El gobierno de Liberia otorgó en concesión por 50 años varias hectáreas cerca de Boegbor, en el condado de Grand Bassa, a la compañía Equatorial Palm Oil.
Para poder sobrevivir, Sackie Qwemie está obligado a trabajar para la compañía Equatorial Palm Oil (EPO), que se quedó con sus tierras en el noroeste de Liberia.
Qwemie, de unos 50 años, trabaja en la plantación de EPO desde hace tres años, cuando las autoridades otorgaron a la empresa en concesión sus tierras en el condado de Grand Bassa, uno de las 15 que tiene este país de África occidental. No está para nada contento con el trabajo, que más bien le deja un gusto amargo. Pero no tiene más remedio que hacerlo si quiere sobrevivir.
“Donde estaba mi huerta, arrasaron con mis cultivos de berenjena, pimiento, mandioca (yuca); destruyeron todo”, comentó Qwemie en Boegbor, un pueblo del distrito cuatro del condado de Grand Bassa.
“Tenía el terreno más grande. Llegué del hospital y me enteré; las máquinas habían arrasado todo. Desde entonces no tengo propiedad”, relató.
Qwemie se muestra preocupado y enojado al explicar su situación; acusa al gobierno liberiano de entregar sus tierras y de ignorar los intereses de la gente a la que se debe.
La decisión gubernamental creó innumerables dificultades a los campesinos, pues EPO paga poco y no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas.
“Antes de comer pimientos, tengo que comprarlos. No sé qué decir. No puedo luchar contra la compañía porque ella dice que el gobierno le concedió las tierras”, se quejó Qwemie.
EPO ocupa Palm Bay, una concesión de 34.398 hectáreas para producir palma aceitera. La concesión por 50 años se negoció y se promulgó en 2011, cuando comenzó la plantación.
La expansión al distrito cuarto de Grand Bassa, que empezó este año, enfureció a la población local y generó resistencia. “Vienen, destruyen nuestro monte, nuestra forma de vida. Incluso el arroyo, dañan el agua que bebemos”, dijo enojado Joe Bah, jefe de Boegbor.
Bah y otros campesinos se quejan de que no fueron consultados sobre el arrendamiento. La compañía utilizó topadoras para limpiar la tierra, incluso sitios sagrados y ancestrales, sin remordimiento ni respeto por la cultura local. “No se consultó a los jóvenes, las mujeres ni los jefes sobre la expansión, así que nos resistimos”, explicó.
Por su parte, EPO alega que las tierras que ocupa son una concesión del gobierno tras las negociaciones de 2008. La compañía señaló que solo opera 13.000 hectáreas, y que no ha ocupado todo el territorio por la resistencia de la población local.
“Vamos a resistir desde el monte y lo decimos en serio”, dijo Gartaryon.
La presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, dijo este mes en Estados Unidos, en conversación con Reuters Insider, que el gobierno trabajaba para atender la actual crisis de la tierra.
“No hay duda respecto a lo que dijimos de que las comunidades tienen derechos sobre sus tierras. Aun si decidimos negociar concesiones porque no tienen recursos para trabajarla, esto los terminará favoreciendo con vivienda, empleo y beneficios sociales, pero tendrán una completa participación”, aseguró.
“El problema de la tierra en Liberia es más que una asunto legal. Se trata del sustento de las comunidades rurales”, dijo Nora Bowier, del Instituto de Desarrollo Sostenible.
“Si el gobierno otorga grandes porciones de tierras de las comunidades rurales y se las otorga a las multinacionales, sin asegurarles ni ofrecerles mejores alternativas para sobrevivir, es como quitarles el derecho a vivir y aumentar su pobreza”, añadió.
Autor: Wade C. L. Williams ( * Extracto)