Las organizaciones de derechos humanos denuncian el incremento de los abusos conforme se acercan los Juegos de 2008. Amnistía señala que persiste un amplio abanico de violaciones, como la extensa utilización de la pena de muerte (entre 8.000 y 10.000 personas al año) y la extracción de órganos de presos ejecutados para transplantes
Cuando China optaba a los Juegos Olímpicos de 2008, Liu Jingmin, vicepresidente del comité para la candidatura, aseguró: «Al permitir que Pekín acoja los Juegos, ayudarán ustedes al desarrollo de los derechos humanos». Las autoridades del país asiático prometieron que la situación mejoraría antes de que comenzara la competición, pero, cuando quedan menos de dos años para el inicio del evento deportivo, la libertad de información y los derechos de los ciudadanos no sólo no han mejorado sino que han ido a peor, según denuncian las organizaciones de derechos humanos.
«Los informes que siguen recibiéndose a diario sobre graves abusos cometidos por todo el país contradicen las promesas que hizo el gobierno chino cuando presentó la candidatura de Pekín», ha asegurado Catherine Baber, directora adjunta para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional (AI), con ocasión de la presentación de un reciente informe sobre el país asiático. «Se hostiga y encarcela a los activistas, incluidos los que trabajan con personas desalojadas por la fuerza de edificios situados en zonas donde se van a levantar infraestructuras olímpicas, y se ejecuta a millares de personas tras juicios injustos por delitos como contrabando o fraude».
Amnistía señala que persiste un amplio abanico de violaciones, como la extensa utilización de la pena de muerte (entre 8.000 y 10.000 personas al año) y la extracción de órganos de presos ejecutados para transplantes. También dice que se han implantado nuevos métodos de control y censura de los medios de comunicación, y que en el último año han aumentado la represión contra los periodistas -tanto nacionales como extranjeros- y el filtrado de Internet, lo que convierte en «huecas» las promesas hechas en su día por las autoridades.
China quiere utilizar los Juegos Olímpicos para deslumbrar al mundo con los logros alcanzados en lo que para 2008 serán 30 años de apertura y reformas económicas. Pero, según Baber, de poco servirán «los estadios relucientes y los desfiles espectaculares» si sus ciudadanos «no pueden expresarse aún libremente y se sigue torturando en las prisiones».
Varias organizaciones internacionales critican que los esfuerzos para construir modernas instalaciones deportivas y rehacer barrios degradados han contribuido a graves abusos. El informe de AI cita, entre otros, a Ye Guozhu, que fue desalojado por la fuerza de su vivienda en Pekín y encarcelado tras solicitar permiso para organizar una protesta. Según dice, Ye ha sido torturado en la cárcel, colgado del techo por los brazos, inmovilizado con grilletes y golpeado con porras eléctricas.
«Los juegos están siendo utilizados como justificación para perpetrar nuevos abusos, como expropiaciones forzosas, cierre de escuelas de inmigrantes y medidas adicionales para restringir los movimientos de determinados colectivos», explica Sharon Hom, directora ejecutiva de Human Rights in China (HRIC), organización con sede en Nueva York.
Las autoridades de Pekín han discutido este mes de septiembre la posibilidad de forzar a más de un millón de inmigrantes que viven en la capital a regresar a sus pueblos y hospitalizar de forma obligatoria a personas con enfermedades mentales, según ha publicado la prensa local. Los activistas afirman que, dentro de la campaña de limpieza con vistas a los Juegos, el Gobierno ha animado a la policía a que haga uso de los campos de reeducación por el trabajo para internar a peticionarios, vagabundos o mendigos. Este procedimiento permite encerrarles «hasta cuatro años, al antojo de la policía, sin cargos ni juicio», señala Mark Allison, de la oficina de Amnistía Internacional en Hong Kong. «China debería abolir este sistema en lugar de ordenar específicamente su uso».
Human Rights Watch, agrupación estadounidense, afirma que Pekín ha cerrado más de 50 escuelas ilegales a los hijos de inmigrantes nacionales en las últimas semanas para desanimar a estas familias a que se queden en la ciudad. Se estima que el 90% de ellas carece de permisos de residencia y de trabajo para poder inscribir a sus niños en los colegios estatales. En la capital china existen 239 escuelas para inmigrantes sin registrar, que imparten educación a más de 90.000 alumnos.
Pero, ¿por qué ha aumentado la represión? Según Allison, «parece haber una creciente preocupación política sobre inestabilidad, que puede poner en peligro el normal desarrollo de eventos como los Juegos Olímpicos». Además, a finales del año que viene, se celebrará el 17º Congreso del Partido Comunista, en el que se prevé que el presidente, Hu Jintao, efectúe importantes cambios en la cúpula dirigente. «Pero el uso de detención arbitraria, tortura y juicios injustos sólo sirve para provocar mayor resentimiento y almacenar más potencial de disturbios en el futuro», dice Allison.
Los líderes chinos han negado que tengan planeado expulsar al millón de inmigrantes -aunque muchos se quedarán sin trabajo al finalizar los cientos de obras que hay por toda la ciudad- y han reiterado que respetarán los derechos humanos durante los Juegos. «El Gobierno cumplirá las promesas y compromisos adquiridos al presentar la candidatura», ha dicho Liu Qi, presidente del comité organizador. Según Pekín, los periodistas extranjeros podrán moverse libremente por el país durante la competición -actualmente tienen los movimientos restringidos- y disfrutar de acceso a Internet sin censura.
Las organizaciones de defensa de derechos humanos han pedido al Comité Olímpico Internacional (COI) que exija al Gobierno que respete sus promesas. Pero el COI ha respondido que aún es pronto para decir que las ha incumplido.