“Nos reprimieron de manera brutal. La minera compra conciencias, divide a la comunidad, pero seguimos resistiendo. Estamos prácticamente huyendo, hay compañeros que están fuera de la comunidad”, entre sollozos, la indígena mexicana Rosalinda Dionisio.
Su testimonio resume la magnitud de los crecientes conflictos entre las poblaciones locales y las empresas mineras, que buscan la riqueza del subsuelo mexicano.
Dionisio, una zapoteca de 30 años, aún cojea debido a las heridas en una pierna infligidas en un atentado, cuando en marzo de 2012 fueron emboscados ella y otros activistas de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, en el sureño estado de Oaxaca.
La organización lucha contra la operación de la mina San José, de la compañía Cuzcatlán, subsidiaría de la canadiense Fortuna Silver Mines Inc, que explota 700 hectáreas ricas en oro y plata.
El yacimiento se ubica en las inmediaciones del municipio San José del Progreso, uno de los tres más pobres del estado. La mayoría de sus 6.200 habitantes rechazan la explotación por su impacto en contaminación del suelo y del agua, pero el alcalde Alberto Sánchez encabeza un grupo que la apoya. Esto genera divisiones y enfrentamientos en la comunidad, como sucede en otros pueblos mineros, contó pesarosa Dionisio.
Historias similares abundan en este país latinoamericano, ante el auge de la minería extractiva promovido desde el gobierno anterior, del conservador Felipe Calderón (2006-2012).
Al amparo de la Ley Minera de 1992, México ha entregado unas 31.000 concesiones sobre casi 51 millones de hectáreas a unas 300 empresas que manejan más de 800 proyectos, la mayoría de ellas canadienses, según las cifras más actualizadas de la Secretaría (ministerio) de Economía.
ProMéxico, la oficina estatal dedicada a atraer inversión extranjera, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indican que México es el primer productor mundial de plata, tercero de bismuto, quinto de molibdeno y plomo y noveno de oro.
En 2012, el sector generó 300.000 empleos directos, captó inversión por unos 7.000 millones de dólares y representó dos por ciento del producto interno bruto, según cifras oficiales.
ProMéxico augura que en 2014 el aporte al PIB se elevará a cuatro por ciento y que en los próximos seis años el sector captará inversiones por 35.000 millones de dólares, en un país donde cálculos oficiales indican que 70 por ciento de su territorio contiene yacimientos minerales considerables.
Pero el modelo con que se explota esa riqueza crea choques con las comunidades locales, por deforestación, contaminación del agua y generación de residuos líquidos peligrosos, lo que hace que muchos pobladores rechacen la actividad.
Organizaciones surgidas en los municipios afectados y ambientalistas definen la situación como una ingeniería de conflictos creada por las compañías mineras.
Desde los años 70, los habitantes de La Mira, en el occidental estado de Michoacán, enfrentan la actividad de la mina de hierro Las Truchas, propiedad de la empresa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, filial de la compañía india Arcelor-Mittal.
“Contaminaron el agua y el aire, dañaron nuestras casas, todo se lo llevan”, denunció Melitón Izazaga, dirigente de Colonias Unidas de La Mira, que agrupa a los vecinos perjudicados por el yacimiento y la planta siderúrgica cercana, que produce 100.000 toneladas mensuales de acero.
La mina y la siderurgia echan los residuos a una presa que contamina ríos y arroyos cercanos, que son la fuente de agua potable a los pobladores del área. Hasta ahora las demandas ante los tribunales para frenar la contaminación han sido infructuosas.
Los casos de San José y La Mira integraron las denuncias que entre el 21 y el 23 de este mes recibió la sección mexicana del Tribunal Permanente de los Pueblos, en una pre-audiencia sobre el impacto de la minería en el ambiente y los derechos de los pueblos celebrada en Cuernavaca, capital del central estado de Morelos.
“La nueva minería no busca desarrollar nada, sólo extraer oro, plata o lo que sea. Son un modelo para explotar, no para desarrollar a las comunidades. Si no nos oponemos, nos vamos a tener que ir”, la investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Fernanda Campa.
El gobierno del conservador Enrique Peña Nieto, en la Presidencia desde el 1 de diciembre, ha reafirmado las garantías a la inversión minera, pero académicos y activistas contra el actual modelo minero, critican que no ha hecho lo mismo con los derechos de las comunidades afectadas y, en particular, de los pueblos originarios.
Entre 2000 y 2012 se otorgaron concesiones mineras en dos de los 28 millones que constituyen los territorios indígenas en México.
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina calcula que en la región hay 175 conflictos socio-ambientales que involucran a 183 proyectos mineros y a 246 comunidades, de los cuales 21 se ubican en México.
“No queremos más muertos, pero preferimos perder la vida que estar de rodillas ante el Estado. No hemos logrado que se retire la empresa, queremos que se nos haga justicia”, demandó Dionisio, quien estuvo hospitalizada dos meses por las heridas recibidas en un ataque que su organización adjudica a grupos armados contratados por Cuzcatlán.
El conflicto en San José del Progreso dejo hasta ahora cuatro muertos que se oponían a la mina.
Otra crítica al modelo extractivo mexicano, es el escaso beneficio para el Estado. Las operadoras pagan entre 36 centavos de dólar y ocho dólares anuales por cada hectárea de su concesión. A este canon, se suma solo el pago del impuesto sobre la renta, cuyo monto se mantiene secreto.
El “Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias” consignó reclamos de los pueblos indígenas como la falta de respeto y protección de sus derechos. Entre ellos, destacaron la falta de participación en procesos de consulta y la obtención de su consentimiento libre, previo e informado antes del otorgamiento de concesiones y de la operación de esas industrias en sus territorios.
“Las autoridades federales deben asumir su papel de garantes de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y vigilar el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa de las empresas, detener la criminalización de las protestas de los pueblos indígenas contra las mineras y castigar a los responsables de los crímenes cometidos contra líderes indígenas”, plantea el documento.
“Un día el cerro se nos va a venir encima y el pueblo quedará enterrado”.
Autor: Emilio Godoy ( * Extracto)