Una bala perdida mató a un niño en su casa, a un joven lo asesinó un ladrón forzándolo a ‘jugar’ a la ruleta rusa… Caracas ha registrado más de 5.180 homicidios en el año más violento que se recuerda.
Desde muy temprano por la mañana la morgue de Bello Monte, en Caracas, comienza a recibir a los familiares de las personas que han muerto en hechos violentos. Accidentes de tránsito, sí, pero sobre todo asesinatos. La rutina diaria en la capital venezolana.
Alejandro Mantilla, un joven de 25 años, murió de un disparo en la cabeza. Días atrás fue víctima de un robo. Lo despojaron de su coche. En él estaban las llaves de su casa. La madrugada del 30 de diciembre, cinco personas entraron en la vivienda de Mantilla. Robaron lo que pudieron, destrozaron algunas cosas. A la madre, tía y abuela las retuvieron en una de las habitaciones. Alejandro y un amigo fueron llevados al baño. Ambos fueron amarrados. Su verdugo decidió jugar a la ruleta rusa con ellos. Gatillo. Disparo. Y allí estaba la bala que perforó el cráneo de Alejandro.
Algunos dirían que el azar; sus allegados, en cambio, señalan a la delincuencia desatada. “No hay justicia”, se escucha decir a uno de los compañeros que asiste a la familia en los trámites para retirar el cadáver. “Aquí da miedo salir para la calle”. Ni en casa se está seguro.
Caracas es una ciudad peligrosa, el reflejo de un país violento. Las cifras de 2015 así lo demuestran. El año finaliza con una tasa histórica de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en su informe publicado el 28 de diciembre, en el cual precisan que durante el año se registraron 27.875 muertes violentas. Esto se traduce en aproximadamente 76 muertos cada día, unos 3 asesinatos cada hora.
El OVV es una organización conformada por investigadores de siete universidades del país, que le ha seguido el pulso a la criminalidad en Venezuela y se ha convertido en referencia sobre las estimaciones anuales de homicidios, sobre todo tras la restricción de información oficial sobre el tema, que comenzó desde 2004.
Cuando la “revolución bolivariana” llegó al poder, en diciembre de 1998, Venezuela tenía una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, con una cifra de 4.550 muertes violentas al año. Poco a poco los números han ido aumentando. En el año 2000 ya superaba los 8.000 homicidios, en 2002 los 9.600 y registró un gran brinco en 2003.
Ese fue el último año en el que hubo acceso libre a estadísticas sobre criminalidad, como recuerda el Observatorio en el informe de ese período. En 2003 se registraron 11.342 homicidios en todo el país (44 por cada 100.000); en los dos años siguientes las estadísticas bajaron pero a partir de 2006, cuando se superó la barrera de 12.200 asesinatos, no ha bajado más.
En 2013, diez años después de la censura de la información, la cifra se había elevado a 24.763 muertes violentas (79 por cada 100.000 habitantes) y en 2014 se incrementó levemente a 24.980 fallecidos (la tasa de homicidios subió a 82 por cada 100 mil habitantes).
Pero la violencia en 2015 no tiene precedentes.
“Esta tasa pudiera colocar a Venezuela como el país más violento de América, luego de conocer las cifras de Honduras y El Salvador, pues Honduras, que el año pasado se encontraba en ese primer lugar, ha tenido un descenso importante en el número de homicidios; pero El Salvador ha sufrido un incremento importante, que lo pudiera colocar con una tasa igual o superior a la de Venezuela”, indica el documento.
Solo en el Área Metropolitana de Caracas se habían registrado unas 5.180 muertes violentas hasta el último domingo del año (27 de diciembre), cifra que ya superaba el total de homicidios ocurridos en la capital venezolana en 2014, cuando se contabilizaron 5.058. Esto según registros llevados por los periodistas que cubren la fuente de sucesos y acuden a diario a la medicatura forense de Bello Monte, la principal de la capital, en donde aún se pueden obtener cifras extraoficiales y se confirman los fallecimientos con las personas que acuden a retirar el cuerpo de su familiar.
