Más del 90% de la población española opina que el reparto de la renta es injusto y que los intereses de los mercados transnacionales de deuda se anteponen al bienestar general, pero estas cuestiones se suelen considerar intocables y quedan fuera de la agenda política
Los bienes y rentas que se producen en España se reparten cada vez con más desigualdad y se encuentran sometidos a los mercados transnacionales de deuda que detraen una parte importante del producto nacional hacia los acreedores extranjeros, los todopoderosos “mercados”.
Creciente desigualdad económica
Como recogíamos hace un año, la desigualdad en el reparto de la riqueza en España es muy profunda y se ha ampliado continuamente en la primera década del siglo XXI. El 10% de hogares más ricos incrementó un 52% su patrimonio medio entre 2002 y 2011, pasando de 811.675 a 1.230.500 euros, en valores constantes, mientras el 25% más pobre lo redujo en un 5,5% (de 15.023 a 14.200). [1] La distancia o ratio de desigualdad entre el patrimonio medio de ambos grupos pasó de 54 a 87, es decir, la desigualdad de la riqueza se disparó un 60% en tan sólo una década.
¿Quiénes ocupan ese 10% (1,7 millones de hogares) que acapara la riqueza de España?:
- El 80,4% del empresariado [2] que percibe todos los años en concepto de “beneficios” más del 40% del PIB, según la Contabilidad Nacional.
- El 26,7% de quienes tienen negocios por cuenta propia [3] (EFF2011, Banco de España).
- La mayoría de altos cargos de la administración, directivos y técnicos cualificados con percepciones por encima de diez veces el Salario Mínimo Interprofesional (AEAT).
El 89% de estos hogares ricos posee segunda residencia en propiedad (con un valor medio de 348.000 euros), muchos disponen de coches de alta gama que renuevan con frecuencia y tienen un nivel de consumo en viajes, joyas y otros gastos suntuarios muy superior al resto de la sociedad, pese a lo cual sus ingresos son tan altos que su patrimonio global se ha revalorizado en más de un billón de euros en la década analizada (2002-2011).
En el polo opuesto, el cuartil más pobre (4,3 millones de hogares) contiene a los sectores excluidos por el modelo económico-político-cultural vigente:
- Personas que han sido expulsadas de su puesto de trabajo (2,3 millones de empleos destruidos entre 2008 y 2016 según la Encuesta de Población Activa).
- Mano de obra con empleo precario (3,7 millones de contratos eventuales según la misma fuente, 2,2 millones en situación de “pobreza laboral” debido a sus bajísimos salarios según EUROSTAT).
- Familias que han sido desalojadas por la fuerza de su vivienda (447.000 “lanzamientos” registrados por el Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2015) o que están amenazadas de desahucio (el 10% de los hogares tiene retrasos en el pago de su hipoteca o alquiler, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2015).
En general, se trata de hogares con muy escasos ingresos que llegan a fin de mes con dificultad (20%) o mucha dificultad (15%) y no pueden afrontar gastos imprevistos (39% según la misma fuente), sobre todo si no disponen de prestaciones sociales complementarias (pensiones contributivas y no contributivas, prestaciones de desempleo, etc.). La situación es especialmente grave para quienes viven en “pobreza severa” (por debajo del 30% de la mediana de ingresos), donde se sitúa el 6,2% de los hogares del país (3 millones de personas según la ECV de 2014) [4]. En estos casos son frecuentes las situaciones de grave emergencia social, con problemas de desahucio, subalimentación, corte por impago de suministros básicos de agua, luz y gas, y agudización de enfermedades ligadas a la pobreza.
