MANIFIESTO DE MADRID

Han transcurrido cinco meses desde la masacre y aquéllos que reclamaban al gobierno transparencia y celeridad impiden hoy que la Comisión constituida por el Congreso profundice en la investigación de la autoría material e intelectual de ese atentado. En las escasas semanas que la Comisión de investigación ha durado, se ha pretendido centrar el debate en la determinación de si el gobierno informó con 60 o con 90 minutos de retraso sobre los hallazgos de la policía.

Con todos los respetos para los comisionados, eso no nos importa. Lo que el pueblo español quiere saber es quién depositó las mochilas en los trenes, quién ayudó en la preparación de esas mochilas, quién suministró los explosivos empleados, quién eligió la fecha del atentado, quién diseño la secuencia de acontecimientos acaecidos entre el 11 y el 14 de marzo. Queremos saber, sobre todo, quién dio la orden de cometer esa masacre.

En lugar de contribuir a esclarecer estos aspectos, se pretende ahora dar por cerrada la Comisión de investigación, teniendo previsto sus miembros decidir el 7 de septiembre si redactan sus conclusiones finales. ¿De qué conclusiones hablan? ¿Acaso saben ya la respuesta a todas esas dudas?

Queremos saber si es cierto, como indican los autos judiciales, que algunos de los implicados estaban siendo grabados semanas antes de que los atentados se produjeran. Queremos saber qué dicen esas grabaciones. Queremos saber si es verdad, como indican las informaciones periodísticas, que el transporte de los explosivos fue decidido en una reunión en la que 4 de los 7 asistentes eran confidentes policiales. Queremos saber de qué hablaron esos confidentes con sus controladores en las llamadas telefónicas producidas los días 1, 2, 4, 9 y 10 de marzo, entre la fecha en que se produjo el transporte de los explosivos (29 de febrero) y la fecha del atentado. Queremos saber cómo es posible que centenares de kilos de dinamita fueran sustraídos por esos confidentes de una explotación minera sin que nadie impidiera ese tráfico.

Un cierre en falso de la Comisión constituiría una cruel burla hacia las víctimas de los atentados del 11-M. Se equivocarían el partido actualmente en el gobierno y sus socios parlamentarios si creen que la sociedad española va a dejar que se cubra este atentado con el manto del olvido. Ni el Congreso ni el Gobierno de España pueden permitirse que queden sin dilucidar los numerosos puntos oscuros que rodean la preparación de la masacre.
Queremos saber por qué los autos judiciales afirman que los teléfonos móviles usados en los atentados fueron adquiridos por personas supuestamente búlgaras. Queremos saber si es coincidencia que dos caravanas de la muerte (una de ETA y otra de supuestos terroristas islámicos) se dirigieran simultáneamente a Madrid el mismo fin de semana del 28 de febrero. Queremos saber cómo es posible que delincuentes comunes cometan el mayor atentado de la historia de Europa ante las mismas narices de nuestras fuerzas de seguridad. Queremos saber si alguien avisó de ese atentado y en qué términos lo hizo. Queremos saber qué hicieron las fuerzas de seguridad cuando tuvieron conocimiento en febrero de 2003 de la existencia de una red de tráfico de explosivos. Queremos saber, exactamente, quién sabía qué antes de producirse el 11-M.

Son muchos los españoles a quienes en aquellas fechas se les llamó asesinos. Y aquellos que les insultaban miran hoy para otro lado y tratan de pasar cuanto antes esa página negra de la Historia. No vamos a permitirlo. Porque tanto aquellos sobre quienes tan miserablemente se volcó la responsabilidad de esa masacre, como el resto de españoles de buena voluntad, no tenemos derecho a llorar a nuestros muertos hasta que los verdaderos asesinos paguen por lo que han hecho.

Creemos que ha llegado el momento de hacer oír nuestra voz. Hoy somos nosotros los que TODAVÍA preguntamos, ¿QUIÉN HA SIDO?