Los estados deben asegurar a todos los ciudadanos el derecho a gozar de la libertad de religión tanto de modo individual como comunitario.
«Los ataques terroristas contra los cristianos en África, Oriente Medio y Asia aumentado un 309% desde 2003 a 2010. Casi el 70% de la población mundial vive en países con graves limitaciones a la fe y a la práctica religiosa, y las minorías religiosas son las que pagan el precio más alto». Así lo afirmó monseñor Silvano Maria Tomasi, Observador permanente de la Santa Sede ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otras Organizaciones Internacionales, durante su intervención -el 1 de marzo- en la XIX sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos.
Monseñor Tomasi recordó que «en general, las crecientes medidas restrictivas contra la religión atañen a 2.200 millones de personas. Los individuos afectados perdieron la protección de su sociedad, o experimentaron restricciones injustas impuestas por el gobierno, o bien fueron víctimas de la violencia ocasionada por un fanatismo impulsivo».
Entre las causas de este fenómeno, monseñor Tomasi citó «la cambiante situación política, concepciones erradas del papel de la religión, el provecho personal, las sutiles ambigüedades al entender el secularismo». En la situación actual, es urgente que la comunidad internacional realice ulteriores esfuerzos «para asegurar la protección de las personas en el ejercicio de la libertad de religión y de la práctica religiosa», de modo que puedan contribuir como ciudadanos de pleno derecho a la vida social y al progreso de sus respectivos países.
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«La carencia de educación e información, que facilita la manipulación de las personas para obtener beneficios políticos, a menudo está unida a la pobreza, a la imposibilidad de participar de forma efectiva en la gestión de la sociedad. Una mayor justicia social ofrece un terreno fértil para la puesta en práctica de todos los derechos humanos» |
En este sentido, el Observador de la Santa Sede subrayó que los estados deben asegurar a todos los ciudadanos el derecho a gozar de la libertad de religión tanto de modo individual como comunitario.
La libertad de religión no es un derecho concedido, sino «un derecho fundamental e inalienable de la persona humana. La tarea del gobierno no es definir la religión sino conferir a las comunidades de fe una personalidad jurídica para que puedan operar pacíficamente dentro de una estructura legal».
La libertad religiosa de todos los ciudadanos corre mayor riesgo «allí donde se reconoce el concepto de 'religión de Estado', especialmente cuando éste se convierte en la fuente del tratamiento injusto de los otros, tanto si pertenecen a una fe diversa como si no profesan ninguna».
Respaldar la tolerancia recíproca
«Más allá de las consideraciones institucionales -observó el Observador vaticano- el problema fundamental con respecto a la promoción y la tutela de los derechos humanos en el ámbito de la libertad religiosa es la intolerancia que, año tras año, desemboca en la violencia y en la matanza de personas inocentes sólo por sus convicciones religiosas».
«Por lo tanto, la responsabilidad, realista y colectiva, es la de respaldar la tolerancia recíproca y el respeto de los derechos humanos, además de una mayor igualdad entre los ciudadanos de religiones diversas para fomentar una sana democracia que reconozca el papel público de las religiones y la distinción entre la esfera religiosa y la temporal».
«Para alcanzar este objetivo deseable, es necesario superar una cultura que disminuye a la persona humana e intenta eliminar la religión de la vida pública».
«Las religiones no son una amenaza, sino, al contrario, un recurso. Contribuyen al desarrollo de las civilizaciones y esto supone un beneficio para todos. Hay que proteger sus libertades y actividades para que la colaboración entre credos religiosos y sociedades favorezca el bien común».
«El sistema educativo y los medios de comunicación desempeñan un papel importante a la hora de excluir los prejuicios y el odio de los libros de texto, de los noticiarios y los periódicos, y de difundir informaciones correctas y ecuánimes sobre todos los grupos que forman la sociedad».
«La carencia de educación e información, que facilita la manipulación de las personas para obtener beneficios políticos, a menudo está unida al subdesarrollo, a la pobreza, a la imposibilidad de participar de forma efectiva en la gestión de la sociedad. Una mayor justicia social ofrece un terreno fértil para la puesta en práctica de todos los derechos humanos».
Por ese motivo -concluyó el prelado-, la comunidad internacional tiene la responsabilidad, urgente y benéfica, de contrarrestar la tendencia a la violencia creciente contra los grupos religiosos y la engañosa neutralidad que, de hecho, apunta a neutralizar la religión».