“La violencia se ha incrementado en el país por ausencia y exceso de Estado. Por ausencia de la protección de las personas y del castigo de los delincuentes; en exceso por el incremento de controles y regulaciones que han llevado al incremento de los abusos de los encargados de su aplicación y al surgimiento de mercados y conductas paralegales o ilegales”, han indicado los especialistas en el informe anual.
Policías asesinados
En Venezuela los encargados de la seguridad ciudadana se han convertido en un blanco apetecible y nada temido por los delincuentes. Al menos 145 funcionarios policiales han sido asesinados en Caracas en 2015, un promedio de 12 cada mes. La cifra, contabilizada por la Policía del estado Miranda (de la región capital), incluye a integrantes de las Fuerzas Armadas y policías. 2014 culminó con poco más de 130 uniformados asesinados en la capital del país.
Los hechos más recientes ocurrieron en vísperas de Navidad. Entre el 23 y 26 de diciembre mataron a cinco y tres de ellos murieron en hechos ocurridos el 24 de diciembre: dos policías fallecieron al ser acribillados por delincuentes que dispararon contra la sede de la Policía Nacional Bolivariana ubicada en San Agustín del Sur, una de las zonas populares de la capital, y otro fue asesinado en su casa por unos hombres que llegaron a robar. A ellos se suma un funcionario asesinado tras ser robado cuando llegaba a su casa y un teniente del Ejército venezolano que fue secuestrado junto a un familiar y posteriormente lo hallaron muerto con impactos de bala.
Sobre estos casos el Gobierno venezolano pocas veces se pronuncia, por lo que tampoco se publican datos oficiales al respecto. Hasta el 1 de octubre pasado, la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) llevaba la cuenta de 250 policías asesinados en el país y más recientemente, la Fundación de Ayuda al Policía (Fundapol), ha informado que 2015 ha terminado con 600 uniformados de baja, entre funcionarios de todos los cuerpos de seguridad, tanto civiles como militares.
Para los delincuentes es más importante matar al funcionario que quitarle el arma y dejarlo vivo, porque esa muerte les da estatus.
A la mayoría los matan de varios tiros, para robarles el armamento y la moto. Sin embargo, los motivos van más allá. Rafael Graterol, jefe del Centro de Coordinación Policial nº 7 de la Policía del estado Miranda, con jurisdicción en cuatro de las cinco municipalidades del Área Metropolitana de Caracas, ha explicado que para los delincuentes ahora es más importante matar al funcionario que quitarle el arma y dejarlo vivo, porque esa muerte “les da estatus”.
Pero este año se sumó otra modalidad de ataque a uniformados y es el lanzamiento de granadas. Este armamento de guerra comenzó a ser empleado por los delincuentes con mayor frecuencia desde el primer trimestre de 2015 y ya en abril se habían registrado 18 ataques con granadas, la mayoría contra sedes policiales o comisiones desplegadas en la vía pública, pero también en enfrentamientos entre bandas y uniformados.
El uso de estos explosivos en 2015 ha sido desproporcionado, a juicio de Graterol, quien ha recordado el empleo de granadas en años anteriores pero de manera aislada. Además los delincuentes están equipados con otras armas de guerra como las subametralladoras HK, fusiles AK-103, AK-47 y AR-15, que desde hace tres años, aproximadamente, están siendo empleadas por bandas criminales. En 2012 comenzaron las denuncias sobre robos masivos y secuestros con el uso de armas largas, ha informado el abogado criminalista Fermín Mármol García.
Se han reportado al menos 40 ataques con granadas en un año. El domingo 27 de diciembre un puesto itinerante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado en la plaza La Concordia, en el sector Santa Rosalía del centro de Caracas, fue atacado con uno de estos explosivos cerca de las 23:00 horas.
