Han pasado ocho años del derrumbe del complejo Rana Plaza y vence este mes el acuerdo vinculante que firmaron las grandes marcas, para prevenir un nuevo desastre en el país, sin un compromiso firme por renovarlo
El mundo entero se escandalizó después de que muriesen 1.134 personas en la devastadora tragedia de Rana Plaza el 24 de abril de 2013 en Bangladés. Las imágenes espantosas mostraron cuerpos siendo extraídos de las ruinas tras el colapso de un complejo de fábricas textiles de ocho plantas en Daca y las familias horrorizadas que se encontraban allí, esperando a recibir noticias de sus seres queridos. Tras el desastre, las principales marcas negaron ser conocedoras de que sus prendas fuesen fabricadas allí, así que los activistas se vieron forzados a escarbar entre los escombros para encontrar etiquetas de marcas que identificasen a las empresas relacionadas con la fábrica.
Ocho años después los trabajadores textiles siguen perdiendo sus vidas trágicamente mientras fabrican nuestras prendas. En noviembre de 2020, 12 personas murieron en una explosión en una fábrica textil en Guyarat, India. En marzo de este año fallecieron 20 personas y docenas resultaron heridas después de un incendio en una fábrica de ropa en el Cairo, Egipto, y otras ocho murieron y 29 resultaron heridas cuando se derrumbó un edificio de 10 plantas en esa misma cuidad y en el mismo mes. Mientras tanto, en Gazipur, Bangladés, falleció una persona y otros 42 trabajadores salieron heridos en el incendio de una fábrica.
Como decíamos en abril de 2021 se cumplieron ocho años desde el colapso del edificio Rana Plaza, un complejo de nueve plantas con varios talleres textiles de Dacca, la capital de Bangladés. Esta es la peor tragedia en el sector que se recuerda, en la que murieron 1.134 personas. La mayoría de ellas habían dejado atrás la pobreza en las zonas rurales del país tras haber sido empleadas por subcontratas para trabajar para grandes marcas de moda. El día anterior al colapso se supo que habían aparecido grietas profundas en el edificio. Algunos empleados rogaron que no los enviaran adentro, o accedieron a hacerlo por miedo a perder sus salarios. En algún momento antes de las nueve de la mañana, los pisos comenzaron a caer dejando solo intacta la planta baja. Los sindicatos aseguraron que no fue un incidente laboral y lo llamaron un “homicidio industrial masivo”.
El colapso de Rana Plaza no fue el primero de estas características. Sin embargo, las historias de supervivientes y de sus familias se hicieron con las portadas de todo el mundo. Unas semanas después, nació el Acuerdo de Seguridad de Bangladés como un programa vinculante al que se unieron más de 200 marcas, algunas con empleados en el edificio derrumbado, para tomar medidas en el asunto y prevenir un desastre similar. Gracias a este Acuerdo, desde entonces se han llevado a cabo inspecciones periódicas para verificar las instalaciones de electricidad, las puertas contra incendios y la capacidad estructural de las fábricas. Sin embargo, “la situación cambió en mayo de 2019”, explica Christie Miedema, de la oficina internacional de la campaña Ropa Limpia, una red que trabaja para mejorar las condiciones laborales de la industria global de la confección.
En esa fecha, el Tribunal Supremo estipuló que la oficina del Acuerdo, con sede en Bangladés, continuaría operando en el país durante un período de transición de un año. “Durante este tiempo, las marcas, los sindicatos y la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa trabajarían para establecer una nueva institución, no vinculante, llamada Consejo de Sostenibilidad de prendas confeccionadas” (RSC por sus siglas en inglés), explica la portavoz de Ropa Limpia. Este se haría cargo de esas tareas a partir de entonces.
El Acuerdo inicial finaliza el 31 de mayo y la organización que representa Miedema teme que, sin la opción de responsabilizar a las marcas en los tribunales, resurjan los problemas de seguridad. La activista expone que desde entonces “ninguna marca o miembro minorista ha firmado un nuevo documento que sea legalmente exigible”. Aunque algunas compañías comienzan a darse cuenta de la necesidad de mostrar un compromiso mayor, casi todas están respondiendo con versiones diluidas del programa, afirma.
Ninguna marca o minorista que es miembro del Acuerdo ha firmado un documento que sea legalmente exigible a partir de ahora, según Ropa Limpia
Además, Miedema denuncia que algunas acciones importantes se están retrasando porque la nueva institución “no coopera adecuadamente”. Por ejemplo, seis meses después de asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad en los puestos de trabajo seguían sin cumplirse algunos compromisos importantes, como la contratación de un inspector de calderas, algo que las marcas y sindicatos acordaron desde el principio.
Del mismo modo, la activista señala que, de los 18 directores de la junta directiva de la nueva institución, 12 son representantes de empresas con derechos financieros, mientras que los representantes de los trabajadores constituyen solo un tercio de sus miembros. “Los representantes de los trabajadores pueden verse vencidos por los intereses corporativos de las marcas y los propietarios de las fábricas”, opina.
Hasta la fecha, en las revisiones rutinarias que se realizan bajo el Acuerdo, unas 200 fábricas han sido descalificadas por no cumplir requisitos y se han solucionado más de 120.000 problemas relacionados con incendios o problemas constructivos, según Ropa Limpia.
Aunque los edificios están en mejor estado que en 2013 gracias a las mejoras, Miedema adelanta que el trabajo “no está terminado”. Por ejemplo, queda pendiente la verificación de alarmas contra incendios correctamente instaladas en 1.200 fábricas, o las rutas de salida seguras garantizadas en caso de incidente en 900 de ellas.
Miedema recuerda que los incidentes en fábricas este mismo año en Marruecos, Egipto y Pakistán demuestran que es necesario trabajar en medidas de protección que sean adecuadas. Sobre todo teniendo en cuenta que, en muchos casos, las fábricas de prendas de vestir todavía se ubican en edificios que no están destinados a fines industriales porque la producción de la confección puede instalarse en cualquier lugar, ya que solo necesitan una máquina de coser.
Años atrás, al conocerse el derrumbe de Rana Plaza, Mainuddin Khondker, funcionario del Gobierno que había encabezado un grupo especial de inspección de fábricas de ropa reconoció a la cadena de radiotelevisión británica BBC que el 50% de ellas funcionaba con parámetros inseguros. Y admitió, también, que todavía no se había sancionado a ninguna por violar las reglas de seguridad o las normas de las construcciones.