La Unión Europea debe aplazar la conferencia de donantes prevista para este año hasta que Colombia cumpla sus compromisos fundamentales en materia de derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch. Nos preocupa seriamente la propuesta legislativa presentada por el Gobierno de Colombia en septiembre, que amenaza con otorgar impunidad a personas que han planeado, sufragado y, en ciertos casos, llevado a cabo algunos de los actos más atroces cometidos en el Hemisferio. La Unión Europea debe insistir también a que el Gobierno de Colombia adopte medidas para acabar con el dominio paramilitar en el Valle del Magdalena Medio, que incluye la ciudad de Barrancabermeja, donde los grupos de derechos humanos y de ayuda humanitaria financiados por la UE se enfrentan a las amenazas y los ataques de los paramilitares…
(Bruselas, 10 de febrero de 2004) — La Unión Europea debe aplazar la conferencia de donantes prevista para este año hasta que Colombia cumpla sus compromisos fundamentales en materia de derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch. El Presidente de Colombia Álvaro Uribe, quien se dirigirá hoy al Parlamento Europeo en Estrasburgo, ha incumplido el acuerdo suscrito el año anterior con los países donantes y las Naciones Unidas para aplicar 24 recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Los compromisos incumplidos incluyen una promesa de no respaldar propuestas legislativas que permitan que las Fuerzas Armadas realicen allanamientos y capturas sin previa orden judicial-fórmula para el aumento de la tortura y la desaparición forzada. Tampoco se ha cumplido el compromiso de romper los lazos entre los grupos paramilitares y unidades de las Fuerzas Armadas de Colombia.
«Colombia se encuentra en un momento decisivo y la posición de la Unión Europea será determinante», señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. «El Presidente Uribe necesita escuchar que tendrá que atenerse a sus promesas», agregó.
La Unión Europea ha prometido un paquete de ayuda a Colombia de 330 millones de euros (410 millones de dólares) que finaliza en 2006. A diferencia de los fondos de Estados Unidos, que se asignan principalmente a las Fuerzas Armadas de Colombia, casi toda la ayuda europea se destina a la sociedad civil y a la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia. Europa es el principal donante para los programas humanitarios, de derechos humanos y de paz en Colombia.
En el mes de julio anterior, Estados Unidos y ocho países donantes se reunieron con el Gobierno colombiano en Londres y prometieron que aumentarían su apoyo financiero a cambio de avances en materia de derechos humanos.
Otro golpe para las víctimas de abusos contra los derechos humanos es la propuesta del Alto Comisionado para la Paz de Colombia que pretende que los líderes paramilitares puedan evitar la prisión a cambio de pagos monetarios, borrando esencialmente su historial delictivo. Dicho acuerdo no serviría para evitar los abusos y, de hecho, invitaría a la guerrilla a seguir cometiendo crímenes, ya que el gobierno podría concederles, eventualmente, las mismas condiciones.
La Unión Europea debe insistir también a que el Gobierno de Colombia adopte medidas para acabar con el dominio paramilitar en el Valle del Magdalena Medio, que incluye la ciudad de Barrancabermeja, donde los grupos de derechos humanos y de ayuda humanitaria financiados por la UE se enfrentan a las amenazas y los ataques de los paramilitares. Se debe insistir al Presidente Uribe a utilizar sus facultades para separar del servicio a los miembros de las Fuerzas Armadas que no adopten medidas efectivas contra los paramilitares.
«Los miembros del Parlamento Europeo deben escuchar lo que tenga que decir el Presidente Uribe, pero también deben hacerle saber que Colombia debe cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos», señaló Vivanco.
ASPECTOS RELEVANTES DEL DISCURSO DE JOSÉ MIGUEL VIVANCO (HUMAN RIGHTS WATCH) ANTE EL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA
Washington, D.C., 6 de febrero de 2004
1. Es crucial, teniendo en cuenta lo acontecido hasta ahora en Colombia, que la OEA adopte medidas para asegurarse que no confiere legitimidad internacional a un proceso que otorga impunidad a los autores de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, muchos de los cuales también son responsables de actos de terrorismo y narcotráfico. Por esta razón, nos preocupa seriamente la propuesta legislativa presentada por el Gobierno de Colombia en septiembre, que amenaza con otorgar impunidad a personas que han planeado, sufragado y, en ciertos casos, llevado a cabo algunos de los actos más atroces cometidos en el Hemisferio.
