Al inmigrante empobrecido se le niega el derecho a la palabra

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Juristas denuncian que Interior viola la ley y los derechos fundamentales con las «expulsiones en caliente». Han redactado un informe «Expulsiones en caliente» que denuncia que el estado actúa al margen de la ley. Con el PSOE y con el PP se cometían irregularidades manifiestas. Reproducimos la intervención de José Luis Segovia profesor de Ética Social en la presentación del informe, que denuncia que no puede haber ley sin justicia.

José Luis Segovia, profesor de Ética Social de la Universidad Pontificia de Salamanca, también firmante de este informe, cree que las devoluciones en caliente “suponen la negación del derecho a la palabra”, algo que “incluso al condenado a muerte no se le niega”. Afirmó que el derecho ha de colgar de la percha de la justicia, y puso como ejemplo que se cuida más la migración de las aves que las de las personas, insistiendo en la idea que lo que se está produciendo es una «negación de la palabra» al inmigrante empobrecido.

El desentendimiento de todos, y sobre todo de los directamente implicados en los procesos judiciales, no nos puede convertir en lo que se llamó «juristas del horror» en la Alemania nazi.

Ni siquiera se aplica la «injusta ley»

Hay una vulneración clara del derecho internacional y la normativa europea en estos temas.

Los juristas creen que el argumento de «frontera» del gobierno constituye “una ficción” sin cobertura legal, ya que en el caso de las playas, la frontera territorial no la puede crear “una línea imaginaria formada por los agentes de la Guardia Civil” como figura en un informe de febrero de 2014 de la Dirección Adjunta operativa citado por los expertos.

En el caso de las expulsiones que se producen en las estrechas zonas en las que se quedan atrapados los inmigrantes entre las vallas, los juristas consideran que son igualmente ilegales y que la frontera española no comienza una vez que se han superado todas las vallas, como sostiene Interior. «La valla externa que delimita en determinadas zonas estas ciudades de Marruecos y que fue levantada en un primer momento por el Gobierno español, está construida sobre territorio español», señala el informe.

En cualquier caso, aunque no fuera territorio español, el informe establece que debe aplicarse la ley de extranjería -con sus correspondientes garantías (asistencia letrada, intérprete…)- porque la expulsión la perpetran las autoridades españolas, y por tanto están sujetos a la ley española.

También afirmaron que ni siquiera se aplica el tratado hispano-marroquí porque obliga al gobierno español ha realizar una solicitud al gobierno marroquí, para devolver personas a sus fronteras, y de todos modos, señalaron, que este acuerdo no puede estar por encima de otras leyes o directivas europeas…

En concreto, las devoluciones en caliente supondrían la comisión de delitos de coacciones, de obstaculización del acceso a un abogado y de prevaricación de funcionario público, según detalló la catedrática de derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid Mercedes Pérez Manzano durante la presentación del informe.