Después del contundente triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales de Venezuela, el pasado 28 de julio y llegado el 10 de enero, fecha en la que debía asumir el ganador de dicha contienda electoral, en el país se ha consumado un golpe de Estado por parte de Nicolás Maduro.
Editorial de la revista solidaria Autogestión 158
Se ha hecho con la complicidad y amparo de las instituciones públicas, que no responden a los interés de todos los venezolanos sino a los intereses del régimen: Consejo Nacional Electoral, Fiscalía General, Tribunal Supremo de Justicia, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional y Las Fuerzas Armadas Nacionales.
El régimen no ha querido reconocer su derrota porque sencillamente su vocación no es la democracia.
Contrario a ello, el pueblo venezolano sí ha demostrado su vocación democrática. Así lo expresó de manera contundente al participar masivamente en un proceso electoral claramente amañado, plagado de trabas de todo tipo y con todo el poder del Estado en su contra. Esto no fue un impedimento para que la gente saliera a expresarse mediante el voto y decidir por el futuro del país. A sabiendas de que lo hacía bajo las condiciones y reglas establecidas por el órgano rector en materia electoral: el CNE, y haciendo uso de un derecho y deber constitucional. Este pueblo demostró un gran coraje en el ejercicio de su soberanía. Derrotó en las urnas al régimen imperante y lo demostró con las actas ante el mundo entero.
Ante el anuncio del rector del CNE, a la media noche del 28 de julio, de que el ganador era el candidato perdedor, lógicamente se produjo una protesta pública que exigía el respeto a la soberanía popular, es decir, el reconocimiento al candidato opositor, González Urrutia. La respuesta del régimen no podía ser otra que una feroz represión que causó más de 20 muertos, decenas de heridos y más de dos mil detenciones y encarcelaciones. Las hubo incluso de adolescentes y mujeres embarazadas. Desde entonces no ha parado la persecución a los dirigentes políticos y a toda persona que haya estado ligada al movimiento político de María Corina Machado, desde los más altos niveles a los más bajos. Detienen, secuestran y encarcelan sin el más mínimo respeto a las garantías de los Derechos Humanos. Y no duda en hacerlo también con militares en los que el régimen no confía.
El pueblo venezolano, a pesar de haber vivido en un total aplastamiento durante los últimos 15 años, siendo víctima de represión, pobreza, hambre, enfermedad, deterioro de los servicios públicos, híper-inflación, salarios de miseria, desempleo o división de las familias por la migración, aun así, no ha perdido la esperanza ni se ha desmoralizado. Por eso sigue apostando pacíficamente por la democracia, por su libertad. Sin
embargo, es razonable que también haya frustración y desánimo en un sector de la población al ver que se crearon expectativas para el 10 de enero de 2025 y no se logró lo que tanto se ha anhelado: el restablecimiento de la democracia.
Ante este vulgar fraude que se ha cometido en Venezuela, la mayoría de la comunidad internacional que dice defender la democracia, no ha pasado de declaraciones de buenas intenciones. Lamentamos que unos países hermanos como México, Colombia y Brasil, que saben perfectamente lo que sucedió en las elecciones venezolanas, mantengan una posición de indefinición al no querer reconocer la derrota de Nicolás Maduro. Es lo que tienen las alianzas “ideológicas”, ésta con la bonita etiqueta de “socialismo del siglo XXI”.
La situación de Venezuela no es sólo un problema interno de los venezolanos; es también un problema de la comunidad internacional y, más aún, de la comunidad interamericana. Si de verdad se cree en la democracia y en la soberanía de los pueblos como sujetos históricos de su destino, debe hacerse respetar la decisión del pueblo venezolano. En ello puede jugar un papel importante la nueva administración de los Estados Unidos con el presidente Trump al frente. Dependerá si no se anteponen los intereses económicos. Eso está por verse.
Desde esta tribuna nos solidarizamos con el pueblo venezolano y exigimos a la comunidad internacional un real y efectivo apoyo para que se restablezca la democracia y, con ella, los valores de libertad, de justicia y de paz, así como la institucionalidad y el respeto a los derechos humanos.
