11.000 NIÑOS COMBATEN en COLOMBIA.

1448

Son cifras dadas por el informe “Aprenderás a no llorar” realizado por Human Right Watch . Tan sólo Birmania y República Democrática del Congo, documentan cifras mayores de niños-soldados en el mundo. Tanto la guerrilla como los paramilitares utilizan a los niños combatientes. Han cometido, obligados, todo tipo de atrocidades y han ejecutado a otros niños como ellos por intentar desertar. El 80% de los niños alistados pertenecen a los grupos guerrilleros de “izquierda” ( la FARC o el ELN) aunque de esto no dirá nada nuestra izquierda, tan crítica con la guerra de Irak.
ESCLAVITUD INFANTIL

11.000 NIÑOS COMBATEN en COLOMBIA.

Son cifras dadas por el informe “Aprenderás a no llorar” realizado por Human Right Watch . Tan sólo Birmania y República Democrática del Congo, documentan cifras mayores de niños-soldados en el mundo.

Tanto la guerrilla como los paramilitares utilizan a los niños combatientes. Han cometido, obligados, todo tipo de atrocidades y han ejecutado a otros niños como ellos por intentar desertar. El 80% de los niños alistados pertenecen a los grupos guerrilleros de “izquierda” ( la FARC o el ELN) aunque de esto no dirá nada nuestra izquierda, tan crítica con la guerra de Irak.

Si esto no puede considerarse un CRIMEN de GUERRA, o un crimen de lesa humanidad, no podemos entender nada de la justicia de este mundo.

Además se cree que en Colombia hay más de 100.000 minas antipersona, con apariencia de juguete, y de fabricación artesanal. el 40% de las víctimas civiles de estas minas, son niños.


Resumen del informe “Aprenderas a no llorar” de Human Rights Watch

APRENDERÁS A NO LLORAR

Niños combatientes en Colombia

(New York: Human Rights Watch, septiembre de 2003)


RESUMEN

Un día me escapé durante el día. Había dejado todas mis armas atrás. Estaba haciendo centinela y me huí. Me cogieron después de una hora. Los milicianos me reconocieron, incluso con la ropa de civil que me había puesto. Lloré cuando me cogieron. Les rogué que me dejaran ir. Me amarraron con una cadena de metal. No podía mover mis brazos. No me dejaron hablar en el consejo de guerra. Afortunadamente votaron por no matarme. En cambio me hicieron cavar veinte metros de trinchera, me mandaron veinte veces por la leña, y me amarraron a un palo por dos semanas. Me tocó hablar al frente de todos explicándoles por qué había tratado de desertar, por qué había hecho ese error.

Adriana, la niña guerrillera reacia a contarnos esta historia, tuvo suerte. El consejo de guerra de la guerrilla decidió no ordenar su ejecución. Los paramilitares que la capturaron después en combate la dejaron con vida y la entregaron al ejército colombiano. Adriana obtuvo una plaza en un programa oficial de rehabilitación.

Sin embargo, aparte de la buena fortuna, la historia de Adriana es típica. Su madre y sus hermanos se ganaban la vida cultivando plátano y yuca, y caían frecuentemente enfermos. Adriana abandonó la escuela en primer grado para trabajar en el campo. Sus padres se peleaban constantemente. Su madre le pegaba con frecuencia. Su abuela, que era amiga de la guerrilla, la convenció para que se uniera a sus filas. Adriana tenía 12 años.

Todas las fuerzas irregulares del conflicto armado que lleva décadas asolando Colombia — guerrilleros de izquierdas y paramilitares de derechas — reclutan a niños de la edad de Adriana, e incluso menores que ella. Las Convenciones de Ginebra de 1949 y la Convención sobre los derechos del Niño establecen que es prohibido usar los niños menores de 15 años en guerra. El Protocolo facultativo de la Convención, subió el límite a los menores de 18 años. Prohibe el reclutamiento de los niños menores de 18 años y establece que «los grupos armados distintas de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años». (De acuerdo con las normas internacionales, la palabra «niño en este informe se refiere a las personas menores de 18 años.)