Pensando en estas personas más empobrecidas, existe una última red de apoyo o “Renta mínima” a nivel autonómico, cuya aplicación cicatera sólo permite que accedan a ella 617.000 personas (en 2014), una quinta parte de quienes padecían ese año pobreza severa. No debería resultar extraño, aunque parezca increíble, que un estudio de campo recién concluido haya registrado en la ciudad de Madrid 387.829 personas beneficiarias de puntos de distribución de alimentos para personas que pasan hambre. [5]
Endeudamiento del Estado, de las empresas y de las familias
Antes de la llegada de la crisis, en el quinquenio 2003-2008, la deuda externa del sector privado español creció diez veces más que la del sector público, superando ampliamente los 2,6 billones de dólares entre la banca y otras deudas privadas. En cambio, desde 2008 la deuda pública con el exterior ha aumentado un 51% y el endeudamiento privado se ha reducido a la mitad como efecto combinado de las ayudas millonarias a la banca y el mantenimiento de una política fiscal regresiva que favorece descaradamente a las grandes empresas (Gráfico 1). [6] Según un reciente informe sobre paraísos fiscales de Oxfam-Intermon, “la presión fiscal sigue recayendo muy desproporcionadamente sobre el consumo y el trabajo, mientras la riqueza queda prácticamente desfiscalizada y la contribución empresarial se ha desplomado. La recaudación por el Impuesto de Sociedades en 2015 es prácticamente la mitad que antes de la crisis y en ello juega un peso creciente la presencia de filiales de empresas del Ibex-35 en paraísos fiscales que se ha multiplicado por 3,3 entre 2009 y 2014”. Los grandes acreedores de deuda obtienen plusvalías multimillonarias por sus inversiones en España pero apenas contribuyen a los ingresos públicos y son las clases trabajadoras y la población en general, a través del IRPF y el IVA, quienes más aportan.
Gráfico 1. Evolución de la deuda externa de España, pública y privada (2008-2015)
Paradójicamente, los mercados de deuda son a la vez los que más contribuyen al déficit público, al eludir impuestos por sus inversiones en España, y los que más se aprovechan de él al convertirlo en fuente de su negocio: entre 2008 y 2015, los intereses de la deuda pagados a través de los Presupuestos Generales del Estado suman 216.000 millones de euros y las nuevas emisiones de deuda soberana para financiar el déficit ascienden a 668.000 millones. De esta manera, entre 2008 y 2015 el endeudamiento público se ha multiplicado por tres, hasta alcanzar en el primer trimestre de 2016 el valor del PIB, algo que no ocurría desde 1909.
Las empresas españolas, aunque han reducido las desorbitadas cifras de antes de la crisis, siguen también fuertemente endeudadas con el exterior. Con datos del Fondo Monetario Internacional [7], la inversión financiera de empresas extranjeras en España (1.016.400 millones de dólares en junio de 2015) duplica lo invertido por empresas españolas en el extranjero (535.700), lo que hace de España el país europeo con un saldo más negativo de capital transnacional. La mayoría de países europeos son más emisores que receptores de capital, con Suiza, Irlanda y Luxemburgo a la cabeza, mientras España se queda en la cola con un saldo negativo del 47%, seguido a mucha distancia por Italia (16%). Este endeudamiento exterior de las empresas españolas (procedente principalmente de Francia, Alemania, Estados Unidos, Luxemburgo y Gran Bretaña) se suele valorar de forma positiva, sin considerar que tales inversiones representan más de un tercio del aparato productivo español y, por tanto, de la parte correspondiente de su valor añadido, de sus beneficios y de sus decisiones estratégicas, que pasan a manos de acreedores/mercados extranjeros.
El último eslabón del endeudamiento es el que tienen los hogares españoles que casi se ha triplicado en los últimos 20 años al pasar 300.000 a 800.000 millones de euros, en valores constantes. Como recogíamos en el informe del año pasado, esta carga de deuda es mucho mayor para los hogares con menos recursos (25% con menos patrimonio) cuyas deudas pendientes representaban en 2011 el 88% de su riqueza neta mientras las cuotas anuales que tenían que pagar para amortizarlas absorbían el 46% de sus ingresos anuales. Unas cargas muy superiores a las del resto de la población que conducen inexorablemente a muchas familias empobrecidas al impago y a cuadros de exclusión social.
¿Hasta cuándo los mercados se impondrán a la política?
Tanto la desigualdad en el reparto de la riqueza como la subordinación de la política a la economía son hechos que gozan de un acuerdo creciente en la opinión pública. Así, según una encuesta periódica aplicada por el CIS entre 1997 y 2013, la proporción de quienes opinan que la distribución de ingresos en España es “injusta” o “muy injusta” ha pasado del 81 al 91%. En especial, quienes opinan que esa distribución es “muy injusta” se ha doblado con creces entre dichos años, pasando del 18,9 al 40,7% (Gráfico 2). Por otra parte, sondeos cualitativos del propio CIS reconocen que “la correlación de fuerzas entre los poderes económicos y políticos es claramente favorable a los primeros. Hoy el poder último es el poder del dinero” (Estudio Nº 2.865, 2013, dirigido por José Luis de Zárraga).
