La organización ilegal descubierta por la policía en estos días, en las ciudades de Oviedo y Gijón, logró introducir en el Principado a 130 personas, casi un tercio del total de la comunidad asiática que reside en la región. A cada uno de ellos se les cobró hasta 4.000 euros y, una vez en Asturias, les sometían a unas condiciones de trabajo infrahumanas, sin cotizar en la Seguridad Social.La Policía Nacional detuvo el martes en Gijón y Oviedo a una treintena de personas por varios delitos relacionados con la inmigración ilegal. La mayoría de ellas son de nacionalidad china, aunque entre los detenidos también hay varios españoles, trabajadores en asesorías que gestionaban la documentación de personas procedentes del país asiático. Al parecer, todos ellos están acusados de propiciar la inmigración ilegal, de vulnerar los derechos de los trabajadores, de asociación ilícita y alguno, también, por falsificación de documentos.
Esta operación, en la que las autoridades llevaban trabajando un año mediante escuchas telefónicas, es la cuarta contra la inmigración ilegal que se practica en Asturias, según recordó ayer el delegado del Gobierno, Antonio Trevín. En las anteriores estaban implicados, sobre todo, empresarios del sector forestal y maderero.
Los inmigrantes eran sometidos a una cruel situación de explotación en horarios interminables en los bazares y restaurantes donde trabajaban en condiciones de vida mísera y por supuesto sin cotizar a la Seguridad Social.
Además del complejo sistema piramidal que manejaba la red desmantelada, la Policía averiguó que los máximos responsables de la organización ofrecían 1.500 euros a sus familiares o amigos a cambio de que simularan contratar a ciudadanos chinos, que incluso dormirían en sus casas para realizar tareas domésticas. De la investigación se desprendió que, en muchas ocasiones, el presunto empleado ni siquiera había estado empadronado en el domicilio de sus «jefes».
Este no es el único caso detectado en España de tráfico ilegal de personas desde el país asiático, pero esta y otras violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno chino, como el conocido tráfico de órganos, no son problema para que nuestros políticos del Principado de Asturias sigan haciendo negocios con China.