En los años 1988 y 1989 el Banco Santander ofreció a sus clientes un producto denominado cesiones de nuda propiedad de crédito, conocido como cesiones de crédito, que entre sus características incluía la opacidad fiscal. La noticia no fue destacada en ningún medio de comunicación , tampoco en los especializados, que no en vano el SCH es un importante anunciante y los Botín mantienen espléndidas relaciones con todos los medios de comunicación. Pero no por ello deja de ser noticia: la juez Teresa Palacios aceptó la querella, por delito societario, presentada por el abogado Francisco Franco, contra Emilio Botín y José María Amusátegui. Y ahora veremos si «La Justicia es como la telaraña que atrapa al bicho chico pero el grande la rompe». Según CERES TV las presiones sobre Teresa Palacios son tremendas, difícilmente soportables. hora algunos han iniciado una maniobra desesperada, de modo que están haciendo correr la voz por Madrid de que Teresa Palacios habría dicho "archivo, si hay algo para mí…"
En los años 1988 y 1989 el Banco Santander ofreció a sus clientes un producto denominado cesiones de nuda propiedad de crédito, conocido como cesiones de crédito, que entre sus características incluía la opacidad fiscal. La noticia no fue destacada en ningún medio de comunicación , tampoco en los especializados, que no en vano el SCH es un importante anunciante y los Botín mantienen espléndidas relaciones con todos los medios de comunicación. Pero no por ello deja de ser noticia: la juez Teresa Palacios aceptó la querella, por delito societario, presentada por el abogado Francisco Franco, contra Emilio Botín y José María Amusátegui. Y ahora veremos si «La Justicia es como la telaraña que atrapa al bicho chico pero el grande la rompe».
La Audiencia Nacional ha rebajado de 138 a 38 las presuntas imputaciones
Una de cal y otra de arena en el caso de las cesiones de crédito. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizó, en un auto fechado el lunes pero hecho público ayer, a la jueza Teresa Palacios para que abra juicio oral contra el actual presidente del SCH, Emilio Botín, y varios ex directivos del entonces Banco Santander acusados de haber cooperado en la comisión de 38 delitos fiscales y por incurrir en falsedad documental.
Pero, al mismo tiempo, rebaja de 138 a 38 los presuntos delitos fiscales por los que se acusa a Emilio Botín, Rodrigo Echenique (ex consejero delegado del Santander y actualmente consejero y miembro de la Comisión Ejecutiva del SCH), José Ignacio Uclés (ex jefe de la Asesoría Jurídica del Santander) y Ricardo Alonso Clavel (antiguo jefe contable central y director general adjunto del Santander).
También se limita, en iguales términos, el presunto delito de falsedad continuada.
HUECOS DE LA LEY
El auto estima parcialmente los recursos presentados por éstos y por el propio SCH y considera que con las cesiones de crédito realizadas antes de 1989 el antiguo Santander «se limitó a favorecer a sus clientes con los huecos de la legislación fiscal», por lo que «ningún reproche delictivo es imputable al banco».
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considera que, respecto del centenar de supuestos delitos cometidos en 1988, «sólo cabe hablar de un encubrimiento atípico con consecuencias administrativas». Por este motivo, el auto declara la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar estas cesiones de crédito y las envía a los juzgados de instrucción correspondientes, según la ciudad en la que se efectuaron.
IDENTIDAD «INVERAZ»
Esta argumentación no es válida para las cesiones de crédito realizadas en 1989, para los inversores que no habían hecho la correspondiente Declaración de la Renta y para los que presuntamente el antiguo Santander facilitó a Hacienda una identidad «inveraz».
En este caso, la Audiencia Nacional entiende que el banco cometió «un supuesto de participación en el delito fiscal de los inversores, desde el momento en que por un acto anterior a la comisión del supuesto delito se coopera al mismo con la información inveraz que se proporciona a Hacienda sobre la titularidad de los verdaderos inversores».
Respecto a si el presunto delito debe ser o no tipificado como falsedad, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional asegura que deberá determinarse en juicio oral. O, si corresponde, en el auto de apertura de juicio que deberá dictar ahora la jueza titular del Juzgado Central de Instrucción número tres, Teresa Palacios.
«La alegación de falsedad ideológica requiere un más amplio debate y la práctica de prueba en el juicio oral, caso de celebración del mismo, y es un tema que debe diferirse para la sentencia, supuesto que haya acusación por esta tipicidad, y toda vez que se constata que en ocasiones se crean documentos falsos y no sólo la transmisión de datos inveraces», señala el auto.
Tres etapas
El auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considera que en el caso de las cesiones de crédito pueden distinguirse tres etapas.
«En una primera se oferta un producto financiero opaco aprovechando el vacío legal en torno al mismo», señala. Aquí, el tribunal entiende que «ningún reproche delictivo es imputable al banco».
«Al iniciarse la inspección por la Agencia Tributaria empieza la resistencia a proporcionar la verdadera identidad de los inversores que ya han hecho su declaración», sigue el auto.
«Respecto de inversores que todavía no habían hecho su declaración, la correspondiente al ejercicio de 1989, se pone en su conocimiento que a Hacienda se ha dado un traslado inveraz de la identidad» de éstos, insiste la Audiencia, que aquí sí ve «un supuesto de participación en el delito fiscal de los inversores».