Al menos uno de cada cuatro combatientes irregulares de la guerra civil colombiana es menor de 18 años. Estos niños, la mayoría de los cuales proceden de familias pobres, combaten una guerra de adultos. Con frecuencia, los niños combatientes sólo entienden mínimamente la finalidad del conflicto. Luchan contra otros niños con orígenes muy similares a los suyos y con una situación económica y un futuro igualmente gris. Estos niños, que tienen tanto en común en la vida civil, se convierten en los enemigos de guerra más implacables.

Desde el principio se entrena a los niños reclutados tanto por la guerrilla como por los paramilitares a no tener piedad con los combatientes o simpatizantes del otro bando. Los adultos ordenan a los niños que maten, mutilen o torturen, preparándolos para cometer los abusos más crueles. Los niños no sólo se enfrentan al mismo tratamiento si caen en manos del enemigo, sino que también temen a sus compañeros. Los niños que incumplen sus deberes militares o intentan desertar se exponen a una ejecución sumaria por compañeros a veces menores que ellos.

Los jóvenes reclutas están entrenados en el uso de modernos rifles de asalto desde los 11 años y marchan durante días con muy pocos alimentos, picados por los insectos y azotados por las tormentas. Muchos mueren o resultan heridos en los combates con tropas gubernamentales apoyados por helicópteros y artillería pesada.

El reclutamiento de niños por parte de la guerrilla y las fuerzas paramilitares ha aumentado significativamente en los últimos años. Ninguna de las partes ha hecho un esfuerzo serio por detener esta práctica. En ocasiones, tanto la guerrilla como los paramilitares han ofrecido la desmovilización de niños para obtener condiciones favorables en las negociaciones con el gobierno. No sólo se trata de un intento flagrante de negociar una ventaja política con cuestiones innegociables, sino que ninguna de estas promesas se ha cumplido hasta ahora. Cada una de las fuerzas irregulares en conflicto continúa violando claramente sus propios reglamentos sobre la edad mínima para el reclutamiento. Es más, el Estado no ha protegido a los niños mediante la aplicación de la legislación colombiana, que prohíbe el reclutamiento de menores de 18 años, y las autoridades judiciales no han procesado penalmente a los responsables de esta aborrecible práctica.

En mayo y junio de 2002, Human Rights Watch realizó, para este informe, entrevistas separadas y privadas con 112 niños ex combatientes, entre ellos 79 ex miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), 20 ex miembros de la Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN) y 13 ex miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los entrevistamos en albergues oficiales para niños ex combatientes, en una escuela gestionada por el Programa de Reinserción del Ministerio del Interior y en una escuela administrada por una institución privada.

No detectamos nada extraño al principio cuando hablábamos con estos niños ex combatientes semanas después de que los hubieran capturado o hubieran desertado. Por el contrario, nos encontramos frente a los rostros de niños pobres colombianos aparentemente normales. Una niña acariciaba una muñeca mientras hablaba. A algunos niños todavía no les había cambiado la voz. Los muchachos algo mayores llevaban cortes de pelo de moda, aretes plateados, tatuajes y pulseras de hilo. Varios de ellos se mostraron asertivos y bravos. Otros estaban impasibles. Mientras los niños entrevistados contaban historias de horror y destrucción, los gritos de otros que jugaban en las cercanías parecían dolorosamente normales.

Este libro ofrece el primer informe general sobre los niños combatientes en Colombia, y se ocupa de su reclutamiento, su entrenamiento, su vida en las filas, su papel en el combate y el tratamiento que reciben cuando desertan o son capturados o rescatados. Sus conclusiones son urgentes e inequívocas: todas las partes en conflicto en Colombia tienen que poner fin al reclutamiento de niños, desmovilizarlos de las tropas y las fuerzas milicianas bajo su control y, por su bienestar y seguridad, entregarlos al organismo nacional o la organización internacional humanitaria adecuados.

