Ha sido normal la colaboración parlamentaria entre el Partido Popular y CiU en el congreso de los Diputados y en el Parlamento autonómico catalán. En la tramitación parlamentaria de los recientes decretos famosos por sus recortes sociales, el papel de CiU no ha sido anecdótico.
El partido nacionalista catalán ha vuelto a hacer de portavoz de las organizaciones empresariales introduciendo enmiendas que al propio partido del gobierno le resultaban incómodas de plantear. Pero la situación económica es tan explosiva que las élites catalanas han virado el rumbo, han convocado elecciones y anuncian un referéndum a no ser que se apruebe una cosa que llaman “pacto fiscal” y que no se han preocupado de explicar con claridad.
Con ello se vuelve a su vieja estrategia de inventar un enemigo exterior culpable de todos los males de Cataluña. Los mismos que están imputados por el saqueo de fondos públicos, por diseñar tramas de corrupción, implicados en escándalos en comisiones por concesiones de servicios públicos, arruinar la sanidad, etc., son los maestros en echar balones fuera y señalar al “Estado español” como el causante de sus negligencias. El hecho de que los que han acaparado las competencias de autogobierno hayan fracasado de forma estrepitosa y hayan creado una gran cortina de humo, que pueda ocultar su responsabilidad, puede tener dos consecuencias nefastas para la convivencia en nuestro país. Puede ser el detonante del asentamiento de la extrema derecha en España y la implantación de un sistema económico que imposibilite el desarrollo de las regiones más débiles, y especialmente de las que han sido objeto del saqueo de su riqueza a lo largo de nuestra historia.
La extrema derecha viene de Cataluña.
Mientras las formaciones de extrema derecha se han asentado en diversos países de Europa, llegando incluso a condicionar la ormación de gobiernos, España parecía estar a salvo de la ola de antiinmigración xenófoba. Esta excepción tocó a su fin con los resultados de la Plataforma Per Catalunya, que en mayo de 2011 presentó lista en 108 municipios catalanes, y consiguió representación en 41, con 66.000 votos y 67 concejales. Esta plataforma ha conseguido el primer éxito en España de la ultraderecha sabiendo armonizar su discurso clásico de rechazo al extranjero, pero sabiendo a la vez modernizar el mensaje ultra. Su primer eslogan fue el de “primer, els de casa”, expresión del principio de “preferencia nacional” en el trabajo, la sanidad y los servicios públicos. En autonomías con más inmigración extranjera que en Cataluña este discurso no se ha podido ni siquiera presentar listas electorales.
¿Por qué un partido racista, con estrechos vínculos con los partidos xenófobos europeos, ha arraigado en Cataluña y no en otras partes de España?. Solo es explicable por el nacionalismo catalán instalado en el gobierno catalán desde la transición. El nacionalismo vasco y catalán llenan el espacio que ocupan en otros países de Europa las organizaciones nacionalistas y racistas. El primer presidente del Parlamento catalán tras el franquismo, Heribert Barrera, afirmó que “hay que salvar Cataluña antes que la democracia”. Joan Puigcercos, dirigente de ERC, dijo en una entrevista radiofónica “mire, en realidad, somos nacionalistas. Pero si nos denominamos así, en Europa se creerían que somos un partido de extrema derecha. Por eso decimos que somos catalanistas”. El responsable de inmigración de CiU, Angel Colom dijo que “todos los inmigrantes que han venido a Cataluña deben hablar en catalán, y punto”. La visión nacionalista del otro diferente que tiene el nacionalismo catalán, no difiere del Frente Nacional Francés, el FPÖ austriaco, la Liga Norte italiana, etc.
La marginalización de catalanes no nacionalistas y la asimilación identitaria de todo el que pise Cataluña ha sido defendida sin complejos por los dirigentes nacionalistas. Con el falso y peligroso discurso de la “invasión extranjera” se inmuniza a la población catalana de los peligros de los discursos racistas. Solo de esta manera es posible entender como un personaje como Jordi Pujol no sea señalado como un nazi. El expresidente de la Generalitat decía en 1965, sobre la mano de obra explotada en Cataluña, que “es muy conveniente que las cosas se digan por su nombre. Que los conceptos sean claros. Que se vean las cosas tal como son. Concretamente, es del todo necesario que 150 ó 200 mil hombres que viven en Cataluña sean considerados como lo que son en realidad: como un ejército de ocupación”. El mismo Pujol prologa y ensalza libros en los que se acusa de “degenerados y miserables” a aquellos que viviendo en Cataluña no asuman la catalanidad.
