Efe-Barcelona.
Amnistía Internacional (AI) ha pedido hoy al Gobierno español que limite y controle la venta de armas de empresas españolas a Israel porque «se podrían estar utilizando para vulnerar los derechos fundamentales», según ha explicado hoy el director de la sección española, Esteban Beltrán.
El representante de AI ha añadido que en los últimos cinco años España ha exportado armas a Israel por más de 14 millones de euros y «nadie ha aclarado para que han sido utilizadas estas armas».
Esteban Beltrán ha dado a conocer estos datos en la presentación del informe «Israel y los Territorios Ocupados. Bajo los escombros: demolición de viviendas y destrucción de tierras y bienes». Más de 3.000 viviendas de palestinos han sido derruidas por Israel en los últimos tres años y medio, según los datos recogidos por técnicos de AI durante dos años de trabajo.
La demolición de casas ha alcanzado «proporciones sin precedentes» durante los últimos años y se pueden calificar «claramente de crímenes de guerra», que «vulneran los derechos humanos y los tratados internacionales firmados por Israel», según Beltrán.
La principal «excusa» bajo la que se escuda el gobierno de Ariel Sharon para destruir viviendas son las «necesidades militares y de seguridad», según el informe, que aclara que los «criterios de seguridad son sumamente amplios» y esconden una política de «castigo colectivo». La crueldad de esta medida queda ejemplificada en el caso de Nabila al-Shu’bi, una mujer de 40 años y embarazada de 7 meses a la que dejaron morir bajo los escombros de su casa porque, tras derruir el edificio, Israel decretó el toque de queda en toda la zona durante una semana y no dejó que nadie la buscara. El tío y la tía de Nabila, ya ancianos, sobrevivieron, a pesar de haber pasado toda la semana atrapados bajo los escombros, según detalla el informe.
Este documento aclara que, además de las personas que mueren y de las que se quedan sin casas, muchas otras pierden todas sus pertenencias porque los derrumbes se hacen a menudo sin aviso previo. En los derrumbes por «razón de seguridad» suelen utilizarse bulldozers, pero cuando se trata de la vivienda de la familia de un presunto terrorista el ejército dinamita la casa con cargas explosivas, un sistema que propicia que las viviendas colindantes queden afectadas.
El 10 por ciento del terreno agrícola de Gaza ha sido destruido en los últimos años para construir infraestructuras para el ejército o los colonos, o para dejar libres zonas de seguridad. Asimismo, el 90 por ciento del muro que se está construyendo está dentro de territorio ocupado, con las consiguientes destrucciones de viviendas.
Todos estos desalojos de palestinos realizados en los últimos años por Israel vulneran el derecho internacional humanitario, según el informe de AI, que ha pedido al gobierno israelí que ponga fin a la demolición de viviendas. Esta organización también ha pedido a la comunidad internacional que tome medidas para garantizar que Israel cumple con las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional. Por último, AI ha exigido a EEUU que detenga la venta o transferencia a las fuerzas israelíes de armas y material que se utiliza para realizar actuaciones ilegales, como los bulldozers de la empresa Caterpillar.
