Los dossieres han vuelto a aparecer vinculados a conflictos económicos, que siempre llevan aparejado un componente político. La guerra por el poder en el BBVA y el asalto de la inmobiliaria Sacyr-Vallehermoso a su presidente, Francisco González (FG), con el beneplácito de algunos sectores gubernamentales próximos al economista Miguel Sebastián, ha desatado esa vieja técnica que tuvo su esplendor en la etapa felipista y bajo la difusión informativa del grupo Prisa…
Por Juan Luis Galiacho
Los dossieres han vuelto a aparecer vinculados a conflictos económicos, que siempre llevan aparejado un componente político. La guerra por el poder en el BBVA y el asalto de la inmobiliaria Sacyr-Vallehermoso a su presidente, Francisco González (FG), con el beneplácito de algunos sectores gubernamentales próximos al economista Miguel Sebastián, ha desatado esa vieja técnica que tuvo su esplendor en la etapa felipista y bajo la difusión informativa del grupo Prisa.
Fue en esos años, finales de los ochenta y comienzos de los noventa, cuando se produjo el boom de los dossieres secretos. Sus principales impulsores fueron el banquero Mario Conde, el financiero catalán Javier de la Rosa, y el propietario de Rumasa, José María Ruiz Mateos, que pusieron de moda esa técnica de espiar al contrario para jugar con ventaja. Se desató un verdadero furor por saber qué hacen los protagonistas de la vida política y económica del país para adelantarse a sus futuros movimientos. Paralelamente, el CESID de la mano de Emilio Alonso Manglano, también se transformó en perro de presa del Gobierno de Felipe González, dedicándose a espiar a los enemigos del poder socialista e, incluso, al Rey Juan Carlos. Según fuentes del sector detectivesco, el entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, se convirtió en «El Rey del dossier», utilizando todos los resortes y cloacas del Estado para estar puntualmente informado de cuanto «se cocía». Y en medio de esas aguas revueltas, comenzaron a moverse con toda tranquilidad ex profesionales de la seguridad y del espionaje, como el hoy famoso Mikel Lejarza, El Lobo, que deciden sacar partido económico a sus oscuros trabajos.
El editor Jesús Polanco ya tiene experiencia en este tipo de investigaciones. En la primavera de 1997, poco meses después de la llegada de José María Aznar al poder, su grupo empresarial fue investigado por determinados inspectores de Hacienda, a los que posteriormente el entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato, «cortó la cabeza». Los inspectores iniciaron su trabajo ante la sospecha de presuntas irregularidades fiscales cometidas por éste y sus sociedades durante la primera mitad de los años 90, coincidiendo con el último mandato del Gobierno socialista de Felipe González.
La fecha del 14 de abril de 1997 será siempre recordada por los hombres de la Agencia Tributaria, ese día, el inspector de finanzas del Estado, José María Sánchez Cortés, completaba el expediente sancionador número 2113. Horas después, el informe tributario del editor Jesús Polanco se elevaba hasta el ministro Rato, quien remitía a su vez una copia al Palacio de la Moncloa, con el fin de recibir órdenes sobre las líneas futuras a seguir en el investigación.
Había que determinar, con celeridad, si los inspectores de Hacienda seguían o no con las indagaciones del llamado «grupo Polanco» (como se denomina en Hacienda al conjunto de más de 200 sociedades del editor Jesús Polanco). El ministro de Economía y sus fieles colaboradores sabían que la investigación sobrepasaba las fronteras españolas y apuntaba a determinados paraísos fiscales. El silencio del entonces presidente Aznar y del vicepresidente Rato fue la respuesta recibida por los funcionarios. Sin embargo, éstos no pudieron evitar que el informe se filtrara a determinados medios de comunicación y fuera en parte publicado. Su difusión llevó consigo una caza de brujas en la Agencia ordenada por Rato y el cese fulminante de determinados inspectores culpables de «alta traición»
Hoy en día, la historia se repite, pero a la inversa. Normalmente, el objetivo último de un dossier es su filtración a la prensa. Una vez finalizado el informe, las agencias de investigación lo entregan a los departamentos de comunicación de las empresas u organismos contratantes, que se encargan directamente de este trabajo y lo filtran directamente a los medios que le son más afines. En otras ocasiones son las propias agencias quienes lo distribuyen a los medios.
Lo que está claro es que todos estos dossieres están bastante bien pagados. Los precios oscilan normalmente entre los 60.000 y los 300.000 euros. El tiempo empleado en su elaboración va desde los tres meses a un año y su extensión oscila entre los 10 a 50 folios. En caso de que alguien necesite disponer de un informe en menos tiempo, los costes se disparan porque es preciso emplear a mucha más gente para realizar la investigación. Normalmente no se hacen preinformes porque pierde credibilidad el dossier final.
Hasta 1996, los dossieres estaban al orden del día. Luego, con la llegada del PP al poder, dejaron de elaborarse. Sólo el dueño de la agencia de valores Gescartera, Antonio Camacho, continuó con esta singular labor. Camacho llegó a disponer de una agencia de detectives que se dedicaba en exclusiva a investigar para él. Todas las noches se acostaba con un voluminoso dossier sobre determinados personajes públicos y sobre lo que movía el ámbito económico donde desarrollaba su labor.
La cultura del pelotazo quedo atrás, pero la aparición de nuevo en escena de determinados personajes de que aquella época (Rubalcaba, Vera, Pérez Escolar…) ha encendido la guerra de dossieres y ha destapado el poder de quien controla la información. Se trata de conocer, de la manera más completa, todas las actividades ilícitas del contrincante para acabar con él y evitar cualquier competencia en el frente. Renacen otra vez los dossieres que llevan aparejados, en múltiples ocasiones, los chantajes. Desgraciadamente vuelve la cultura del pelotazo.