La ley de propiedad intelectual, que entró en vigor el 1 de enero de 2015, ofrece herramientas de censura en las manos de los grandes poderes mediáticos y a quienes los sostienen en España: Banca, empresas del IBEX y Gobierno.
Por el llamado canon AEDE (Asociación Española de Editores) o también llamada «tasa Google», por primera vez en la legislación española se reconocen explícitamente los «derechos» de los editores de diarios y revistas en el uso que de sus noticias hacen los agregadores de contenidos en la red. Este uso, a partir de ahora, deberá ir acompañado de una remuneración para el correspondiente titular de «derechos». El resultado de esta medida es que España se convierte en el único país en el mundo en el que, por enlazar contenidos públicos de Internet, hay que pasar por caja. Incluso por citar a otros.
Parece claro que nuestro derecho a la información se ha restringido. No así el de los gigantes tecnológicos, y enanos fiscales, como Google, ya que «el gran hermano» no ha pestañeado en cerrar «Google News» en España a las primeras de cambio.
Por tanto el efecto final de la ley y su principal objetivo es restringir directamente el acceso a la libre información de los ciudadanos y, lo que es tan importante como esto, controlar su información a efectos de negocio, influencia cultural y política. El resultado combinado de esta ley más las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y Código Penal son un severo paso atrás en las libertades.
Expresando razones como la de la seguridad nacional, como se hizo en EEUU con motivo de la primera guerra mundial para dejar el monopolio de la telefonía estadounidense a la ATT, ahora se toman medidas que acentúan la capacidad de los grandes medios para neutralizar la capacidad de los pequeños.
La técnica no es neutra y suele acabar poniéndose del lado del interés económico, con la ayuda de la política. La libertad de expresión está siendo asesinada por los intereses creados. Se hace imponiendo filtros a la información. Estos filtros no son otra cosa que realidades a través de las cuales los medios pasan a la obediencia del imperialismo neocapitalista.
Sin libertad de información no hay opinión pública libre y, sin ello, no hay pueblos libres. El fruto de la técnica ha de ser devuelto a sus propietarios legítimos, los pobres de la tierra. Porque nuestra libertad no puede empezar donde acaba el negocio de otros.
Editorial de la revista Autogestión