Las peores violaciones a los derechos humanos de las mujeres centroamericanas ocurren en México, en donde la estancia de un extranjero sin documento constituye un delito, y en donde, a pesar de los discursos oficiales, la «mano dura» contra ellos se aplica cotidianamente.
Cientos de mujeres y niñas centroamericanas son, al igual que los varones, víctimas de abusos, violaciones, secuestros, accidentes y robos en territorio mexicano, en su intento por hallar trabajo en México o en Estados Unidos.
Nadie sabe con certeza la cantidad de centroamericanos que cruzan la frontera sur de México, pero se calcula que una tercera parte de los inmigrantes que pasan cada mes de manera ilegal son mujeres, la mayoría de entre 16 y 25 años de edad, algunas embarazadas, aunque hay también niñas.
Las peores violaciones a los derechos humanos de las mujeres centroamericanas ocurren en México, en donde la estancia de un extranjero sin documento constituye un delito, y en donde, a pesar de los discursos oficiales, la «mano dura» contra ellos se aplica cotidianamente.
El operativo contra inmigrantes indocumentados que llevaron a cabo el pasado sábado 10 de febrero el Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), ocurrió cuando el gobierno de México y legisladores demandaban al gobierno de Estados Unidos un trato justo y respetuoso para los mexicanos indocumentados que cruzan ilegalmente a ese país.
Los abusos continúan, pese a que la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, detuvo la implementación de las nuevas normas que regirán las Estaciones Migratorias en la frontera sur, ante la ola de protestas, pues su aplicación equivale a un oficial endurecimiento del trato hacia los inmigrantes.
A pesar de que no es oficial dicho «endurecimiento», en los hechos así ocurre y «el trato hacia ellos es cada día más agresivo», asegura el padre Heyman Vázquez Medina, del refugio Hogar de la Misericordia, ubicado en Arriaga, Chiapas.
Un tren sin futuro
Teresa García Tiu y Yolanda Amita, así como la niña Kimberly Mariceli, inmigrantes centroamericanas, sintetizan bien la suerte que corren miles de mujeres, a quienes la pobreza obliga a dejar su lugar de origen para buscar empleo y oportunidades en otro país, más al norte, como México y Estados Unidos.
Teresa García Tiu, de 25 años, viajaba, junto con más de 500 personas en el tren de carga detenido la noche del pasado viernes 9 de febrero en el lugar conocido como Paraíso, en el municipio de Arriaga, como parte de un operativo, dijeron las autoridades, para combatir el tráfico ilegal de personas.
«Nos subimos y como a una hora de haber arrancado, cerca del Chauite, entre Chiapas y Oaxaca, el tren se paró de repente. En las dos orillas de la vía cientos de policías con armas gritaban que nos bajáramos», dijo a la prensa desde su cama en el Centro de Salud de Arriaga, donde se encuentra junto con otras cuatro personas que resultaron también lesionadas en el operativo.
Los centroamericanos empezaron a aventarse desde los techos de los vagones, mientras cerca de 400 policías de la PFP y la AFI, así como personal del INM los golpeaban y correteaban para subirlos a las camionetas.
«Yo me resbalé y caí, pasaron sobre mí y entonces perdí el conocimiento», explica García Tiu.
En el ferrocarril iban mujeres y niños. «Una salvadoreña estaba embarazada como de cinco meses, alcancé a ver que la jalaban y la golpeaban para poder detenerla, fue muy violento, había muchos gritos.»
También viajaba en el tren Yolanda Amita de León Méndez, de 26 años, originaria de San Marcos, Guatemala, a quien le amputaron el pie, porque al momento de caer su extremidad quedó bajo la rueda del ferrocarril.
Otros heridos se refugiaron en la Casa del Migrante de esa ciudad, pero se niegan a ir a un hospital por temor a que los detengan y deporten a sus lugares de origen.
Según el reporte oficial, 116 centroamericanos indocumentados –ellos 44 guatemaltecos, 32 hondureños, 27 salvadoreños, 12 nicaragüenses y un cubano–, fueron detenidos durante el operativo, muchos de ellos con heridas de leves a graves, como en el caso de Amita, aunque la Secretaría de Gobernación insiste en que se trató de un operativo en el que se respetaron los derechos humanos de los inmigrantes.
Nadie sabe con certeza cuántas personas, hombres y mujeres, resultaron heridas o mutiladas durante el operativo, pues según el sacerdote Heyman Vázquez Medina, «todas las autoridades que participaron, golpearon a los inmigrantes, y con macanazos los bajaban del tren, a otros les tiraban garrotes y leños para bajarlos».
Algunos huyeron entre la maleza, otros corrieron y pudieron refugiarse en la Casa del Migrante, pero la mayoría fueron aprehendidos por la policía y remitidos a la cárcel de Arriaga para ser deportados.
Esta no es la primera redada contra inmigrantes centroamericanos que viajan en el ferrocarril de la línea Chiapas-Mayab, que parte de este municipio, reconoce el INM.
