Para muchos venezolanos no es posible hacer una compra de alimentos para guardar. Los datos presentados en febrero por el Programa Mundial de Alimentos revelan que el 8% de la población venezolana (2,3 millones de personas) está en situación de inseguridad alimentaria grave (hambre), “principalmente como resultado de los altos precios de los alimentos”.
El estudio refleja que otros siete millones están en situación de hambre menos severa, pero hambre. No hablamos de los que se han tenido que ir.
A principios de este mes (Marzo 2020), la FAO alertó de que Venezuela y Haití son los únicos países de América Latina que necesitan asistencia alimentaria exterior.
A Yonathan Torres le preocupa que la comida se acabe. Trabaja como mototaxista en La Vega, un barrio al oeste de Caracas. Lleva dos semanas resguardado, en cumplimiento de la cuarentena. Sus ingresos semanales llegaban a 100 dólares (93 euros). Con unos ahorros se aprovisionó de comida. “Con esto aguanto hasta que termine la cuarentena el 13 de abril, luego me va a tocar trabajar. Esperemos que no se extienda y que no se agrave. Me preocupa la comida, la gasolina no está llegando y si eso sigue así, no va a haber más comida”, dice el joven de 26 años, que vive con su esposa, hija y suegro.
La restricción del combustible para sectores prioritarios —trabajadores sanitarios, de seguridad, militares y transporte de alimentos— ha sido una medida inédita que se ha aplicado en una Venezuela petrolera que debe importar gasolina para el consumo interno, seriamente afectado por la caída de la producción, el colapso de la industria petrolera por la mala gestión y las sanciones económicas. En otros países en cuarentena el combustible se acumula por la paralización, en Venezuela las reservas parecen haber llegado al límite.
El sector agrícola ha advertido esta semana de que los productores no tienen acceso al combustible y que la distribución de las cosechas está comprometida y, por ende, el frágil abastecimiento. “Algunas ya se están perdiendo”, dijo Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro en la sesión virtual que tuvo el Parlamento esta semana. En el monitoreo de servicios durante la crisis que está haciendo la Asamblea Nacional se señala que para esta semana el suministro de combustible no llegó al 1% de las estaciones del país.
“Venezuela está parada desde hace mucho tiempo, luego de seis años de contracción del PIB. La cuarentena al final es una sobreactuación del Gobierno para disimular que estamos parados porque no hay gasolina, porque no hay actividad económica, no tanto por el virus, y que en el marco de la recesión mundial va a ser peor. ¿Qué economía del mundo va a estar preocupándose de la economía de un país cuyos jefes ahora están buscados por la justicia?”, opina el sociólogo Luis Pedro España, director de Ratio, una agencia de análisis de la Universidad Católica Andrés Bello.
El coronavirus avanza en Venezuela con 113 contagios confirmados y dos muertes en dos semanas. El espectro de los afectados por las medidas de confinamiento para frenarlo va más allá del grueso grupo de trabajadores por cuenta propia a los que Maduro prometió ―para cuatro millones de ellos— un bono de 350.000 bolívares (unos cuatro dólares, 3,7 euros), que alcanzan para un kilo de carne, que también ha entregado a los que poseen el llamado carnet de la patria. Mariana Hernández —ni Gerson ni Yonathan— no aplica para ese grupo. Ella se graduó en diciembre en la Universidad Central de Venezuela y empezó este año a trabajar como psicóloga clínica. Con 16 pacientes que veía en un centro médico privado podían mantenerse ella y su madre, profesora jubilada. Ahora está cerrado el edificio donde trabajaba y, como han hecho otros profesionales médicos, ha intentado pasarse a las consultas online, con poco éxito. “Veo personas mayores, que no manejan la herramienta y para quienes no es cómodo hablar desde sus casas. Yo vivo de mis consultas y me preocupa mucho que esto se extienda más allá porque veo mis ingresos muy reducidos. Con mis ahorros solo tengo para dos meses de comida”.
Fuente El País