Más de un millón de personas, de las cuales un 60% se encuentra a la espera de juicio, viven hacinadas en las prisiones del continente.
Revista Autogestión nº 60. Octubre-noviembre 2005
Incapaz de contener las náuseas, Ursula Albarrecín tuvo que abandonar el recinto que había ido a inspeccionar. La grotesca visión de las vísceras esparcidas por el suelo y de los cuerpos incinerados en el horno de la panadería superaba todo cuanto la curtida fiscal había presenciado anteriormente. El motín que investiga Albarrecín en la cárcel de Higüey, al este de la República Dominicana, había sobrepasado el récord latinoamericano de víctimas que ostentaba el de Benfica, en Río de Janeiro, en el que hubo 90 muertos. En los sucesos de Higüey, acaecidos en marzo de 2005, unos 113 reos perecieron a causa del incendio que ellos mismos habían provocado. También hubo víctimas de los ajustes de cuentas que se perpetraron al amparo del caos o acribillados por las balas de los guardias cuando huían de las llamas.
Según el último informe del Instituto para el Tratamiento del Delincuente de la ONU (ILANUD) la población en los recintos penitenciarios de Latinoamérica es de más de un millón de individuos, de los cuales el 60% ni siquiera han sido enjuiciados: se encuentran bajo prisión preventiva y así durante meses, e incluso años.
El hacinamiento en la mayoría de los recintos que abarca el estudio, alcanza niveles alarmantes y es uno de los catalizadores de los periódicos brotes de violencia. En Honduras, el número de reclusos excede en un 162% la capacidad instalada. Le siguen República Dominicana con una sobrepoblación del 147%, Brasil con 145% y Bolivia con 120%.
Las formas que reviste la degradación humana varían de un presidio a otro, pero en el de Tacumbú (Paraguay) todas las variaciones están presentes. El penal tiene capacidad para 800 residentes pero sus cubiles albergan 3.500 de los cuales la tercera parte son menores, muchos de ellos explotados sexualmente por los adultos. En 2004, siete de estos jóvenes contrajeron el sida. El director del centro, Artemio Vera, fue destituido tras la fuga de Igor Machado, que puso de manifiesto lo que se sabía desde hace tiempo: que el narcotraficante y sus secuaces eran los verdaderos amos de aquel infierno, donde 20 reclusos mueren cada mes a manos de sus compañeros de celda. Machado abandonó el centro penitenciario a plena luz del día, tras sobornar con 3.500 dólares al oficial de turno.
Con cerca de 190.000 reclusos distribuidos en 512 prisiones, Brasil administra uno de los 10 mayores sistemas penitenciarios del mundo. Las condiciones de reclusión han mejorado notablemente en los últimos años, pero las mega-cárceles, como la de Bangú 1 en Río de Janeiro o el Presidio Central de Puerto Alegre padecen el flagelo del autogobierno de las poderosas bandas de narcotraficantes.
Dado que el país amazónico es el tercer mayor consumidor continental de cocaína, después de Estados Unidos y México, y que constituye el principal centro de distribución hacia aquella potencia y a Europa, los capos de la mafia disponen de recursos ilimitados para sobornar a sus custodios, que les atienden a cuerpo de rey y transmiten mensajes a sus secuaces fuera de los muros de las cárceles.
Mafia en los presidios
Una reciente investigación realizada por Human Rights Watch reveló que en Puerto Alegre la cúpula carcelaria estaba vinculada a las actividades de los barones de la coca, lo que se observa en Bangú1, donde Fernandino Beira Mar, jefe del Comando Rojo, que dirige las operaciones de sus cuadros, desde la suite que le fue habilitada en el pabellón más custodiado del penal.
En Argentina, la Comisión Provincial por la Memoria sostiene que al menos tres presos mueren cada semana en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. De los 3.000 casos de tortura denunciados, sólo el 1% llegó a los tribunales de justicia.
El regocijo de las organizaciones de Derechos Humanos ante la reducción de los motines –una plaga que en 2004 se cobró la vida de 70 reclusos y 15 celadores- se desvaneció al publicarse un informe de la Fiscalía referente a la distribución indiscriminada de 500.000 ansiolíticos, hipnóticos y antidepresivos en las cárceles. «Reducidos a la condición de zombies, los reclusos son incapaces de amotinarse», expresó el fiscal Eduardo Guarna.