No hay datos precisos sobre el número de niños combatientes en Colombia. Human Rights Watch hizo un cálculo cotejando la información facilitada por los niños con las cifras recogidas en los estudios fiables. Estas fuentes respaldan la conclusión de que el número de niños en los ejércitos ilegales de Colombia ha crecido notablemente en los últimos años, como reflejo de las políticas y las campañas de reclutamiento comunes entre todas las fuerzas irregulares. En nuestra opinión, la cifra total de niños combatientes en Colombia supera probablemente los 11.000, siendo éste un cálculo conservador que puede subestimar significativamente la cantidad real.

Debido en parte a que se trata del grupo más numeroso, la mayoría de los niños combatientes forman parte de las FARC-EP. La UC-ELN y los paramilitares también reclutan niños a una escala importante. Los niños nos dieron información específica y detallada sobre la gran cantidad de menores de edad en las filas de estos tres grupos. Algunos nos dijeron que las unidades en las que servían estaban integradas mayoritariamente por niños combatientes.

Los niños son un grupo especialmente vulnerables en la guerra triangular entre la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas de seguridad gubernamentales. Sus vidas y su bienestar corren peligro aunque no se unan a un grupo armado. La mayoría de las familias colombianas forzosamente desplazadas por la guerra están compuestas por niños y sus madres, que se cuentan por cientos de miles. Los niños se enfrentan a las represalias, la destrucción de sus hogares y el secuestro. En las ciudades de Colombia, las balas perdidas de las guerras callejeras entre guerrilleros y paramilitares y las operaciones militares de limpieza se cobran las vidas de docenas de niños, incluso cuando permanecen dentro de sus casas.

Sin embargo, la terrible situación de los niños combatientes de Colombia es dramática aún dentro de este contexto sombrío. Muchos deciden unirse a un grupo armado porque se sienten más seguros bajo su protección. La mayoría tienen un concepto muy vago de lo que conlleva la vida de combatiente hasta que es demasiado tarde para echarse atrás. A cambio de camaradería, alimentos y protección, los niños se ven expuestos a las enfermedades, el agotamiento físico, las lesiones, la muerte repentina y la tortura en manos del enemigo. Muchos no conservan ni el más mínimo contacto con sus familias.

Human Rights Watch ha entrevistado a niños que tenían hasta ocho años cuando empezaron a combatir. Tenían tareas especiales tales como transportar suministros y facilitar información, actuar como vigías de avanzada o incluso llevar explosivos.

Al cumplir los 13 años, la mayoría de los niños reclutas han sido entrenados en el uso de armas automáticas, granadas, morteros y explosivos. En las fuerzas guerrilleras, los niños aprenden a ensamblar y lanzar bombas de cilindros de gas. Tanto con la guerrilla como con los paramilitares, los niños estudian el ensamblaje de minas quiebrapatas y aplican sus conocimientos sembrando campos mortales. Es habitual que su primera experiencia de combate se produzca poco después.

Los niños no solo arriesgan su vida en el combate. También se espera de ellos que participen en las atrocidades que se han convertido en el sello distintivo del conflicto colombiano. Human Rights Watch entrevistó a niños que, durante su formación, tuvieron que ver como torturaban prisioneros. A otros les obligaron a dispararles para demostrar su valor. Algunos participaron en asesinatos de figuras políticas y en la «limpieza social» de drogadictos y ladrones de poca monta. Aún hubo casos en los que les ordenaron que ejecutaran a compañeros-incluso amigos-capturados cuando intentaban escapar.

