URGENTE: La Comunidad de Paz de Sanjosé de Apartadó está siendo amenazada en extremo. Así lo vemos en el documento adjunto y en el texto que va a continuación. Desde que estuve allí de visita ya son cuatro las personas asesinadas en el marco de unas lineas políticas marcadas por el Gobierno
Queridas amigas y amigos:
No es mi intención enviar tanta información y tantos mensajes. Pero la situación es de extremada urgencia. La Comunidad de Paz de Sanjosé de Apartadó está siendo amenazada en extremo. Así lo vemos en el documento adjunto y en el texto que va a continuación. Desde que estuve allí de visita ya son cuatro las personas asesinadas en el marco de unas lineas políticas marcadas por el gobierno.
La comunidad de paz quiere ponerse al margen de la guerra, de las armas, de los grupos armados. Eso al estado y al ejército no les gusta y no tienen otra forma de buscar su repulsa que calumniarles y acusarles de guerrilleros. La mejor forma de conocer a la comunidad es convivir con ellos y ver la firmeza y convicción que tienen de que no quieren luchar con las armas ni tener o apoyar a ninguna persona armada.
La respuesta de quienes quieren resolverlo con muertes es matar para conseguir que entren en su círculo de acción.
Sería bueno llamar por teléfono a Colombia o escribir mensajes protestando por las muertes, pidiendo que hagan brillar la verdad de la realidad y de que dejen las armas. Eso nos llevará un tiempo y un esfuerzo pero la heróica comunidad de SJA necesita este apoyo.
Un abrazo.
EMILIO
ESTAMOS ANTE EL PELIGRO DE UN NUEVO DESPLAZAMIENTO
La Comunidad de paz de San José de Apartadó quiere nuevamente dejar constancia de hechos de agresión contra la comunidad que colocan en grave riesgo nuestros principios y nuestra permanencia en nuestros hogares. Los hechos que ponemos a consideración son los siguientes:
El 18 de septiembre hacia las 4:50 p.m. entraron al caserío de San José varios camiones con cerca de 40 policías quienes llevaban equipos y colchonetas. Los policías se ubicaron en casas de la comunidad. Ellos plantearon que venían a quedarse por orden presidencial. Cuando se habló con el comandante del grupo expresó que venían a hacer presencia en la comunidad por orden presidencial y que no se preocuparan que esto estaba dentro de los parámetros de la política de seguridad democrática. Los policías se quedaron toda la noche por el pueblo. Hacia las 5 a.m. del día 19 de septiembre salieron del caserío. De igual forma plantearon que venían a hacer muchas amistades y que ya no se necesitaba de esa comunidad, por que ellos iban a dar la protección.
Para la Comunidad de Paz de San José es preocupante este irrespeto por parte del estado. Este hecho es tan sólo uno de tantos que demuestran la verdadera voluntad del gobierno que desconoce así el acuerdo de dialogar y concertar las medidas de seguridad con la comunidad tal y como queda claro en las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se exige la presencia civil del estado y el respeto de éste a los principios de la comunidad.
Para la comunidad este es un paso más en la búsqueda de cumplir las promesas que siempre ha hecho la Fuerza Pública: acabar con nuestro proceso. Por nuestra parte, desde hace ya varios años, hemos propuesto al Estado buscar superar la impunidad a través de una comisión de evaluación que determine por qué la comisión que investigó (o debió investigar) más de 360 violaciones de derechos humanos y más de 140 asesinatos nunca hizo ningún avance para el castigo efectivo de los responsables de estos hechos atroces. Y más aún que pueda evaluar la razón por la que estos hechos siguen sucediendo a pesar de que la comunidad ha alertado a las autoridades y a la opinión pública sobre la forma en que se cometen los crímenes; incluso dando nombres propios de personas que roban y amenazan de muerte a los líderes del proceso y cometen toda clase de acciones en contra de esta experiencia. Este es el caso del señor Wilmar Durango quien abiertamente acepta que trabaja con el ejército y los paramilitares y se enorgullece de que a él nadie lo toca a pesar de todo lo que ha hecho en contra de la comunidad y de las amenazas que realiza. Sin duda la realidad reafirma sus palabras ya que la protección de policía y ejército es evidente y la justicia no actúa contra él garantizando que sus crímenes queden en la impunidad.
