La situación de indefensión del pueblo venezolano frente a la dictadura no tiene límites.
Después de reprimir con violencia en las calles cualquier posibilidad de manifestación pacífica, a la par que se han tomado todas las instituciones del estado para provecho propio, un informe de Amnistía Internacional ha mostrado recientemente que las torturas del «aparato» han llegado hasta los niños.
Amnistía Internacional ha publicado una nueva investigación el pasado 28/11 en la que expone las detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, y graves violaciones del derecho a un juicio justo de cinco niños y una niña cometidas entre el 29 y el 31 de julio, durante la represión del gobierno de Nicolás Maduro contra la disidencia tras las elecciones en Venezuela. Cuatro meses después, al menos 198 niños y niñas siguen sometidos ya sea a detención injusta, a acusaciones penales infundadas, o a las graves secuelas psicológicas y físicas de los abusos perpetrados por las autoridades venezolanas. Ante esta situación, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, declaró:
“Cuando se trata de proteger y respetar los derechos humanos, hemos llegado al punto en el que podemos esperar lo peor del gobierno de Nicolás Maduro. Detener, torturar, criminalizar, y castigar a niños y niñas cruza una línea que ningún Estado debería cruzar jamás. Exigimos la liberación inmediata e incondicional y la reparación de todos los niños y niñas que actualmente sufren la crueldad interminable de las autoridades venezolanas»
La última investigación de Amnistía Internacional enfatiza un elemento especialmente alarmante del más reciente aumento de represión del gobierno contra la disidencia tras las protestas contra la declaración de Nicolás Maduro como ganador de la elección del 28 de julio. Tras la elección presidencial y el anuncio de los resultados cuestionados y no públicos, las autoridades venezolanas han intensificado su política de represión de manera generalizada. En el primer mes tras las elecciones, las autoridades llevaron a cabo más de 2.000 detenciones, según cifras oficiales, que se suman a los centenares que ya estaban detenidos arbitrariamente desde antes del 28 de julio. Se presume que todos estos arrestos y detenciones en curso son arbitrarios y forman parte de la política de represión de larga data del gobierno de Maduro contra cualquier percepción de disidencia.
Además de este aumento sin precedentes de las detenciones arbitrarias por motivos políticos, que no solo incluían a niños sino también a personas que viven con una discapacidad, la represión también incluyó muertes ilegítimas, más denuncias creíbles de tortura, desapariciones forzadas, ataques generalizados contra la sociedad civil, represalias contra defensores y defensoras de los derechos humanos y graves violaciones de las garantías de un juicio justo.
La misión internacional e independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela ha documentado exhaustivamente cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014, así como las formas en que el sistema de justicia sirve como herramienta para la política de represión del gobierno. Su informe de 2024 concluyó que existen “motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido” en el último año.