comenzaron a trabajar para generar ingresos en sus casas. Algo a lo que también ha contribuido la propia situación educativa del país, con escuelas cerradas por falta de maestros o infraestructuras deficientes, y que han llevado a muchos jóvenes a ver clases en jornadas reducidas o entre dos a tres días a la semana en escuelas públicas.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2023 arrojó que 31 % de los hombres entre 12 y 17 años reportó haber dejado la escuela por tener que trabajar, aunque aclaró que no todos obedecen necesariamente a razones económicas. Un aumento respecto al 14 % registrado en el año 2017. Por su parte, 2,6 millones niños, niñas y adolescentes han sido afectados por la asistencia irregular a clases, lo que representa al 40 % de la población en edad escolar.
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