¿Lucha Zapatero contra los paraísos fiscales? Si, pero no… Es decir, NO
El Grupo Socialista presentó el pasado 26 de mayo una proposición no de ley en el Congreso en la que solicita un endurecimiento de la normativa que afecta a los paraísos fiscales. Pero, al mismo tiempo, el gobierno de Rodríguez Zapatero está tramitando un Decreto Ley que exime de cualquier obligación de información a las compras de deuda pública desde paraísos fiscales, lo cual les permite ser totalmente opacos impunemente.
La proposición, que fue aprobada con enmiendas de CiU y BNG, insta al Gobierno a «promover todas las medidas necesarias para eliminar la impunidad de los paraísos fiscales, con el fin de luchar contra el fraude fiscal, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo«. Dentro de esas medidas, se detallan «la introducción de desincentivos fiscales para todo movimiento de fondos que tengan como origen o destino un paraíso fiscal», la «supresión del secreto bancario y establecimiento de un mecanismo de vigilancia y sanciones efectivo para protegernos de los riesgos que plantean las jurisdicciones no cooperativas» o «requerir el intercambio automático de información fiscal en paraísos fiscales y promover la armonización de regulación y estándares contra el blanqueo de dinero».
Todas estas «intenciones» se inspiran en la declaración de la Cumbre del G-20, donde se acordó la publicación por la OCDE de una lista unificada de paraísos fiscales. Y el gobierno de Zapatero, para quedar bien, se ha sumado a esta iniciativa… pero solo sobre el papel.
La realidad va por otro lado. El año pasado aprobó un Decreto que permite a los residentes en paraísos fiscales adquirir deuda pública española sin retención fiscal; es decir, las compras de bonos del Estado desde estos países están completamente libres de impuestos desde entonces. Pero, por si fuera poco, ha elaborado otro Real Decreto que va más allá y suprime la obligación de declarar la identidad de los compradores de deuda, así como su país de origen y el importe de las rentabilidades obtenidas. De esta forma, la adquisición de bonos del Estado desde paraísos no sólo estará libre de impuestos, sino que será totalmente opaca para Hacienda. Este decreto consagra la opacidad y la impunidad de los paraísos fiscales.
El desorbitado déficit público –que según Funcas, llegará al 11,5% del PIB en 2010– ha hecho que en lo que va de año se hayan emitido casi 100.000 millones de euros en deuda pública para financiar El Tesoro, y este gobierno quiere dar todas las facilidades posibles a los inversores, aunque su procedencia sea inmoral.
¿Zapatero lucha contra los paraísos fiscales? No, pero si, aunque no…. Es decir, NO.