No podemos esconder la cabeza ante una realidad tan aplastante como es la trata de niños o lo que muchos consideran un nuevo tipo de esclavitud de nuestra era globalizadora.Miles de niños son engañados y obligados a cruzar las fronteras de Centroamérica con fines de comercio sexual y prostitución. La falta de legislación e ineficacia policial unidos al bajo control migratorio en dichas fronteras constituyen los principales elementos que favorecen el auge de redes de tráfico de niños y el consiguiente negocio de comercio sexual y prostitución en el que desemboca.
No podemos esconder la cabeza ante una realidad tan aplastante como es la trata de niños o lo que muchos consideran un nuevo tipo de esclavitud de nuestra era globalizadora.
Las víctimas, desgraciadamente suelen ser siempre las mismas: niños y niñas provenientes de familias de escasos recursos y bajo nivel educativo, la mayor parte de las veces, familias desestructuradas.
En definitiva, miembros de sociedades excluidas de los sistemas de educación y salud, lo que provoca la desesperación en su intento por emigrar hacia los países del norte. Este es el caso de Guatemala donde cerca de 25.000 menores son deportados cada año desde México en su intento por emigrar a EE UU siendo en el proceso de repatriación víctimas de violaciones y otros abusos. En ese país la policía calcula que más de 2.000 niños y niñas están siendo explotados en más de 600 burdeles de la capital.
En algunos casos, los niños son abandonados por los traficantes y nunca llegan a su punto de destino, como recientemente ocurrió en Costa Rica donde cinco niños nicaragüenses fueron encontrados en condiciones deplorables en este país que, a pesar de su larga tradición democrática, cuenta con 140.000 niños víctimas de explotación sexual.
En otros casos, las bandas de traficantes utilizan a los menores como moneda de cambio y negociación con fines de adopción; un promedio de $42.000 pagaban muchas parejas de padres por niños que entregados ilícitamente eran conseguidos de forma irregular por una supuesta agencia de adopciones en Guatemala
Y es que son muchos los problemas que arrastran estos países y que se reflejan en la falta de controles fronterizos junto con la corrupción de los funcionarios de migración que, en muchos casos, actúan en conexión con las bandas de traficantes.
Para la OIT, los funcionarios de migración deben ser concienciados sobre los factores de riesgo de la explotación y las obligaciones de protección que tienen las personas adultas en general, y en particular los funcionarios públicos, siendo necesario sancionar a los que abusen de su poder para enriquecerse económicamente de la trata. Los mayores abusos los encontramos en la frontera entre Guatemala y México donde se concentra un alto número de traficantes y proxenetas.
Visto el panorama, será necesario por tanto unir esfuerzos entre los distintos países para conformar redes de apoyo, como lo viene haciendo, por ejemplo, la Red Regional de Centroamérica y México, intercambiando información sobre casos específicos, compartiendo materiales de capacitación así como recursos e información relativa a redes de tratantes.
Por otra parte, hay que decir que estas redes se aprovechan de la falta de legislación. Según el «Informe Anual sobre trata de personas 2004» del Departamento de Estado de EE UU, el gobierno de Nicaragua no cumple totalmente con los requisitos mínimos para la eliminación de la trata y su legislación debe ser modernizada para penalizar la prostitución de menores de edad ya que la ley actual permite que los menores entre 14 y 17 años ejerzan la prostitución generando oportunidades para los traficantes.
El concepto de trata, definida como el traslado de una persona de un lugar a otro a través de engaño, violencia, extorsión con fines de comercio sexual u otros, ha sido estudiado y analizado como delito en diferentes convenciones y tratados internacionales, obligando a los estados a garantizar los derechos de los menores y cumplir con estas leyes.
Merece la pena nombrar la «Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)» que en su artículo 35 dice que: «Los Estados partes tomarán las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o cualquier forma».
Son muchos los que siguen insistiendo en la necesidad de tipificar algunos delitos como el de producción y distribución de pornografía y elevar sanciones a los traficantes de niños como se menciona en el «Protocolo Facultativo de la CDN relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía», destino último del largo viaje al que son sometidos los pequeños y donde se constata, una vez más, la necesidad de combatir esta lacra que tiene la sociedad y en la que, en ocasiones, cuenta con la indiferencia y tolerancia de los gobiernos y estados.
Son precisamente estos los que obtienen mayores ganancias en el proceso de adopción de bebés; por ejemplo Guatemala, país con grandes desigualdades sociales y económicas, ocupa el cuarto lugar en la exportación de bebés después de China, Rusia y Corea del Sur.
Otra de las raíces del problema de la trata de menores, hay que buscarlo en la creciente demanda de personas menores de edad para sexo comercial, siendo el turismo sexual uno de los mayores negocios y la tercera mayor industria ilegal del mundo sólo por detrás del tráfico de drogas y armas. La cifra alcanza 2.000.000 de menores en el mundo, en su mayoría niñas explotadas sexualmente.
Los traficantes, a pesar de iniciativas como la de la organización World Vision para acabar con el turismo sexual infantil en EE UU, Costa Rica, Tailandia y Camboya principalmente, continúan sacando provecho de este suculento negocio cuyo beneficio mensual a escala mundial según un reciente estudio es de 1.000 millones de euros. Esta interesante iniciativa consiste en informar y advertir a los norteamericanos de que pueden ser culpables de abuso a menores de edad si incumplen las normativas siendo extraditados o procesados.
En España, por ejemplo, la cifra asciende a 35.000 ciudadanos que viajan a Latinoamérica para mantener relaciones sexuales con menores de edad.
Por todo ello, es absolutamente necesario que a través de los mecanismos citados de sanción de las redes de trata y de la constancia y aplicación de las normas internacionales por parte de los países origen, puente y destino, éstos sean conscientes de la importancia de mantener políticas sociales, educativas y de combate a la pobreza, principal arma para hacer disminuir la oferta y que poco a poco, el mundo desarrollado deje de demandar este tipo de mal llamados «servicios», que no son otra cosa que nuevos procesos de esclavitud.
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Paloma Lafuente es periodista con experiencia en organizaciones sociales de Costa Rica.