El tres de marzo pasado la Justicia argentina ordenó el desalojo de la comunidad mapuche de Santa Rosa Leleque, de unas tierras de la Patagonia al sur del país, tras argumentar que pertenecen a la compañía trasnacional Benetton.
La decisión judicial se emitió dos días después de que la presidenta argentina, Cristina Kirchner, anticipara en su discurso en el Congreso el envío de un proyecto de ley de propiedad de la tierra destinado a limitar la compra de tierra por parte de extranjeros. Pese al anuncio, el veredicto judicial volvió a favorecer a la denominada «extranjerización».
¿Ocupación ilegal o derechos originarios?
En Argentina viven aproximadamente 105.000 personas pertenecientes a la etnia mapuche. Desde los tiempos de la colonia sus representantes reivindican sus derechos sobre terrenos cercanos a la cordillera de los Andes (las denominadas tierras Wallmapu, de Argentina y Chile) por considerarlos destinados a ellos por las deidades. Este argumento les parece poco convincente, tanto a las compañías transnacionales como al Gobierno que, según los líderes indígenas, hace caso omiso a la situación.
La disputa judicial entre la Compañía de Tierras Sud Argentino SA., perteneciente al gigante textil italiano Benetton, y la comunidad mapuche de Santa Rosa Leleque ha durado más de cuatro años y culminó con la sentencia que obliga a los indígenas a abandonar en el transcurso de 10 días las tierras del empresario Luciano Benetton. El territorio en disputa son 500 hectáreas. Desde el año 2007, los mapuches han ido denunciando discriminaciones y atropellos al pueblo originario, que supuestamente se hacían con el objetivo de recuperar los terrenos. En total, los «colores unidos», el mayor latifundista de Argentina, poseen más de 970.000 hectáreas entre las provincias de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Chubut.
La expansión de los «colores unidos»
El grupo Benetton llegó a Argentina en el año 1991 en plena época «menemista». El Gobierno realizaba privatizaciones de empresas estatales, lo que le permitió a la transnacional adquirir una buena parte de las acciones de la empresa Terra Ciudad Argentina. Este fue un punto de inflexión para la comunidad aborigen, cuyas tierras ancestrales oficialmente pasaron a formar parte de la propiedad de la empresa italiana.
Los nuevos dueños de las tierras no tardaron en reclamar sus derechos. A partir del año 2001, a los territorios mapuches ingresaron compañías mineras, agropecuarias y petroleras que complicaron aún más la situación ya existente. Los indígenas en varias ocasiones han denunciado usurpación y opresión, así como el rol contaminante de las empresas extractivas, pero las últimas, junto con las textiles, siguieron expandiendo sus latifundios.
Hay al menos 8,6 millones de hectáreas en conflicto entre indígenas y multinacionales
Según una investigación del diario argentino Página/12, existen al menos 8,6 millones de hectáreas en disputa entre comunidades aborígenes y compañías multinacionales. Al mismo tiempo, según datos de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), al menos 600.000 aborígenes (de los 2 millones que reconoce Argentina en su territorio) se vieron afectados por la expansión de las empresas.
Este año electoral debe de ser clave en la resolución de la situación de la comunidad que ha elegido como su lema la frase «la tierra robada será recuperada». Si la anunciada ley contra la extranjerización de tierras entra en vigor, es posible que la situación cambie. Sin embargo, la reciente resolución judicial ha mostrado una intención completamente opuesta.