El banco reitera «la absoluta legalidad» de sus actuaciones
Dice que «finalmente se archivará en su totalidad esta causa»
El Santander Central Hispano interpreta que el auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional «reconoce explícitamente lo que el banco ha venido sosteniendo desde hace ya 11 años, cuando se iniciaron estas diligencias previas: que la comercialización de las cesiones de nuda propiedad crediticia se desarrolló dentro de la más estricta legalidad».
El comunicado hecho público ayer por la entidad destaca que el auto concluye «que ningún reproche delictivo es imputable al banco, que se limita a favorecer a sus clientes con los huecos de la legislación fiscal» y que la Audiencia estima parcialmente el recurso de queja de la Abogacía del Estado. Ésta, en representación de la Agencia Tributaria, y el Ministerio Fiscal han solicitado, desde 1996, «el sobreseimiento y archivo de la causa respecto del banco y sus directivos».
REDUCCIÓN
«En lo que afecta al banco, el procedimiento queda reducido a 38 clientes, respecto de los cuales el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal también han solicitado el sobreseimiento y archivo, por entender que no han cometido delito alguno», señala el comunicado del SCH.
A partir de este auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, deberán pronunciarse de nuevo el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal sobe la calificación de los hechos investigados y la eventual petición de sobreseimiento.
«El banco reitera, una vez más, la absoluta legalidad de todas sus actuaciones en los hechos investigados y, por consiguiente, tiene el pleno convencimiento de que finalmente se archivará en su totalidad esta causa, lo que se propone defender en todas las instancias que procedan».
SIN CAMBIOS
En este sentido, el presidente del SCH, Emilio Botín, no se plantea dimitir de su cargo por el caso de las cesiones de crédito, pese a que la Audiencia Nacional ha dado vía libre a la juez Teresa Palacios para abrir juicio oral contra él y varios ex directivos de la entidad por presuntos delitos fiscales y de falsedad documental.
Fuentes del banco aseguraron a Efe que Botín «no va a dimitir», ya que ni las normas legales en vigor, ni el código de buen gobierno corporativo del propio SCH, ni las del Banco de España le obligan a ello.
No es de la misma opinión la parte querellante, que considera que Botín debería abandonar la presidencia del SCH si la juez Teresa Palacios decide iniciar el juicio oral con el banquero como imputado.
PREVARICACIÓN
Por su parte, el diputado de Iniciativa per Catalunya (IC) Joan Saura aseguró ayer que la autorización de la justicia para la apertura del juicio oral contra Emilio Botín en el caso de las cesiones de crédito «pone en clamorosa evidencia» al fiscal general del Estado «porque su actuación rozó la prevaricación».
Saura, personado en esta causa como acusación popular, mostró su «satisfacción» por la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de autorizar a la juez Teresa Palacios a abrir juicio oral contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y varios ex directivos de la entidad, por haber cooperado en la comisión de 38 delitos fiscales al comercializar las cesiones de crédito. La magistrada podrá ahora abrir la vista oral contra Botín, lo que a juicio de Saura también deja «en evidencia la responsabilidad del Gobierno del PP», al no haber trasladado la causa a la Fiscalía Anticorrupción, «el organismo competente en estos casos», y en cambio haber pedido el archivo del caso.
EL FISCAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL EDUARDO FUNGAIRIÑO MANTIENE LA INEXISTENCIA DE INDICIOS DE DELITO
Como se recordará, la juez imputó a 149 personas, entre las que figuraban el presidente del
SCH, Emilio Botín, y varios de sus directivos por delito fiscal y falsedad. También aparece
como imputado el ex Consejero de Obras Públicas de Eduardo Zaplana. El fiscal entiende que es
inviable el juzgar a 149 personas cuando no existe concierto o relación entre ellas. «No puede ni
debe tener lugar en ningún tribunal, ni siquiera en la Audiencia Nacional», subraya Fungairiño,
quien mantiene la inexistencia de indicios de delito en los cinco directivos del banco.
La juez Teresa Palacios rechazó el recurso presentado por el fiscal de la Audiencia Nacional
Eduardo Fungairiño en el que éste solicitaba el archivo del caso de las cesiones de crédito del
Banco Santander por entender que no existía delito alguno. El fiscal interpuso recurso
de queja contra la decisión de la magistrada.
LAS PRESIONES SOBRE TERESA PALACIOS SON TREMENDAS
Según CERES TV las presiones sobre Teresa Palacios son tremendas, difícilmente soportables.
Ahora algunos han iniciado una maniobra desesperada, la maniobra del abogado loco dispuesto a jugar la última carta de una supuesta corrupción de la juez, de modo que están haciendo correr la voz por Madrid de que Teresa Palacios habría dicho «archivo, si hay algo para mí…»
Siguen despreciando a la juez, ninguneándola como durante años hiciera Ignacio Benjumea, responsable del área jurídica y mano derecha para asuntos legales del señor Botín, en contra del criterio del gran Matías (que gran vigía para la cofa del Albatros), que se ha tomado muy en serio a la juez, a pesar de aquel inicial «que se ande con ojo esta chica, que ya sabe cómo terminó el juez Liaño…»