El discurso nacionalista catalán y la extrema derecha xenófoba coinciden en sus discursos. Los votos a Plataforma per Catalunya han sido fundamentalmente en municipios de tradición nacionalista como Vic. El alcalde convergente de este municipio fue el primero en exigir la discriminación sanitaria a los extranjeros. Lo que en cualquier sitio hubiera sido rechazado por ajeno a los valores democráticos, fue considerado aceptable y provocó una concentración pública de apoyo de cargos de CiU. El Parlamento de Cataluña otorgó la medalla de honor y otorgó funerales “de Estado” a Heribert Barrera que pedía una Rambla habitada únicamente por “gente de raza blanca mediterránea” y que no tuvo reparo en afirmar que “los negros tienen un coeficiente intelectual inferior al de los blancos”.
¿Será la nueva ofensiva nacionalista el espaldarazo que necesita la extrema derecha para consolidarse?. En una época de profunda crisis económica en la que se desatan todo tipo de reacciones insolidarias y oportunistas habrá que estar vigilantes a neutralizar los discursos de las derechas populistas que, ante los desafíos sociales, cargan contra los más débiles e indefensos.
La economía decimonónica del privilegio.
El discurso victimista de Artur Mas amenaza con la secesión si no hay un “pacto fiscal” entre España y Cataluña, sin aclarar qué derecho le asiste a Cataluña a pedirlo, ni explicar porqué no es aplicable al resto de autonomías. El denominado pacto fiscal no es otra cosa que un sistema de financiación específico inspirado en los conciertos económicos del País Vasco y Navarra que, además de inviable jurídicamente, es una auténtica irracionalidad económica.
Los sistemas de concierto permiten a País Vasco y Navarra recaudar la práctica totalidad de los tributos del sistema fiscal, y entregan una parte de los recursos a la administración central para cubrir los costes de las competencias estatales no asumidas por los territorios forales. Lo que, en principio puede parecer un sistema neutro, ha producido unos resultados enormemente beneficiosos para estos territorios. ¿Cuál es el secreto de tanta prosperidad?: el sistema exime a las regiones forales de contribuir al sistema de nivelación interregional que sirve para que todas las regiones puedan prestar los mismos servicios. Además, la valoración de las competencias estatales se hace a la baja, lo que unido a otros desajustes, provoca que la aportación al común esté rebajada de forma llamativa.
El resultado final es que la financiación por habitante es superior en un 60% a la media de las regiones del régimen común de financiación, y que permite a Navarra y País Vasco presentar un saldo fiscal positivo. Esto quiere decir nada menos que son las comunidades más pobres las que subvencionan a las dos más ricas. Cataluña sí podría pedir al País Vasco que le devuelva 1.000 millones de euros en concepto de este expolio, pero prefiere aliarse con el PNV para pedir los mismos tratos fiscales y recibir la subvención de otros, en vez de pedir un sistema de financiación justo para todos. Artur Mas lo sabe y lo oculta a los catalanes.
El papel del Partido Socialista no puede ser más ambiguo. Su actual apuesta federalista calla que no existe país de corte federal con residuos históricos que impidan a la Federación establecer tributos en parte de su territorio. No se puede ser socialista y no denunciar con fuerza un sistema que impone la desigualdad por principio. Un sistema fiscal justo es aquel que exige a sus ciudadanos de mayor renta una mayor aportación a la caja común para financiar el acceso de todos a la sanidad, la educación y demás servicios fundamentales. En España esto es imposible porque dos territorios conservan un sistema de privilegio con origen en el Antiguo Régimen. Y lo más grave es que la izquierda se ha callado, por servilismo al ambiente nacionalista.
Los españoles tenemos el deber de calcular las consecuencias de un sistema de concierto extendido a Cataluña. Si lo lógico sería pedir la supresión de los sistemas forales de financiación o una aplicación justa de los mismos; pretender extenderlo supondría ahondar en la desigualdad. No existe justificación histórica para que Cataluña pida este beneficio injusto. Caminar por la senda del pacto fiscal comportaría reducir la financiación de las demás comunidades autónomas en más de un 12%, lo que constituye la mayor exigencia económica de una minoría al resto de españoles. Es fácil imaginar que el resto de regiones de renta alta reivindicarían el mismo trato, lo que metería al país en una espiral de enfrentamientos imposibles de gestionar.
Artur Mas se ha inventado un agravio para escapar de la crisis. Ha creado una falsa confrontación que puede movilizar a sus simpatizantes, pero camina sobre una falacia. Oculta que lo que llama “derecho a decidir” implica tomar decisiones a afectan a otros a quienes se niega la voz. Son tiempos de crisis. La insolidaridad hará que la crisis se instale definitivamente entre nosotros.