La guerra es un negocio, lo es porque se aprovecha con violencia de recursos de otros, pero también es negocio porque en sí misma genera uno de los grandes movimientos de capitales a través de la venta de armamento.
España no se queda atrás en este negocio Entre 2007-2011 España exportó armas convencionales por valor de 3.408 millones, tres veces más que cinco años atrás. Las exportaciones en Defensa no han dejado de crecer un solo año. En 1996 nos situábamos en el puesto 16 del mercado mundial armamentístico y en 2011 nos convertimos en el séptimo país exportador de armamento del mundo con un valor de ventas de 2.431 millones de euros. La última etapa de gobierno socialista pasará a la historia como la del gran salto de las exportaciones de la industria nacional de armamento.
Y es que cuando hablamos de comercio de armas no hablamos de libre mercado… Es el gobierno el que filtra las operaciones. Las empresas armamentísticas buscan el acuerdo con Gobiernos, proveedores de ejércitos extranjeros, empresas de seguridad, etc.… y ese acuerdo se lleva a una mesa oficial donde se reúnen varios ministerios, la JIMDDU (Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Defensa y de Doble Uso). Esta Mesa oficial es la única que puede autorizar las operaciones… Ahí está la responsabilidad de nuestros gobiernos. La JIMDUU tiene su origen en 1971. En un primer momento sólo competía a un solo ministerio y es en 1978, pocos días antes de promulgar la Constitución cuando se convierte en interministerial para ampliar el campo de acción a todo el comercio exterior de armas. Las actas son secretas, aparte de balances semestrales no hay registro público de las reuniones mensuales que mantienen.
El negocio ha ido incrementándose a lo largo de estos últimos años. En 2003 hablamos de un valor de 383 millones de euros y en 2004 no pasaba de 405 millones. En los ejercicios 2007, 2008 y 2009 llegó a los 1.000 millones de euros y en el año 2011 la industria armamentística da el gran salto, de 1.128 en 2010 millones a más del doble con un montante de 2.430 millones. El avance se da gracias al éxito de Navantia (que proviene de la fusión de las empresas públicas españolas que integraban Astilleros Españoles) en las exportaciones de barcos de guerra, que concentraron el 66,5% del valor de las exportaciones, y por otro, los aviones de Airbus Military, que supusieron un 30% de las ventas.
Durante 2011, el principal mercado de la industria de la Defensa nacional son los países de la OTAN. Noruega con 362 millones, Gran Bretaña con 277, Estados Unidos con 115 y Alemania con 113 millones de euros fueron los mejores clientes. Fuera de la Alianza Atlántica algunos de nuestros clientes son según datos del SIPRI (Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo):
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Venezuela: el primer país receptor de armamento español compró material, casi todo barcos, por valor de 567 millones de euros
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Australia con 424 millones de euros.
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Malasia: compró submarinos Scorpene mediante un acuerdo en el que participaba Francia por valor de 1200 millones.
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Bahrein, Arabia Saudí, Yemen y Egipto: en plena Primavera Árabe, cuando miles de manifestantes eran víctimas de la represiones violentas por parte de sus gobiernos, España exportó armas y material de defensa por valor de más de 10.5 millones de euros.
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En 2011 suspende las ventas a Libia (que llegan tarde) solo en la primera mitad de 2010, Libia recibió por parte de empresas españolas material militar para aeronaves por valor de 3,3 millones de euros. En 2009, Libia también fue uno de los destinos principales de los materiales de doble uso (policial y militar) fabricados en España: más de 12 millones de euros en radares para navegación y control del tráfico aéreo civil con repuestos para mantenimiento, así como en sustancias químicas para uso académico. Una de las empresas que vendió bombas de racimo, antes de que fueran prohibidas a la Libia de Gadafi, fue Instalaza, de la que era consejero el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés. Por razón del negocio, del beneficio sin escrúpulos, el ministro Morenés llegó afirmar hace unos meses que estaba justificado el comercio de armas a países donde se violan los derechos humanos “porque nada es perfecto en política”. Pero con las armas ¿es que se puede hacer otra cosa que no sea violar los derechos humanos?
España se está convirtiendo en uno de los grandes mercaderes de la muerte. Podemos relatar la historia de Maxam Corp. como muestra. Maxam Corp. es un holding que agrupa a seis empresas en España, entre ellas Explosivos Alaveses (Expal); durante años se dedicó a la fabricación de minas anti persona y de las peligrosas bombas de racimo. Desde que se prohibiese la fabricación y comercialización en España de ambos artefactos, Expal se dedica a su desactivación y destrucción.
Fabricar armas para venderlas es negocio, destruirlas después también. Los beneficios crecen para las empresas de armamento en proporción directa a los muertos y mutilados por las armas que fabrica y al dolor de sus familias. Quiera o no quiera el gobierno, cada vez que la mesa oficial que autoriza estas operaciones de muerte se reúne, las víctimas están encima de ella y su clamor les hace responsables de tanto sufrimiento provocado.