2. Es inaceptable y contrario al Derecho Interamericano que el Gobierno de Colombia pretenda, y el Secretario General de la OEA consienta, que los temas de justicia formen parte del fuero interno y que la OEA no pueda pronunciarse al respecto.
3. Antes de reanudar cualquier acuerdo de verificación, la OEA debe asegurarse de que Colombia fije criterios claros que garanticen que los más graves crímenes contra la humanidad y otras violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario sean debidamente investigados y sus autores enjuiciados. Esto debe hacerse de conformidad con los tratados relevantes sobre derechos humanos vigentes en la región.
4. La legislación que regularía este proceso está siendo objeto de intensos debates en el Congreso de Colombia. La OEA debe emitir una resolución reconociendo la seriedad del Congreso a este respecto, dentro de la mejor tradición de respeto a la democracia y al Estado de Derecho.
5. Al mismo tiempo, la existencia de este debate demuestra claramente que es prematuro para la OEA sumarse a este proceso antes de promulgarse la legislación que definirá el marco jurídico del mismo. Aún quedan demasiadas y muy importantes interrogantes por responder: ¿Cómo se enjuiciará y sancionará a los autores de graves violaciones de los derechos humanos? ¿Qué se va a hacer con las personas que siguen implicadas en el narcotráfico y terrorismo? Y por último: ¿Qué mensaje se enviará a la guerrilla con un acuerdo de este tipo, ya que exigirán, ciertamente, condiciones similares si existiera la posibilidad de una negociación con ellos?
6. Por esta razón Human Rights Watch propone que, antes que la OEA se comprometa a realizar una labor de verificación, el Consejo Permanente encargue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la tarea de preparar un estudio de la ley que apruebe el Congreso de Colombia. El estudio debe incluir, si procede, información específica sobre la compatibilidad o incompatibilidad del texto de la ley con las normas contempladas en los tratados relevantes sobre derechos humanos.
7. Además, proponemos que la CIDH presente recomendaciones sobre cómo se podrían resolver las deficiencias, si las hubiere, para que la ley definitiva incorpore dichas normas. Este estudio debería someterse en forma de informe al Consejo Permanente.
8. A continuación, luego de un informe favorable de la CIDH sobre el marco legal e institucional que guiará este proceso de desmovilización, el Consejo Permanente podría autorizar el envío a Colombia de una misión de verificación de la desmovilización, el desarme y el cese efectivo de las hostilidades por parte de los paramilitares.
9. Finalmente, sugerimos que se encargue a la CIDH que observe cómo se implementa la legislación que guiará el proceso de desmovilización y rendimiento de cuentas. Para verificar efectivamente este proceso, la CIDH debería informar periódicamente al Consejo Permanente hasta que concluya la desmovilización.
10. La OEA no debería precipitarse a un proceso que podría colocar a la organización en una situación embarazosa, al poner su imprimátur sobre la impunidad por las atrocidades cometidas por los paramilitares.
11. Al sumarse a este proceso sin prestar especial atención a las normas sobre derechos humanos, la OEA se situaría en el lado equivocado de la historia. Con el establecimiento de tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona-y, lo que es más importante, con la creación de la CPI, que ha recibido un amplio respaldo en América Latina-la comunidad internacional ha manifestado un firme compromiso con la administración de justicia por los graves abusos contra los derechos humanos. La OEA no debe debilitar estas instituciones comprometiéndose a participar en un proceso que ignora los mismos objetivos que defiende.
12. Puedo asegurarles que Human Rights Watch apoya decididamente los esfuerzos para poner fin a la violencia política en Colombia, conseguir la anhelada paz y fortalecer y no debilitar a las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. También estamos convencidos que la OEA puede realizar una importante contribución a estas iniciativas. Sin embargo, quisiéramos asegurarnos que no se ignore la justicia en los esfuerzos por poner fin a las hostilidades en Colombia.