De la mujer salvadoreña embarazada que iba en el tren, hasta el momento nada se sabe.
Infancia y migración
La migración es un fenómeno que no excluye a la infancia. Y ejemplo de ello es lo ocurrido a Kimberly Mariceli, de tan sólo 12 años, quien fue detenida y asegurada en la Estación Migratoria de Tapachula, el pasado 22 de enero, junto con su padre y su hermano, poco después de cruzar la frontera, en Tapachula. Se dirigían a Huehuetan, donde ellos trabajan como albañiles, mientras la niña les hace de comer. Pero inexplicablemente para ellos, esta vez los detuvieron.
En la Estación Migratoria separaron a Kimberly de sus familiares, y la niña permaneció ahí varios días sin saber en dónde estaban, a pesar de haberlo preguntado en reiteradas ocasiones a los policías y empleados del INM.
El miércoles 24 de enero, la niña le pidió a una señora «vestida de azul» que quería ver a su papá y esta persona le respondió que el señor Marino Timoteo López Zacarías ya había sido deportado.
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, documentó que el padre de Kimberly, Marino Timoteo López, y su hermano, menor de edad, Bairon Requeldir López, habían sido deportados ese mismo día 24 de enero, sin que pudieran ver a la niña.
Con ello se demostró que las autoridades mexicanas violaron de forma grave sus derechos humanos, los de su padre y su hermano, en relación a tener acceso a la asistencia consular y al derecho de la niña de permanecer con su padre.
Botín centroamericano
Las violaciones a los derechos humanos de los centroamericanos son cometidas no sólo por asaltantes furtivos «maras» o «polleros», pues de ellas son también responsables autoridades civiles y militares, como han denunciado reiteradamente diversas organizaciones, nacionales e internacionales, de derechos humanos.
Los inmigrantes centroamericanos son un botín también para las autoridades, ha expresado en diversas ocasiones el sacerdote Herman Vázquez Medina, quien dirige el «Hogar de la Misericordia», que da alojo, comida y medicinas a inmigrantes centroamericanos en el municipio de Arriaga, Chiapas.
De nada valen los tratados internacionales con que México se ha comprometido, tampoco las promesas de respeto a los derechos de las y los inmigrantes o las múltiples denuncias que se han hecho públicas a través de los medios de comunicación.
La sociedad está insensibilizada, dice el también sacerdote José Alejandro Solalinde, de la Diócesis de Tehuantepec, detenido recientemente en Ixtlán, Oaxaca, por acompañar a un grupo de centroamericanos que buscaban liberar a sus familiares secuestrados por una banda que ataca a inmigrantes.
«Nada importa –dijo entonces a la prensa nacional–, que estemos haciendo llamados a las autoridades para que acaben con esta situación, pues los mismos policías y funcionarios están en contubernio con los secuestradores para impedir que los centroamericanos lleguen a su destino, despojándolos de su dinero, en muchas ocasiones de su salud y hasta de la vida.»
Hasta ahora no se conoce públicamente de ninguna investigación que se lleve a cabo para documentar la existencia de 4 casas de seguridad en Ixtlán, en donde, a decir del sacerdote, mantienen a los centroamericanos que secuestran.
La pesadilla que viene
Las organizaciones de derechos humanos se preguntan ante el virtual endurecimiento de la política migratoria en la frontera sur, qué pasará si se pone en marcha la reforma de operación en las Estaciones Migratorias, detenida cautelosamente por la Secretaria de Gobernación.
El panorama actual, nada halagador, más bien vergonzante, estaría reforzado por una serie de medidas que oficializarían el mal trato, como la negación del derecho a recibir visitas hasta por 20 días o el aislamiento del resto de los internos por un periodo similar, a discreción del jefe de la estación migratoria.
También sería más difícil para los defensores de los derechos humanos y sacerdotes penetrar a las instalaciones del INM, pues les solicitarán identificación oficial vigente, registrarse en un libro de gobierno, someterse a revisión exhaustiva y, en algunos casos, se les tomarían fotografía y huellas dactilares.
Las organizaciones de derechos humanos deberán presentar documentación sobre la constitución del organismo, señalando nombres de sus integrantes, entre muchas otras medidas que facilitará la comisión de violaciones a sus derechos y la impunidad de los agresores, dicen la Comisión Episcopal de la Movilidad Humana, Sin Fronteras y la Red Mexicana Todos los Derechos para Todos.
El proyecto en mención, elaborado por la Secretaría de Gobernación, fue enviado a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el 22 de noviembre pasado. Y espera sólo la autorización de dicha comisión para que lo haga público en el Diario Oficial de la Federación, con lo que entraría en vigor.
Pero con o sin proyecto, dice la asociación Sin Fronteras, todo parece indicar que se aplican ya varias de sus disposiciones en las estaciones migratorias, desde hace tiempo. Los hechos lo corroboran.