Dos personas fallecieron tras el suceso, un sargento de la GNB y una bebé de 8 meses. Ocho más resultaron heridos. Según las investigaciones policiales el artefacto pudo ser lanzado desde lo alto de un edificio.
Impunidad del 90%
Los índices de violencia y el uso de armamento de guerra por bandas criminales responden a dos hechos, según investigadores del área: la corrupción y la impunidad.
En Venezuela, organizaciones no gubernamentales como el Observatorio del Delito Organizado y Paz Activa, así como criminólogos, han determinado que la impunidad en el país supera el 90%. Es decir, de cada 100 delitos no se castigan más de 10, aunque Mármol García estima que de esos 100 no se castigan más de cinco o seis.
Esto abona el terreno para la exacerbación de los delitos y de la corrupción, a través de la que los delincuentes han podido obtener armamento que debe estar en manos de funcionarios militares. De hecho, una resolución del año 2011, del Ministerio de Defensa, restringió el uso de escopetas a las policías municipales y regionales, de ahí que los delincuentes estén mejor armados que los policías.
Entre julio y agosto de 2015, el OVV, Paz Activa y el Observatorio del Delito Organizado realizaron una encuesta a 3.500 personas, en 22 estados del país, para conocer la opinión de los venezolanos sobre la criminalidad y delincuencia. De esa consulta obtuvieron que 66% de los venezolanos considera que los policías y los militares son quienes le venden armas al delito organizado.
El 64% aseguró que en su comunidad es fácil o muy fácil conseguir drogas; 58% informó que es fácil o muy fácil conseguir un arma de fuego en el lugar donde vive (el porcentaje aumentó 16% con respecto a 2013), y un dato dramático, a juicio de los investigadores, fue que 50% de los venezolanos indicara que es fácil o muy fácil mandar a matar a alguien en su comunidad, porcentaje que hace dos años alcanzó el 35%.
El 50,5% de los encuestados dijeron haber sido víctimas de robo o hurto en los últimos 12 meses, mientras que 43,5% dijo que alguna de las personas de su núcleo familiar sufrió por lo mismo en el último año. Además, tres de cada cuatro venezolanos (76%), aseguró que la inseguridad había aumentado en el país entre agosto de 2014 y agosto de 2015.
La vida después de un secuestro
A partir de las 19 horas las calles de Caracas van quedando vacías. La gente apresura el paso para llegar a casa y a las 21 horas es difícil ver a alguien caminar por las vías. Avenidas desoladas, a oscuras. Parece la escena de un toque de queda no decretado. Los negocios están cerrados, la gente encerrada en sus hogares. El temor por ser víctima de la delincuencia limita a los caraqueños que tienen a flor de piel el relato de algún crimen padecido en primera persona o con algún familiar o conocido como protagonista.
Rafael Arcia dice que su vida ya no es la misma desde que fue secuestrado. Cuenta que aquella noche un vehículo lo interceptó mientras transitaba en el coche de un amigo en una zona residencial de clase media. Cuatro sujetos con armas largas los bajaron del auto, los vendaron y en una camioneta los trasladaron hacia un lugar que no ha podido determinar con exactitud, pero que está seguro era en un barrio populoso del oeste caraqueño.
El traslado se prolongó durante una hora. Rafael sentía que subían hacia un cerro, de los muchos que componen el cinturón de miseria capitalino. Otro grupo de maleantes los esperaba en una chabola, donde permanecieron por cuatro horas mientras se negociaba el rescate con sus familiares. Al sitio le decían “la nevera”.
Me quitaron la venda de los ojos, pero preferí no verles la cara. Pensé que si los veía, podrían asesinarme.
“Me quitaron la venda de los ojos, pero siempre mantuve mi mirada hacia el suelo. Ellos decían que les podía ver la cara, pero yo preferí evitarlo. Pensé que si los veía podrían asesinarme por temor a que los reconociera después. Pasaban los minutos y me iba poniendo nervioso. No sabía de dónde mi familia iba a sacar el dinero que pedían por mí. Mis captores lo sabían y me decían: ‘hoy como que te vas a morir’”.
