El informe, realizado por varios expertos en derecho de siete países de la UE, critica la improvisación en la regulación de la inmigración en España y achaca el fracaso de los contingentes a la falta de descentralización política.
18 de mayo 2005
El informe, realizado por varios expertos en derecho de siete países de la UE, critica la improvisación en la regulación de la inmigración en España y achaca el fracaso de los contingentes a la falta de descentralización política.
Exceso de cambios legales – dos leyes en el año 2000, un reglamento general en 2001, dos nuevas leyes en 2003, un reglamento general en 2004-, demasiada improvisación –numerosas regulaciones extraordinarias-, anulación de normas reglamentarias o cambios en políticas de visados han extendido la idea «de que lo importante es entrar en el país, porque después se acaban consiguiendo todos los permisos».
Ésta es una de las conclusiones del estudio «La regulación de la inmigración en Europa» realizado por la Obra Social de «la Caixa» y presentado recientemente en Barcelona. La obra examina las leyes sobre inmigración de los principales países de Europa (Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Suiza, Reino Unido y España) y las normas de la propia Unión Europea.
Según sus autores, entre los que se encuentran profesores de ocho países europeos, el exceso de improvisación en las normas, que no es exclusivo de España, contribuye a la proliferación de la inmigración en situación irregular.
Además, el estudio constata que los inmigrantes, tanto en situación regular como irregular, siguen siendo ciudadanos de segunda en España, Francia, Alemania, Italia o Bélgica, países en los que la inmigración se convierte periódicamente en objeto de lucha partidista.
«En general, se reconocen al extranjero los derechos esenciales de la persona, a veces con mención a los tratados internacionales, pero se trata de derechos mínimos de carácter civil e individual», señala el estudio, y pone como ejemplo el derecho de voto.
La mayoría de estos países niegan el derecho de voto, activo y pasivo, a los extranjeros, lo que provoca una grave deficiencia democrática teniendo en cuenta que el porcentaje de inmigrantes se sitúa en torno al 8%-10% como media europea.
El estudio de «la Caixa» atribuye esta negación del voto a un «origen atávico en la desconfianza hacia el extranjero» y, aunque algunos países admiten desde los años sesenta el sufragio en las elecciones locales, este derecho no ha evolucionado.
En Alemania, el Tribunal Constitucional Federal declaró la inconstitucionalidad de la ley de la región de Hamburgo que reconocía a los extranjeros el sufragio activo en las elecciones locales. Y en Bélgica, no fue hasta principios de 2004 cuando una proposición de ley garantizó el derecho de voto activo con dos condiciones: respetar las leyes belgas y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y haber establecido la residencia principal en Bélgica de manera permanente durante los cinco años anteriores.
Necesidad de descentralización política en cuestiones de inmigración
El estudio «La regulación de la inmigración en Europa» considera que la falta de descentralización política en España para los temas de inmigración provoca el fracaso de los contingentes –contratación en origen- y de la aplicación efectiva de la legislación.
Aunque las políticas de educación, sanidad o servicios sociales de la inmigración corresponden a las Comunidades Autónomas, la capacidad de decisión sobre el control de los flujos es mínima. Y gran parte de esta deficiencia se debe, según el estudio, a la debilidad y falta de funcionalidad del Consejo Superior de Política de la Inmigración.
El estudio de «la Caixa» también observa una progresiva equiparación entre los derechos de los nacionales y los extranjeros residentes, «pero se trata de una mejora lenta y desigual». Las deficiencias en la legislación continúan provocando inseguridad jurídica y precariedad en los trabajadores extranjeros y sus familias.
Entre las recomendaciones que señalan los autores del estudio destaca la conveniencia de elaborar en España una estrategia legislativa a medio y largo plazo, un consenso básico entre los principales partidos políticos, implicación de Comunidades Autónomas y entes locales y convenios con los Gobiernos de los principales países de procedencia de la emigración.
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