El reclutamiento de niños por parte de los grupos armados ilegales ha estado en segundo plano en el debate sobre la política estadounidense en Colombia. La atención se ha centrado con más intensidad en la tolerancia de las fuerzas armadas colombianas de otras graves violaciones o su complicidad en ellas. Éstas incluyen el apoyo o tolerancia de algunas unidades del ejército de graves abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas paramilitares, entre ellos masacres, asesinatos políticos, «desapariciones», secuestros, torturas y otras formas de maltrato. De hecho, los niños ex combatientes paramilitares entrevistados por Human Rights Watch sugieren que el personal militar colombiano continúa colaborando en su entrenamiento, están en estrecho y permanente contacto con sus comandantes y, en ciertos casos, combaten junto a ellos. Esto ocurre a pesar de las leyes estadounidenses que requieren, como condición para la entrega de ayuda militar, que Colombia rompa los lazos entre las unidades militares y los grupos paramilitares y suspenda y enjuicie a los oficiales que actúen en connivencia con ellos.

En 2003, Colombia recibirá más de 750 millones de dólares en ayuda de Estados Unidos, la mayoría de la cual está destinada a la asistencia militar y policial. Teniendo en cuenta la relación continuada de las unidades del ejército colombiano con los grupos paramilitares y sus graves violaciones de los derechos humanos, que incluyen el reclutamiento de niños, Estados Unidos debe aplicar más enérgicamente las condiciones de la asistencia militar.

Niños combatientes de las FARC-EP

Las FARC-EP no muestran indulgencia con los niños por su edad y les asignan las mismas tareas que a los adultos. Los que incumplen reglas menores de disciplina tienen que cavar trincheras o letrinas, despejar el bosque, cortar y llevar leña o hacer labores de cocina. Si pierden el arma, pueden ser obligados a entrar en combate sin ella hasta que puedan recuperar otra del enemigo. Las violaciones graves se tratan en consejo de guerra, en el que se presentan los cargos y la defensa y se puede dictar una sentencia a muerte por alzamiento de manos.

Se suele disparar contra los niños que desertan, especialmente si se llevan su arma. Los sospechosos de informar al enemigo, los infiltrados, o los que se quedan dormidos durante la guardia corren la misma suerte. El comandante elige al azar a un grupo encargado de ejecutar la sentencia. El niño, con las manos atadas con una cuerda de nylon, es llevado fuera del perímetro del campamento donde tiene que esperar a que caven su tumba.

Varios niños dijeron a Human Rights Watch que les habían ordenado que llevaran a cabo la ejecución de otro menor. Algunos dijeron que los habían seleccionado deliberadamente porque la víctima era su amigo o amiga. Es posible que después de la ejecución, normalmente por disparo de revólver, se destripe el cuerpo antes de enterrarlo. Rara vez se notifica a la familia del niño ejecutado.

También se apela a los niños para la ejecución de enemigos capturados. Varios niños ex combatientes de las FARC-EP describieron en detalle a Human Rights Watch cómo los guerrilleros torturaban a los paramilitares capturados clavándole agujas bajo las uñas, cortándoles dedos y brazos y haciéndoles cortes en la cara. Varios niños nos dijeron que sus comandantes les obligaron a presenciar estos horripilantes espectáculos.

Los reglamentos internos de las FARC-EP estipulan los 15 años como edad mínima para el reclutamiento, en consonancia con las normas del derecho internacional humanitario. Sin embargo, la guerrilla nunca ha respetado este requisito, a pesar de sus reiteradas promesas en este sentido. Más de dos tercios de los ex combatientes de las FARC-EP entrevistados por Human Rights Watch se unieron al grupo cuando tenían 14 o menos años, y la mayoría de ellos fueron reclutados después de la promulgación de estos reglamentos en 1999.

Niños combatientes de la UC-ELN

Al igual que las FARC-EP, la menos numerosa UC-ELN asigna a los niños las mismas tareas que a los guerrilleros adultos, lo que incluye el combate. Los niños que entrevistamos nos dijeron que el grupo captura y ejecuta con frecuencia a presuntos paramilitares e informantes, y lleva a cabo secuestros por dinero. Sus milicias urbanas imponen la «justicia callejera» en los barrios que controlan, expulsando o ejecutando a delincuentes menores y pequeños traficantes, y recaudan «impuestos» a los establecimientos de comercio.