Gráfico 2. Población adulta que opina que la distribución de los ingresos en España es injusta o muy injusta (1997-2013)
La política económica aplicada por los sucesivos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, no se ha orientado a resolver estos problemas básicos de desigualdad y dependencia de la sociedad española, lo que ha provocado en la opinión pública un rechazo creciente de los partidos políticos, del parlamento y del régimen constitucional surgido en 1978. En este contexto han surgido nuevos movimientos como el 15M, mareas de todos los colores y diversas plataformas electorales que, al menos en su inspiración inicial, plantean un cambio de paradigma en la economía y en el ejercicio de la política que permita una redistribución equitativa de la riqueza y la participación directa de las poblaciones en los asuntos que les conciernen. En especial, se denuncia a los gobiernos e instituciones de España y de la Unión Europea de gestionar la crisis y la deuda pública como herramientas de sometimiento de los pueblos a los poderes económicos y financieros.
La onda larga de capitalismo neoliberal, iniciada en los países occidentales en la década de los años setenta del siglo pasado ha configurado un modelo social jerarquizado, tanto desde el punto de vista de la distribución de los recursos (renta y riqueza) como del reparto del poder encargado de gestionar esa desigualdad, bajo la hegemonía de las grandes empresas transnacionales, financieras y no financieras. Pero esto refuerza también el conflicto social entre los grupos minoritarios poderosos y los movimientos que recogen los intereses de las mayorías dominadas. Los procesos electorales en curso no parecen dispuestos a dar la batalla por abrir en España un período constituyente pero, más pronto o más tarde, será inevitable buscar alternativas a un sistema cada vez más injusto, jerarquizado y deslegitimado a nivel de la opinión pública.
[1] A medio camino entre ambos grupos, los hogares intermedios (entre los percentiles 25 y 90) incrementaron su riqueza un 32% en el mismo período 2002-2011 (de 140.784 euros a 186.207), actuando de colchón amortiguador entre los dos polos extremos.
[2] El 10% de hogares más ricos posee en propiedad el 73,6% de las acciones cotizadas y el 90,9% de las no cotizadas, según la última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España (aplicada en 2011 y publicada en 2015).
[3] El valor “mediano” de los negocios de este sector de empresarios por cuenta propia es de 236.000 euros, cuatro veces mayor que el de los empresarios situados entre los percentiles de riqueza 75 y 90 (63.500 euros) y doce veces mayor que el de los empresarios por debajo del percentil 75 de riqueza (19.800 euros de valor “mediano”). Dicho de otro modo, los empresarios por cuenta propia situados en el 10% más rico de los hogares concentran aproximadamente la mitad del valor mercantil de los negocios por cuenta propia existentes en España.
[4] Dato obtenido por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPM) a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2014. El INE publica el indicador de “riesgo de pobreza” (por debajo del 60% de la mediana de ingresos), pero no el de “pobreza severa” (por debajo del 30%).
[5] Encuesta aplicada por estudiantes dirigidos por profesores de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense en colaboración con la Red de Carta contra el Hambre. El avance de informe final recoge 303 puntos de distribución de alimentos, con 6.470 personas encargadas del reparto (entre profesionales y voluntarias).
[6] La Joint External Debt Hub es una Estadística producida conjuntamente por el Banco de Inversiones Internacionales, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el Banco Mundial, que permite obtener una visión global del alcance y características de la deuda externa a nivel mundial. La JEDH recoge trimestralmente (el último es del tercer trimestre de 2015) información desagregada de la deuda externa de 70 países, entre ellos todos los de la Unión Europea.
[7] La serie estadística Coordinated Portfolio Investment Survey se extiende desde 2001 a 2015 y recoge información sobre los deudores y acreedores de inversiones internacionales en valores financieros (activos de inversión en cartera, en forma de acciones y obligaciones, fondos de inversión y seguros, y deuda pública o privada), distinguiendo los países de origen y destino y las cantidades invertidas en cada caso.