Un estudio denuncia el «mobbing» a las personas que tienen pisos de renta antigua en centros históricos… 675.000 mayores de 65 años viven en pisos sin ascensor y 16.000, sin lavabo, 31.000 ancianos están en riesgo de desahucio por no poder pagar el alquiler
El estudio de Jordi Bosch denuncia el «mobbing» a las personas que tienen pisos de renta antigua en centros históricos.
675.000 mayores de 65 años viven en pisos sin ascensor y 16.000, sin lavabo, 31.000 ancianos están en riesgo de desahucio por no poder pagar el alquiler
La población de más de 65 años que vive en Catalunya ha superado la cifra del millón de personas. Pero hay un dato que preocupa más que el envejecimiento de la población, que es la precariedad de las viviendas donde residen. Más de 8.000 ancianos están en viviendas consideradas ruinosas por el censo, unos 6.600 no disponen de agua corriente y 16.000 están sin lavabo, según datos recogidos en el estudio Envejecimiento y vivienda,elaborado por el arquitecto Jordi Bosch y presentado ayer en Barcelona.
En una previsión de futuro a 15 años, Jordi Bosch, autor del estudio, señala que «el envejecimiento está cambiando de una manera no uniforme en Catalunya» y ha dejado de ser un fenómeno rural para trasladarse a un entorno urbano, en el área metropolitana y las comarcas del litoral barcelonés. «Lo más preocupante de cara a los próximos años será el sobreenvejecimiento, los mayores de 75-80 años que deberán sobrellevar sus crecientes limitaciones físicas en unas viviendas inadecuadas», estima Jordi Bosch. Y hasta ahora las políticas sociales se han dirigido a los jóvenes.
Uno de los datos más preocupantes del estudio es la falta de ascensor en edificios construidos entre 1950 y 1980, de tal modo que hay 673.738 mayores, de los cuales 140.137 son discapacitados, que viven en pisos sin ascensor. Se calcula que en conjunto un 75% de nuestros jubilados vive en edificaciones no accesibles.
Para el autor, el origen del problema residencial está en que los ancianos catalanes viven en viviendas más antiguas y deficientes, menos accesibles y peor equipadas, que el resto de la población y son el grupo más numeroso entre los pobres. En este colectivo cada vez hay más mujeres y de mayor edad. Curiosamente, su grado de satisfacción sobre la vivienda es superior al del resto de la población. La causa hay que buscarla en lo que el autor llama la «mudez social de la vejez: una combinación de conformismo, resignación y falta de representación social».
Aunque el 85% de los jubilados catalanes son propietarios de su vivienda, otro de los problemas graves que señala el estudio es el del alquiler, complicado con el acoso inmobiliario que sufren, especialmente aquellos que viven en los centros históricos de las grandes ciudades. Los que han podido mantener pisos de renta antigua, es decir, el régimen de alquiler indefinido con actualizaciones muy bajas, son víctimas del llamado mobbing inmobiliario. Para el propietario se trata de inquilinos que no hacen rentable el piso, lo que en el argot del sector se conoce con el nombre de bichos. El porcentaje de estos alquileres de renta antigua sometidos a prórroga forzosa es más alto entre los ancianos. Y al margen de la presión que puedan recibir para su abandono, existe el problema de la degradación por falta de mantenimiento que sufren unas viviendas poco rentables para sus dueños.
«El acoso inmobiliario desaparecerá porque conseguirán echar a los inquilinos o porque los contratos se extinguirán con la muerte de los arrendatarios, pero lo que aumentará es la insolvencia de los mayores que no son propietarios de una vivienda», ha señalado Jordi Bosch. Según el autor, los mayores tienen un problema de accesibilidad económica al mercado libre de alquiler «porque el listón es cada vez más alto y no pueden llegar con sus pensiones». Y mucho menos al mercado de compra.
Otro dato preocupante, recogido en ese trabajo, indica que unos 31.000 ancianos tienen dificultades para pagar la vivienda a finales de mes y otros 31.000 podrían ser desahuciados de su piso y perder su vivienda.
El estudio, galardonado con el premio Rogeli Duocastella 2004 que otorga La Caixa, parte de datos extraídos del censo del 2001 y complementados con otros procedentes de los ayuntamientos. Además del análisis de la situación de esas residencias, propone diversas líneas de actuación para hacer frente al problema de vivienda. Entre las propuestas formuladas están, entre otras, crear un parque de viviendas tuteladas (para casos extremos como desahucio, ruina, imposibilidad de adecuar el piso); ayudar a mejorar el estado de conservación y de accesibilidad de los edificios donde vive gente mayor (especialmente para la instalación de ascensores), eliminar el acoso inmobiliario y mejorar la financiación disponible para la gente mayor, además de crear una línea de ayuda económica directa para quienes tienen problemas para el pago del alquiler.
Bosch señala la necesidad de fomentar la inversión pública en políticas de vivienda para los ancianos, algo que «sería rentable» ya que provocaría «un descenso en el gasto sanitario y asistencial». El problema es que en algunos edificios antiguos no hay solución porque hay poco espacio y son difíciles de adaptar.
La mayoría de pisos ruinosos se encuentran en los centros históricos de las ciudades, especialmente en Barcelona, debido a su «densidad demográfica» y concretamente en los distritos de Ciutat Vella y el Eixample. Con la jubilación, algunos ancianos optan por convertir su segunda residencia, alejada de centros urbanos, en primera. Para Bosch, ello provoca «un aislamiento social, ya que el coche se convierte en la única manera de llegar y esto es un problema cuando el anciano ya no puede conducir».
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