Las empresas de seguridad privada cosechan los mayores beneficios de su historia
Patricia Ortega Dolz
Correo Tortuga
Están por todas partes. Las alarmas, las cámaras, los vigilantes inundan nuestra vida cotidiana. En la casa de un vecino, en el banco, en el trabajo, en la tienda, en el metro… Las medidas de seguridad han proliferado en los últimos años en España impulsadas por un fantasma que corre como la pólvora: el miedo.
Si algo caracteriza a las sociedades desarrolladas modernas, según los sociólogos y psicólogos sociales, es justamente eso: el miedo, el miedo a perder lo que uno tiene (incluida la vida), lo que ha reunido a lo largo de su historia. Y esa contagiosa sensación, agudizada a escala mundial por amenazas como el terrorismo internacional y fenómenos como la inmigración, es algo que han sabido ver muy bien las empresas. El negocio del miedo se ha convertido en uno de los más boyantes del momento.
Las empresas de seguridad privada cosechan los mayores beneficios de su historia y registran incrementos de facturación anuales superiores al 10%. En los últimos cuatro años su facturación global se ha incrementado en más del 45%, y sólo en 2003 la instalación de alarmas domiciliarias creció un 30%. ¿Qué está pasando? ¿Vivimos instalados en la paranoia? ¿Hay motivos reales que expliquen la necesidad de pagar esta coraza de seguridad?
En la central receptora de alarmas de Prosegur, una de las empresas líderes del sector, 20 puestos conectados en red reciben las señales de las más de 104.000 alarmas que tienen instaladas en el territorio nacional. En la pantalla aparece una llamada en rojo que dice «atraco». Inmediatamente, el operador, con sólo un clic del ratón, localiza el número de teléfono del cliente y llama: «Le llamo de Prosegur. ¿Podría darme su clave?».
Falsas alarmas En este caso es una falsa alarma, como en el 94% de las 2.600 señales diarias que recibe Prosegur, según Miguel Ángel Gutiérrez, jefe de prestación de servicio. «Lo que hacemos es una criba de las falsas alarmas, y si no conseguimos encontrar al cliente, o nos cuelgan el teléfono, o nos dan una clave incorrecta, llamamos a las fuerzas de seguridad del Estado, y enviamos a un vigilante con las llaves del inmueble si el cliente tiene contratado nuestro servicio de acuda», que supone unos 30 euros más al mes sobre los otros tantos del mantenimiento del sistema.
Sin embargo, existe una sensación común, compartida por las empresas del sector, de que la policía no acude siempre. Fuentes policiales aseguran que se acude, cuando se recibe aviso, con el coche patrulla más cercano a la zona, «pero cuando llegan al lugar, si no ven nada raro, se van porque no pueden hacer nada», explican. «Es una pérdida de tiempo. El problema es de las empresas», se quejan. «Al final, el trabajo es para la policía, y ellas, las que se llevan los beneficios», agregan las mismas fuentes.
El sector privado vive su gran momento, y las empresas achacan esa notable prosperidad al buen curso que ha tenido la economía española en los últimos años, al cambio de moneda, al aumento de la calidad de vida y a la compra de viviendas. «No crecemos por la inseguridad ciudadana. El crecimiento del mercado de la seguridad privada en España está ligado a la situación de crecimiento económico», dice Luis Posadas, consejero delegado de la empresa Securitas, con más de 200.000 empleados repartidos por 30 países.
«El incremento de la demanda de seguridad en España es paralelo al aumento del nivel de vida en el país. Ello lleva consigo un aumento de los bienes a proteger y una menor tolerancia al riesgo», agrega Antonio de Cárcer, director de desarrollo y estrategia comercial de Prosegur, que tiene implantadas 127.000 conexiones de alarmas.
Sin embargo, fuentes policiales aseguran que los índices de criminalidad y la inseguridad ciudadana están íntimamente ligados a este fenómeno. Basta con echar un vistazo a la evolución de los índices de delincuencia para percatarse de que ambas líneas corren en paralelo. Desde el año 2000 se observa un aumento de las infracciones penales que remite levemente en 2003, justo el año en el que los beneficios de las empresas de seguridad privada han bajado.
Un análisis más sociológico plantea que la sensación de inseguridad y de miedo se ha acrecentado, efectivamente, a medida que las sociedades han ganado en calidad de vida. Cada vez tenemos más cosas, y tememos más perderlas. No en vano, la seguridad es una de las principales preocupaciones de los españoles, según muestran los distintos estudios demoscópicos. La razón de que el desarrollo y el miedo sean directamente proporcionales, según los sociólogos, es que el abismo que separa a las sociedades desarrolladas de las no desarrolladas es cada vez mayor. En un mundo globalizado, casi todo es conocido por todos, y aunque las realidades sean distintas, los sueños pueden ser los mismos. Y frente a la realización de los deseos de unos pocos están las frustraciones de los sueños de muchos. Esa descompensación es la que genera la sensación de amenaza: otros pueden querer lo mío.
«En el transcurso de los últimos 20 años hemos asistido a una escalada en los temas de seguridad. La criminalidad, en especial los robos, se ha convertido en el enemigo número uno», explica Joan Cornet, psicólogo especialista en dinámica organizacional y ex consejero de la Comisión Europea. «Las estadísticas cantan. Ante ello, la solución más idónea es la de protegernos. Desde que somos seres humanos ha habido siempre una enorme tensión entre los que poseen y los que no», agrega.
La sensación de inseguridad es un hecho, y su principal síntoma es el crecimiento de las empresas del sector. «Las empresas de seguridad privada llegan adonde no llegan las fuerzas de seguridad del Estado», dice Alfonso Tomás, presidente de la patronal Aproser. «Para el Estado no sería rentable pagar un vigilante para cada urbanización, para cada edificio público…, y ahí estamos nosotros, para cubrir la demanda de quien quiere sentirse seguro», añade.
Sólo en el año 2003, el volumen del negocio en España ascendió a 3.000 millones de euros, según Aproser. Es el cuarto país en el grupo de los grandes mercados de la seguridad privada en la UE, detrás de Reino Unido, Alemania y Francia. En España funcionan 564 empresas autorizadas por el Ministerio del Interior, cuyo pilar fundamental hasta el momento son los vigilantes: más de 70.600. Todos ellos han debido pasar un examen teórico y práctico realizado por el ministerio. No obstante, sigue siendo un ejército deficitario para la demanda existente según las empresas del sector, que calculan que hay unos 15.000 puestos sin cubrir.