Las reglas de la UC-ELN permiten que los menores de 15 años participen en «actividades revolucionarias», pero no en las hostilidades. En 1996, la UC-ELN aumentó la edad oficial de reclutamiento en su fuerza militar a los 16 años. Sin embargo, más de la mitad de los ex miembros de la UC-ELN entrevistados por Human Rights Watch se unieron al grupo cuando tenían 14 o menos años.

La UC-ELN ha entablado discusiones con organismos gubernamentales sobre asuntos relacionados con el derecho internacional humanitario, entre ellos la desmovilización de los niños, pero ha condicionado su implementación al inicio de negociaciones con el gobierno. Las negociaciones se han estancado y la UC-ELN mantiene en sus filas a cientos de niños combatientes.

Niños combatientes de las fuerzas paramilitares

Durante años, los paramilitares, agrupados en las AUC, han cometido masacres y atrocidades contra civiles en sus esfuerzos por expulsar a la guerrilla de los territorios en disputa. Varios de los niños ex reclutas paramilitares entrevistados por Human Rights Watch para este informe nos dijeron cómo les obligaron a mutilar y matar a guerrilleros capturados en la primera fase de su entrenamiento. Otros contaron cómo vieron arrojar ácido a la cara de los prisioneros o cómo mutilaban a algunos con sierras eléctricas.

La mayoría de los niños entrevistados por Human Rights Watch que habían combatido con los paramilitares había participado en combates contra el ejército y la policía. Cabe destacar, no obstante, que muchos de ellos describieron en detalle operaciones contraguerrilleras en las que los paramilitares habían colaborado estrechamente con las unidades militares, lo que vuelve a confirmar la información de que algunas unidades del ejército continúan dando apoyo a las operaciones paramilitares.

A diferencia de las FARC-EP o la UC-ELN, los paramilitares pagan regularmente a sus reclutas un salario, financiado con los ingresos del narcotráfico, la extorsión y las contribuciones. Aunque se han denunciado casos de reclutamiento forzado, el dinero parece haber sido el factor decisivo para ganar nuevos militantes. Si los niños intentan desertar, una vez admitidos en sus filas, corren el riesgo de ser capturados y ejecutados por sus comandantes por infiltrados o informantes.

Las AUC son el único grupo armado irregular de Colombia que ha establecido la edad mínima de reclutamiento en 18 años. No obstante, la regla no se aplica y, al igual que los grupos guerrilleros, las AUC reclutan a menores de 15 años. De hecho, dos tercios de los ex miembros de las AUC entrevistados por Human Rights Watch tenían 14 o menos años cuando se unieron al grupo. Los dos más jóvenes dijeron que se habían alistado cuando tenían siete y ocho años.

Niñas combatientes

Las unidades de la guerrilla tienen entre una cuarta parte y la mitad de mujeres, algunas de ellas de hasta ocho años de edad. Las fuerzas paramilitares tienen comparativamente pocas mujeres combatientes y muy pocas niñas.

Las niñas se alistan a veces para escapar del abuso sexual en sus hogares; en otros aspectos, las razones para alistarse son similares a las de los niños. Muchas de ellas dijeron a Human Rights Watch que en la guerrilla tenían más o menos los mismos deberes y posibilidades de ascenso que los varones.

Sin embargo, las niñas guerrilleras se enfrentan a presiones relacionadas con su condición de mujeres. Aunque no se toleran la violación ni el acoso sexual abierto, muchos comandantes varones utilizan su poder para mantener vínculos sexuales con muchachas menores de edad. Las niñas de hasta 12 años de edad tienen que utilizar anticonceptivo y abortar si se quedan embarazadas.

