Nadie recibió con más alegría la noticia de la dimisión de Joseph Blatter como presidente de la FIFA que la Confederación Sindical Internacional, que desde el momento que la celebración del Mundial 2022 fue otorgada a Catar, hace cinco años, ha denunciado las terribles condiciones a las que los trabajadores de la industria de la construcción, inmigrantes en su mayoría, serían sometidos y que como consecuencia ocasionaría la muerte de aproximadamente 4,000 personas, a razón de 600 por año, según un estudio realizado por dicha organización en 2013.
La Confederación Sindical Internacional considera que éste es el momento propicio para que la FIFA tome medidas y obligue a Catar a modernizar sus leyes laborales “conforme a las normas internacionales como condición para poder acoger la Copa del Mundo”, según apunta la Secretaria General de ITUC, Sharan Burrow, en un comunicado de prensa.
“Aunque la actualidad se centra ahora en las acusaciones de corrupción (a los altos mandos de FIFA), el mundo no debe olvidar que los trabajadores migrantes en Catar continúan perdiendo la vida en el trabajo conforme se acelera el calendario de construcción de las infraestructuras para la Copa del Mundo a fin de terminar las obras a tiempo para 2022”, señalo Burrow, pues considera que el órgano rector del futbol debe asumir la responsabilidad por “el daño causado” desde 2010, fecha en que se adjudicó la sede mundialista al emirato árabe.
Y es que de acuerdo al organismo, cerca de 1,200 trabajadores han perdido la vida en los trabajos de construcción en los últimos cinco años. Una cifra estimada ya que Catar no ha hecho públicos sus registros por lo que las diversas organizaciones que velan por los derechos humanos han tenido que confiar en los números proporcionados por las embajadas de la India y Nepal, países de origen de la mayoría de inmigrantes trabajadores en la industria de la construcción.
“Las cifras de mortalidad publicadas en la prensa no son sino estimaciones prudentes, y creemos que la realidad podría ser mucho peor”, destacó Burrow, algo que ya había advertido desde hacía más de un año.
El problema, aseguran tanto la ITUC como Amnistía Internacional en su reporte anual publicado en noviembre de 2014, radica en la ‘kalafa’ el sistema laboral en funciones en el país árabe.
De acuerdo al último censo que data de octubre de 2010, el país árabe, uno de los más ricos del planeta con un PIB per capita de 88,000 dólares según el Fondo Monetario Internacional, registró una población de 1.69 millones habitantes. Sin embargo, sólo 200 mil son ciudadanos locales. El resto pertenece al grupo de trabajadores inmigrantes, mayoritariamente procedentes de Nepal, India, Bangladesh y Filipinas.
Para poder trabajar legalmente en el país, deben atenerse a la ‘kalafa’, un sistema que el ITUC califica de “brutal y medieval” pues permite a los ciudadanos y empresas locales a tener poder absoluto sobre los trabajadores, pues de ellos depende que se les otorguen visas de trabajo y residencia temporal. Para ello, la mayoría de trabajadores inmigrantes atraviesan un proceso de reclutamiento en el que un “patrocinador” se hace cargo de las cuotas legales y transporte con sumas que pueden llegar hasta los 2,500 dólares, lo que permite que los empresarios se perciban como “propietarios” de sus trabajadores, sometiéndolos a jornadas y condiciones laborales abusivas y reteniendo sus pasaportes, restringiendo así su libertad de movimiento. De acuerdo con el último reporte de Amnistía Internacional, cerca los ‘patrones’ han confiscado el pasaporte a cerca del 90 por ciento de trabajadores inmigrantes.
De todos ellos, los que viven en peores condiciones son los trabajadores en la industria de la construcción, quienes viven confinados en campos especiales — algunos en casas de campaña bajo el mismo sitio de la construcción — con jornadas laborales de hasta 16 horas al día y salarios que no rebasan los 165 dólares al mes, según reporta la ITUC.
“Bajo la presidencia de Joseph Blatter, la FIFA no sólo concedió la Copa del Mundo a Catar, sino que ha ayudado a ese país a proteger su brutal sistema de ‘kafala’ frente a cualquier reforma”, sostuvo Sharan Burrow.
Para la organización, es imperativo que no sólo la FIFA asuma la responsabilidad de “corregir el daño causado”, sino que las empresas patrocinadoras del órgano rector del futbol “ y las multinacionales gigantes de la construcción que están obteniendo enormes beneficios del sistema de la ‘kafala’ en Catar”, presionen al gobierno catarí.
“Los patrocinadores también están salpicados por la pestilencia de la esclavitud moderna en Catar y no deben dejar de presionar hasta acabar con la doble plaga de la corrupción y la explotación laboral”, dijo Burrow, quien a tal efecto, envió cartas a ocho patrocinadores — entre ellos Adidas, McDonald’s, Gazprom, Budweiser, Coca-Cola y Visa — instándolos a “utilizar su posición para presionar a la FIFA” a que tome una postura de rechazo ante las leyes laborales que imperan en Catar y evitar así que aumente la mortandad y el número de accidentes de trabajo entre los inmigrantes.
Según los estimados iniciales, Catar invertiría cerca de 100 billones de dólares en infraestructura para albergar la Copa del Mundo; ente ellos, 12 estadios, decenas de hoteles y redes de transporte. Para completar el titánico proyecto, la ITUC estima que Catar deberá contar con cerca de un millón de trabajadores inmigrantes nuevos y todos, por supuesto, sometidos a la misma ley.
“El masivo programa de infraestructura de Qatar está totalmente orientado hacia la Copa del Mundo de 2022. Conforme nos vamos acercando al plazo para la finalización de los estadios, hoteles, red de transporte público, carreteras, servicios y todo lo que se requiere para acoger el Mundial, la presión sobre una mano de obra ya de por sí agotada, no hará sino aumentar», aseveró Burrow.
Autor: Paola Núñez