Los mayores exportadores de coltán del mundo —indispensable para la digitalización, la transición energética y la producción de armas— se han convertido en el último ejemplo de la política transaccional del Gobierno de Estados Unidos. En un momento en el que las potencias mundiales buscan asegurar el suministro de minerales críticos para la economía, dominado por China, la administración de Donald Trump se ha sentado a la mesa con la República Democrática del Congo (RDC) y la vecina Ruanda, con quienes espera cerrar acuerdos económicos en un par de meses.
El plan de EE UU es pacificar el este de la RDC, una zona rica en minerales donde el conflicto se ha cobrado unos seis millones de vidas en los últimos 30 años, y que la región allane el camino para los inversores norteamericanos. Un plan que suena bien, pero que ha disparado las alertas de expertos y representantes de la sociedad civil dentro y fuera de África, cansados de ver cómo las élites políticas locales y las empresas extranjeras se enriquecen a costa de la población congoleña, que sigue estando entre las más pobres y agraviadas del mundo.
En febrero de 2025, el presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, escribió una misiva a la administración Trump ofreciendo acceso a materiales clave para los sectores armamentístico y tecnológico de EE UU. A cambio, este debía ayudarles a expulsar el grupo armado M23 del este del país, que prosigue en su avance mortífero para controlar depósitos de minerales críticos.
La ONU y los gobiernos occidentales acusan a Ruanda de apoyar a esta milicia tutsi del vecino Congo con armamento y tropas, y de exportar minerales como oro, tungsteno y tántalo expoliados de la RDC. En este contexto, la administración Trump ha optado por presionar a Kinshasa y a Kigali para que trabajen en un acuerdo de paz. En cuanto esté firmado, prevé sellar acuerdos bilaterales que aseguren el suministro de minerales críticos para EE UU a cambio de inversiones.
Los detalles de estos pactos todavía se desconocen. Sin embargo, un eventual acuerdo entre EE UU y la RDC plantea dudas en cuanto a su capacidad de promover el desarrollo en una región marcada por el saqueo y los abusos desde que Leopoldo II de Bélgica se apropiara del Congo en 1885.
Indulto a tres estadounidenses condenados a pena de muerte
El presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, concedió a principios de mes una conmutación de la pena de muerte por cadena perpetua a tres ciudadanos estadounidenses condenados el pasado septiembre por su participación en el intento de golpe de Estado, perpetrado en el país en mayo de 2024. Los tres hombres formaban parte de los 37 condenados a la pena capital por el tribunal militar de la capital congoleña, Kinsasa, de un total de 51 acusados.
Durante la madrugada del 19 de mayo del pasado año, decenas de atacantes congoleños y extranjeros encabezados por Christian Malanga asaltaron el palacio presidencial con el objetivo de deponer a Tshisekedi. Asimismo, hombres armados irrumpieron en la residencia del vice primer ministro y ministro de Economía, Vital Kamerhe, que resultó ileso, aunque al menos tres personas murieron en el asalto, incluidos dos policías y un agresor.
«Disfruten de la liberación de nuestro Nuevo Zaire», clamó Malanga en inglés, mientras los asaltantes quemaban banderas de la RDC y portaban otras del Zaire, antigua denominación del país durante la dictadura de Mobutu Sese Seko de finales del siglo pasado.
Christian Malanga, de 41 años, quien se hacía llamar comandante, era muy conocido en los círculos de la diáspora congoleña en EE.UU. por sus discursos contra el poder. Lideraba el movimiento ‘New Zaire’ (‘Nuevo Zaire’, en inglés) y el Partido Congoleño Unido (PCU) y llegó a declarar su intención de presentarse a la Presidencia del país.
Fuente El País y RTVE