Los familiares de Rafael lograron pagar el rescate. Juntaron joyas, dinero en efectivo y algunos dólares con ayuda de los vecinos. Pactaron la entrega vía telefónica y el joven de 29 años fue liberado en un barrio. Nunca hizo la denuncia formal ante la policía. El miedo lo superó. “En Caracas uno siempre tiene que estar alerta, ver para todos lados. Todos los días de mi vida recuerdo cuando fui secuestrado. Esa experiencia me ha dejado un trauma. He dejado de salir, de hacer muchas cosas por miedo. Estos no son juegos”.
Según la organización Control Risk, Venezuela ocupó el 5º lugar entre los países del mundo con mayor incidencia de secuestros para diciembre de 2014. México, India, Nigeria y Pakistán estuvieron en los primeros cuatro puestos de la clasificación, mientras que el Líbano, Filipinas, Afganistán, Colombia e Irak completaron el listado de los primeros 10 países.
El especialista en criminalidad y delincuencia organizada, Marcos Tarre Briceño, ha informado que si bien México supera al país suramericano en el número de secuestros por año, con un promedio de 2.340 frente a 1.000 secuestros anuales en Venezuela, cuando se calculan esas cifras según la cantidad de habitantes Venezuela pasa al primer lugar en Latinoamérica, con una tasa de 3,26 secuestros frente a 1,93 de México, 0,49 de Colombia y 0,15 de Brasil. Mientras México tiene una población de 130 millones de personas, Venezuela apenas supera los 30 millones de habitantes.
Tarre, autor del libro Secuestro extorsivo convencional y secuestro exprés: Delitos latinoamericanos, también ha explicado que los delincuentes venezolanos han aprendido de los colombianos en la ejecución de secuestros, pero recuerda que Colombia ha logrado reducir sus cifras de secuestro, reportando en 2014 apenas 300 si se compara con los 3.500 casos que ocurrían en el año 2000.
Víctimas infantiles
El año 2015 ha finalizado con un mes de diciembre manchado por el asesinato de varios niños. Además de Arantza Pineda, la bebé de ocho meses que falleció como consecuencia de la explosión de una granada el 27 de diciembre, un niño de 3 años murió cuando se produjo un tiroteo en el sector de Sarría, al norte de Caracas, el 21 de diciembre. Juanderling Jesús Mujeres Pacheco recibió un balazo en la cabeza. Estaba con su mamá comiendo un helado en la calle, cuando de pronto comenzó un tiroteo. Unos delincuentes se enfrentaban contra efectivos de la Guardia Nacional.
Cayó muerto en su casa cuando un disparo entró por la ventana mientras veía la televisión y lo impactó en la cabeza. Tenía 7 años.
Ese mismo día pero al otro extremo de la ciudad, en Petare (el barrio más grande de Latinoamérica), Javier Machado Torres, de siete años de edad, cayó muerto en su casa cuando un disparo entró por la ventana mientras veía la televisión y lo impactó en la cabeza. El hecho ocurrió a las 14:00 horas.
La organización Cecodap, defensora de los derechos de la infancia y adolescencia, advirtió el pasado mes de noviembre que en el primer semestre de 2015 habían asesinado a 457 menores de 18 años, un promedio de 76 cada mes.
En 2014 los niños y adolescentes asesinados, según el informe anual que realiza la organización, fueron 912 (la mayoría adolescentes masculinos de entre 13 y 17 años) y en 2013 la cifra recabada fue de 838 homicidios.
Aunque el Gobierno no divulgue las cifras sobre las muertes violentas que ocurren en el país e informe sobre la criminalidad en general, los ciudadanos saben que la inseguridad es una realidad y no una sensación, como la han calificado varios portavoces gubernamentales.
Autor: Pablo López Hurtado y Patricia Marcano Caracas