Métodos de reclutamiento

La gran mayoría de los niños reclutados en las fuerzas irregulares se alistan por propia voluntad. Sin embargo, el reclutamiento forzoso se produce en algunas partes de Colombia. Human Rights Watch entrevistó a 13 ex combatientes, todos los cuales habían pertenecido a las FARC-EP o a la UC-ELN, que contaron cómo les habían obligado a alistarse en contra de su voluntad; eran algo más del 10 por ciento de los niños que entrevistamos. Otros dos niños dijeron que les habían presionado para que se unieran a un grupo guerrillero. Incluso la decisión voluntaria de unirse a las fuerzas irregulares es más una consecuencia de la terrible falta de oportunidades para los niños de los sectores más pobres de la sociedad rural que un verdadero ejercicio de libre elección.

Las fuerzas irregulares explotan la vulnerabilidad de los niños. Organizan campañas de reclutamiento en las que se presenta el atractivo de la vida del guerrero y se tienta a los niños con promesas de dinero y un futuro más prometedor. Algunas familias envían a sus hijos a combatir porque no pueden mantenerlos y saben que la participación de un grupo armado les garantiza una comida decente, ropa y protección. Muchos niños se alistan para huir de la violencia familiar y el abuso físico o sexual, o para encontrar el afecto que no les dan sus familias. Otros ansían el poder que da un arma y un teléfono celular. La vida en el campamento es una promesa de aventura, camaradería y una oportunidad para demostrar su valía.

La realidad de la vida de un combatiente es profundamente aterradora pero, una vez incorporado a filas, no puede salir voluntariamente. Por el contrario, sabe que el precio de intentar desertar puede ser su vida.

Normas legales

El derecho internacional humanitario aplicable a las guerras civiles prohíbe a los combatientes reclutar a niños menores de 15 años o permitirles que participen en las hostilidades. Muchos de las acciones en las que se ordena participar a los niños — ejecuciones sumarias, tortura, asesinatos y otros ataques contra civiles, secuestros y el empleo de armamento indiscriminado que provoca evitables bajas civiles — también constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario.

La CDN, ratificada por todos los Estados miembros de la ONU excepto Estados Unidos y Somalia, también establece la edad mínima para el reclutamiento militar en los 15 años. Para todos los demás aspectos, la CDN define a un niño como toda persona menor de 18 años. El Protocolo facultativo de la Convención, que entró en vigor en febrero de 2002, corrigió esta anomalía prohibiendo el reclutamiento militar obligatorio de menores de 18 años. También dispone que «los grupos armados distintas de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años».

Cuando ratificó la CDN en 1991, Colombia propuso fijar en 18 años, en lugar de 15, la edad mínima para el reclutamiento militar. Al eliminar incluso el servicio voluntario para los menores de 18 años, Colombia cumple ahora los requisitos del Protocolo facultativo, que ha firmado pero no ratificado todavía.

La legislación colombiana prohíbe el reclutamiento de menores de 18 años para el servicio militar desde diciembre de 1999. Ese mismo mes, el ejército colombiano desmovilizó a más de 800 menores de 18 años de las fuerzas gubernamentales. Un reglamento de la Policía Nacional adoptado en enero de 2000 prohibió la incorporación de niños. De acuerdo con la ley, los funcionarios civiles u oficiales militares que incumplan la prohibición de reclutar a menores de 18 años son culpables de mala conducta y pueden ser suspendidos. En virtud del artículo 162 del nuevo Código Penal de Colombia, promulgado en 2000, todo aquel que reclute a menores de 18 años o los obligue a participar directa o indirectamente en el conflicto armado incurrirá en prisión de seis a diez años.

Human Rights Watch no ha recibido información creíble desde entonces de que haya niños sirviendo en las fuerzas armadas o la policía. No obstante, han habido algunas denuncias que unidades de la Policía o del ejército han utilizado a niños como espías o informantes, o les han animado a que trabajen como tales. El empleo de niños como informantes por parte de las fuerzas de seguridad expone sus vidas a un peligro inminente.