Amnistía Internacional (AI) acusa al gobierno colombiano de haber convertido el departamento de Arauca en un laboratorio de pruebas de sus nuevas políticas de seguridad, que han incrementado las violaciones de derechos humanos y la impunidad, con el apoyo de EEUU y de las compañías petrolíferas que operan en la zona, incluida REPSOL YPF.
Por MARTA ARROYO
Diario EL MUNDO 21-04-2004
Amnistía Internacional (AI) acusa al gobierno colombiano de haber convertido el departamento de Arauca en un laboratorio de pruebas de sus nuevas políticas de seguridad, que han incrementado las violaciones de derechos humanos y la impunidad, con el apoyo de EEUU y de las compañías petrolíferas que operan en la zona, incluida REPSOL YPF.
La petrolera española es socia minoritaria de la estadounidense Occidental Petroleum, que actúa mediante un «contrato de asociación» con la colombiana Ecopetrol. La empresa estatal posee el 50% del oleoducto Caño Limón. El otro 50% es propiedad de Occidental Petroleum y de Repsol YPF.
Amnistía Internacional tiene indicios de que Repsol YPF contribuye a la violación de los derechos humanos, al financiar a miembros del Ejército y paramilitares para proteger el oleoducto del yacimiento de Caño Limón, de los ataques de la guerrilla, según su director en España, Esteban Beltrán.
Los grupos guerrilleros responden con vulneraciones reiteradas del derecho internacional humanitario al avance del ejército y los paramilitares, lo que ha provocado numerosas bajas civiles. Sólo en la localidad de Tame, 175 personas fueron asesinadas en 2003.
Ayuda para fines ilícitos
AI firma que Repsol YPF financia también la estructura de apoyo a la Fiscalía General, «que se encarga de facilitar las detenciones masivas injustificadas que realiza el Ejército contra civiles y defensores de los Derechos Humanos».
La organización humanitaria ha enviado su informe a REPSOL YPF y solicitará a la compañía que suspenda estas ayudas, si no tiene la certeza de que no se usan para violar los derechos fundamentales.
Asímismo, AI pide al nuevo Gobierno que revise la ayuda militar que España presta a Colombia, para garantizar que no se utiliza contra la población civil.
En su opinión, la Comunidad Internacional debe poner fin al periodo de gracia concedido al presidente Álvaro Uribe e instarle a cumplir las recomendaciones de la ONU.
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