Frente a todo esto, también hemos propuesto una comisión de observación conformada por personas del estado (civiles) y personas de la comunidad internacional que puedan mirar lo que la comunidad hace y que pueda decir lo que somos para así confrontar con la verdad las acusaciones que nos hace la Fuerza Pública o el mismo Presidente Uribe. Pero a todo ello no se ha tenido ninguna respuesta.
Por el contrario, hechos como los del 11 de agosto donde hemos exigido transparencia y que se diga la verdad, donde no hemos ocultado nada, hemos observado la manipulación de evidencias, comunicados como el del comandante de policía que a dos horas de los hechos ya estaba determinado lo sucedido sin investigaciones de ningún tipo. Hemos sabido también de acciones del estado para buscar encubrir lo sucedido y atacar la comunidad.
Así mismo en reuniones, en diversos espacios hemos exigido la presencia civil y permanente del Estado desde la defensoría y la procuraduría. La comunidad busca siempre concertar acciones de diverso tipo, tanto así que la última semana de septiembre se tienen previstas reuniones con el estado dentro de las medidas provisionales, así mismo reuniones por aparte con el Vicepresidente, el procurador, la defensoría, la fiscalía, el ministerio del interior.
Sin embargo el Estado hace caso omiso de todas estas acciones de búsqueda de respeto de la población en medio del conflicto; ignora el derecho universal que tenemos a no ser involucrados en la guerra y por el contrario pisotea nuestros principios y lo que se ordena por parte de presidencia, según el policía, es una respuesta de tipo armado. De esta manera el Estado colombiano responde a las acciones civiles de las comunidades, a las búsquedas e incitativas de paz que vienen haciéndose.
Para nosotros es claro que seguimos fieles a nuestros principios, es por ello que ante esta agresión y si el Estado decide instalar fuerza pública dentro de la comunidad tendremos que desplazarnos. Tenemos el derecho a no estar con ningún actor armado. La Fuerza Pública ha hecho presencia alrededor de San José durante estos ocho años, pero no aceptaremos que estén en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestros espacios, permitir esto es convertirnos en objetivo militar (y es claro que como lo hemos mostrado en anteriores comunicados se han venido dando fuertes combates). No renunciaremos a nuestro derecho a no estar involucrados con los actores armados. Exigimos el respeto a nuestros principios y a nuestra construcción de paz.
Es necesario que la posición del Estado colombiano sea clara. No podemos seguir el juego de hablar y que nos digan que concertemos y que por otro lado nos irrespeten con acciones de fuerza. Esto sólo nos llevará a no seguir dialogando con el estado hasta que se respeten nuestros principios.
La decisión de la comunidad de defender lo que por tantos años hemos venido creando es clara y contundente. Defenderemos esta experiencia civilmente con nuestros principios, por ello mantendremos nuestro argumento esencial de no convivir con ningún actor armado y ante nuevas agresiones de este tipo o si cualquiera de ellos determina hacer presencia permanente dentro de la comunidad nos veremos obligados a un desplazamiento forzado.
