Los asesinatos y las amenazas de muerte contra sindicalistas en Colombia y en Iberoamérica en general están en aumento, según la última edición del Informe mundial de la CIOSL sobre las violaciones de los derechos sindicales, que sale hoy en Bruselas.
En toda la región, 114 sindicalistas fueron asesinados, 456 recibieron amenazas de muerte, 120 fueron víctimas de tortura, palizas o sufrieron lesiones, más de 200 fueron detenidos y cerca de un millar fueron despedidos arbitrariamente en 2004. La gran mayoría de estos eventos tuvieron lugar como resultado directo de acciones sindicales legítimas.
Tan sólo en Colombia, 445 activistas sindicales recibieron amenazas de muerte y 99 fueron asesinados – nueve más que en 2003. En la provincia de Arauca, tres dirigentes sindicales fueron asesinados a sangre fría por el ejército. Dos de ellos, Héctor Alirio Martínez y Jorge Eduardo Prieto Chamusero, se beneficiaban desde 2002 de medidas de protección expedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El año estuvo marcado por continuos y cada vez más violentos ataques del gobierno, los empleadores y los tribunales contra la negociación colectiva, el derecho de huelga y el concepto mismo del diálogo social. Las celebraciones del Primero de Mayo fueron duramente reprimidas por la policía, dejando 12 personas gravemente heridas.
Los abusos de los derechos sindicales adoptaron formas extremas en las «maquilas» (empresas situadas en las Zonas Francas para la Exportación al Norte enriquecido) de América Central y México. En la maquila «John Garment» de Nicaragua, se denegó a una trabajadora permiso de ir al baño y a raíz de las presiones a que se vio sometida, tuvo un aborto en la fábrica. Al finalizar su semana de reposo fue despedida. Las mujeres, que constituyen hasta el 80% de la mano de obra en las maquilas, son continuamente víctimas de discriminación, incremento de la jornada laboral, falta de beneficios y acoso sexual.
La violencia al estilo colombiano, incluyendo las amenazas de muerte y el asesinato de sindicalistas, se ha generalizado igualmente en otros países iberoamericanos. Dos sindicalistas fueron también asesinados en Guatemala. El primero se había destacado por su papel en la lucha contra la corrupción local. El otro había sufrido ya antes otro atentado y recibido múltiples amenazas, como que se violaría a sus hijas si continuaba con su militancia a favor de los trabajadores/as o si daba parte a las autoridades de los incidentes. A pesar de haber denunciado su situación, las autoridades no le otorgaron protección alguna. Al igual que en muchos otros casos, las investigaciones oficiales sobre su muerte no dieron ningún resultado.
Dos miembros de una organización de la Organización Nacional de Campesinos (ONAC) murieron en Paraguay cuando la policía abrió fuego contra el camión que los transportaba al lugar donde estaba previsto organizar una protesta contra el empleo de substancias tóxicas en la agricultura. En Brasil un destacado miembro del sindicato de trabajadores rurales fue asesinado en su domicilio, en tanto que una visita a El Salvador para ayudar a los sindicatos locales a organizar a los trabajadores del transporte, le costó la vida a Gilberto Soto, del sindicato estadounidense International Brotherhood of Teamsters, asesinado por unos matones.
En la República Dominicana ocho personas murieron y muchas otras resultaron heridas en enfrentamientos con la policía durante una huelga general organizada por los sindicatos junto con otras organizaciones populares. En Haiti, los ataques contra los sindicalistas, que se iniciaron en enero con la detención de nueve hombres y una mujer que permanecieron en prisión durante un mes tras un registro en las oficinas del sindicato, continuarían tras la caída del Presidente Jean-Bertrand Aristide en febrero. El nuevo gobierno despidió a los docentes en huelga y un delegado del sindicato de chóferes fue asesinado.
En el resto del continente, sindicalistas independientes siguen encarcelados en Cuba, el Presidente Chávez de Venezuela auguró públicamente que la central sindical nacional CTV «se va a volver polvo cósmico». Varios sindicalistas fueron agredidos y otros detenidos durante una violenta disputa en la planta embotelladora de Coca Cola en Perú, donde además un dirigente sindical escapó a un intento de asesinato y la hija de un trabajador de la construcción fue secuestrada después de que su padre hubiese recibido numerosas amenazas. Sin embargo, en septiembre los trabajadores de la construcción firmaron un convenio colectivo con la Cámara Peruana de la Construcción, tras 13 años de lucha reivindicando el derecho a negociar un convenio sectorial.
Entre tanto, en los Estados Unidos, los empleadores siguen recurriendo a las tácticas antisindicales que permite la ley, como contratar consultores para terminar con los sindicatos, obligar a los trabajadores a asistir a reuniones antisindicales, amenazar con trasladar las plantas y cuestionar las elecciones sindicales para bloquear las negociaciones colectivas, en ocasiones durante años.
Uno de los pocos eventos positivos que cabe mencionar es que la compañía Wal Mart, reputada por mostrarse firmemente antisindical, se vio obligada a reconocer al sindicato en una de sus tiendas en Canadá, que se convierte así en el único establecimiento sindicalizado de Wal Mart en todo el mundo.
CIOSL
19 de octubre de 2005