Zara negociaría con los proveedores pero no se responsabiliza de las condiciones de trabajo.
En agosto pasado cuatro grandes redes minoristas de ropa fueron descubiertas utilizando talleres de confección con trabajo esclavo: Marisa, Pernambucanas, Collins y se completa el grupo con la transnacional española Zara.
Con una facturación mundial de 12.500 millones de euros anuales, el gigante de la moda española Inditex (Arteixo, La Coruña) propietario de la cadena de tiendas Zara, tiene 30 locales en Brasil y emplea en ellos, 7.000 personas. Todos los locales limpios, bien diseñados, impecables, seductores.
Como contracara de esa imagen impoluta existen esos tugurios infames donde se producen las prendas de Zara. Talleres en los que se explota a inmigrantes indocumentadas bolivianas o peruanas. Mujeres con niños pequeños cosen durante 16 horas inclinadas sobre sus máquinas. Sobreviven encerradas en cuchitriles pestilentes y con capataces que no las autorizan a salir a la calle. Las inspecciones encontraron fuertes indicios de tráfico de personas e incluso comprobaron explotación infantil.
El lucro de Zara proviene en gran parte de la miseria del costo en la confección de sus prendas. En dichos talleres la remuneración no pasa de R$ 2 (poco más de 1 dólar) por pieza producida. Después de los tramposos descuentos las trabajadoras no llegaban a recibir ni siquiera al salario mínimo (R$ 545) y menos aún el mínimo de los convenios de las empresas con los sindicatos del sector (R$ 676).
Según Zara en Brasil tienen 46 abastecedores directos y 313 talleres subcontratados. Lo que totaliza más de 11.000 empleados en esa cadena de explotación esclavista.
El miércoles 30 de noviembre Zara tenía una reunión con el Ministerio Público del Trabajo para definir los términos de un ajuste de conducta que impidiera que la empresa continuase subcontratando y "tercerizando" (subcontratando) sus confecciones de la forma delictiva que acostumbra.
Zara se niega a ajustarse a las leyes de Brasil
Para sorpresa de los delegados del Ministerio Público del Trabajo (MPT), la transnacional española se negó a firmar el texto que la obligaba al compromiso de una gestión de acuerdo con las leyes del país.
La empresa no aceptó los Términos de Ajuste de Conducta (TAC) que proponía el MPT, el cual exigía que Zara se hiciera responsable de toda la cadena productiva de proveedores, el fin de la subcontratación de funcionarios y la multa de R$ 20 millones por daños morales colectivos. Los representantes de la empresa hicieron una contrapropuesta.
Zara propone negociar con los proveedores que no cumplan las disposiciones legales para que corrijan su funcionamiento, pero no acepta que se resposabilice directamente a la empresa de las irregularidades cometidas por «aquellos». Que en realidad son ellos mismos.
Para el procurador del MPT Luiz Fabre, los puntos de la contrapropuesta son irreconciliables con el objetivo del Ministerio de acabar con el trabajo esclavo. «Zara sugiere cláusulas que la eximen de responsabilidad de lo que ocurre con los proveedores y establece un plazo limitado para el acuerdo que, como es obvio, debe tener un plazo indeterminado».
El régimen esclavista de trabajo de los abastecedores directos y los talleres contratados no es una sorpresa para Zara, siempre lo supo y el sistema se estructuró para que la empresa pudiera obtener mayores lucros.
Lo que pretende la transnacional es que esas formas empresariales de explotación del trabajo que se ejecutan desde hace años en todo el mundo se acepten legalmente en Brasil. Ellos sólo admiten ajustarse a la impunidad del desregulado mercado actual de trabajo mundial.