Pedimos la solidaridad nacional e internacional para que nos apoyen en la exigencia al Estado de que respete estos procesos comunitarios y que la respuesta que se de a estos sea civil, y no con acciones de tipo militar como es la propuesta que dicen que van a realizar. Así mismo que las diversas propuestas de la comunidad tengan respuesta real y no se cumpla las sentencias de la Fuerza Pública de destrucción de la comunidad. Agradecemos nuevamente su solidaridad y apoyo en estos momentos de gran incertidumbre para las 1.300 personas, hombres, mujeres y niños, que hacemos parte de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
Septiembre 20 de 2004
LOS PARAMILITARES SIGUEN SU ACCIONAR DE TERROR Y MUERTE
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó deja constancia de nuevas acciones de muerte; los hechos que ponemos a consideración de la historia y la humanidad son:
– El día 30 de septiembre a las 6 p.m. en el retén del ejército, ubicado en la vía Apartado – San José en la vereda La Balsa, fueron decomisaron dos mercados: uno del señor Arcenio Graciano y otro de un niño de 12 años. El ejército justificó este decomiso diciendo que los mercados eran para la guerrilla, que pronto acabarían con esa h.p. comunidad, y que no dejarían pasar absolutamente nada. Las dos personas dueñas del mercado les dijeron que eso era falso y les pidieron que se los entregaran. Los militares les dijeron que si no eran guerrilleros, bajarían por los mercados al otro día; las dos personas bajaron al otro día y los militares le entregaron los mercados pero de nuevo los insultaron de guerrilleros.
– El día 2 de octubre a las 12:30 p.m. fue interceptado un vehículo de servicio público que cubría la ruta Apartadó-San José. A la altura de la Electrificadora, en la salida de Apartadó, cuatro paramilitares detuvieron el carro y se montaron en él. A dos minutos de allí, en el barrio Mangolo, hicieron parar nuevamente el carro y le ordenaron a los pasajeros que se bajaran todos menos YORBELI AMPARO RESTREPO FLOREZ de 27 años de edad. Los cuatro paramilitares comenzaron a insultar a la gente diciéndoles que de nuevo comenzaban acciones para acabar con esa comunidad de paz guerrillera, que toda la gente que vivía de San José hacia arriba eran guerrilleros y que iban a acabar con todos, así mismo que iban a recomenzar el bloqueo hacia San José; antes de seguir en el carro, junto con el conductor y Yorbeli, les dijeron a los demás pasajeros que estuvieran tranquilos que a Yorbeli la soltaban al rato. Los paramilitares se llevaron los mercados y los paquetes que traía la gente. Como a doscientos metros de allí, frente a la empacadora donde han permanecido siempre los paramilitares, le dieron vuelta al carro hicieron bajar al conductor y se llevaron el carro y a YORBELI en él.
Hacia las 6:00 p.m. la Defensoría del Pueblo informó a la comunidad que habían encontrado un cuerpo con las características de ella en el barrio la Chinita de Apartadó. Efectivamente luego se comprobó que se trataba del cuerpo de YORBELI RESTREPO.
Estas nuevas acciones evidencian el accionar conjunto de la Fuerza Pública y los paramilitares. Estas muertes se dan en una carretera militarizada en donde los paramilitares actúan con total libertad. Es preocupante también que los militares anuncian las acciones de muerte que luego los paramilitares ejecutan, tal y como viene sucediendo durante estos ocho años y de lo cual hemos dejado constancia a la humanidad. El asesinato de YORBELI AMPARO RESTREPO quien vivía en San José, evidencia el accionar conjunto de los militares y los paramilitares ya que el señor Wilmar Durango, quien trabaja y anda con el ejército, la había amenazado de muerte. Pedimos la solidaridad nacional e internacional para que todos estos hechos no queden impunes, para que el accionar de muerte contra la comunidad pare y los planes de muerte cesen. Agradecemos nuevamente el apoyo y la solidaridad con nuestro caminar y reiteramos que, pese a todas las acciones muerte con que tratan de acabarnos, nos mantendremos firmes en nuestros principios de vida, solidaridad, no impunidad y de neutralidad frente a cualquier actor armado.
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
Octubre 3 de 2004
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
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DOCTOR LUIS CAMILO OSORIO,
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Fax: (+ 57 1) 640 04 91
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Chemin du Champ d´Anier 17-19,
1209 Ginebra.
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Gobernador del Departamento de Antioquia:
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