El Gobierno de EEUU ha invertido 30.000 millones de dólares en 'asegurar' su frontera. Unos 500.000 trabajadores indocumentados cruzan a Estados Unidos cada año.
elmundo.es – EFE
MÉXICO.- Unas 4.000 personas han muerto en los últimos 12 años al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, según los cálculos de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Esta cifra está incluida en un informe de la FIDH sobre los derechos humanos en esta región fronteriza que en los próximos días presentará a los gobiernos de Estados Unidos y México.
Según la Federación, que engloba a 155 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 Estados Unidos ha triplicado el número de guardias fronterizos para controlar la inmigración irregular y ha incrementado la construcción de barreras.
La FIDH estimó que en los últimos 14 años el Gobierno estadounidense ha invertido 30.000 millones de dólares en «asegurar» su frontera meridional.
Pese a las barreras y vigilancia, el número de trabajadores indocumentados que cruzan a Estados Unidos se duplicó entre 1994 y 2003 hasta alcanzar un promedio anual de 500.000 personas que se mantiene en la actualidad.
En 2006, los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos enviaron a sus familias 20.000 millones de dólares en remesas, dinero que benefició a uno de cada 10 hogares del México rural.
Casos de brutalidad
La FIDH también denunció numerosas violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes.
En 2006, las autoridades estadounidenses expulsaron a 858.000 extranjeros, 514.000 de ellos mexicanos, mientras que las autoridades mexicanas interceptaron y deportaron a 178.000 centroamericanos ese mismo año.
El organismo señaló que en México es habitual que los agentes extorsionen a los inmigrantes centroamericanos que cruzan la frontera sur, en tanto que en Estados Unidos se han registrado numerosos casos de brutalidad, violencia verbal e intimidación por los agentes fronterizos hacia los inmigrantes.
Por este motivo, la FIDH recomienda a ambos países que emprendan una reforma de su legislación migratoria con el objetivo de evitar violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados.