El Gobierno colombiano se inclina por aplicar las políticas económicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Pero lo ha querido hacer bajo una apariencia democrática, consultando en un referéndum sobre la convivencia de aplicar estas políticas. La trampa estaba en la forma y el fondo de la convocatoria, y en cómo se dirigió la información a los ciudadanos, a quienes se les pidió el voto para legitimar unas políticas neoliberales cada vez más agresivas, que condenan a millones de personas a la pobreza más absoluta.
Por Juan Torres López
El Gobierno colombiano se inclina por aplicar las políticas económicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Pero lo ha querido hacer bajo una apariencia democrática, consultando en un referéndum sobre la convivencia de aplicar estas políticas. La trampa estaba en la forma y el fondo de la convocatoria, y en cómo se dirigió la información a los ciudadanos, a quienes se les pidió el voto para legitimar unas políticas neoliberales cada vez más agresivas, que condenan a millones de personas a la pobreza más absoluta.
El presidente colombiano Uribe Vélez ha convocado un polémico referéndum en aquel país, que viene a ser un hecho singular, pues quizá por primera vez se preguntó a la población sobre la aplicación de las políticas neoliberales que viene propugnando el Fondo Monetario Internacional.
En el referéndum se contestó a diecinueve preguntas referidas a cuestiones muy variadas, pero con una lógica conductora muy clara. Se refieren a procedimientos políticos, a la desaparición de órganos de control, a modificación de procesos o plazos electorales, entre otras cosas, y, además, a la conveniencia de controlar los salarios, las pensiones y el gasto público.
Paradójicamente, esta consulta popular se ha situado en un proceso en el que la aplicación de las políticas neoliberales va unida a mayores cotas de autoritarismo, a una evidente pérdida de pulsión democrática y, en el caso de Colombia y de otros países, a una presencia imperial cada vez más activa e influyente de los Estados Unidos. Las políticas neoliberales se vienen aplicando diligentemente en Colombia desde hace años y sus efectos ya se han hecho notar claramente, al igual que ha sucedido en otros lugares del mundo.
La reforma laboral ha permitido abaratar extraordinariamente el coste del trabajo y destrozar el ya de por sí escaso régimen de derechos laborales existente. Se han eliminado restricciones para ampliar la jornada laboral, para trabajar los domingos y festivos (algo que contrasta con el catolicismo tan estricto del que hacen gala sus dirigentes políticos) o para realizar horas extraordinarias. Las empresas de trabajo temporal y las nuevas modalidades de contratación han logrado precarizar en extremo a la población laboral, de manera que se calcula que un 60% de los trabajadores son «informales».
Como ha sucedido en otras economías, estas reformas no han permitido ni siquiera aumentar efectivamente el empleo. Las estadísticas señalan una tasa de paro del 17% pero ahí no se incluyen los cerca de cuatro millones de emigrantes que han tenido que salir del país, los millones de desanimados que ya ni constan en ningún sitio, o los dos o tres millones de desplazados (personas que han tenido que dejar sus territorios de origen por la violencia o las expulsiones y que recorren las ciudades sin horizonte ni medios de vida), como tampoco reflejan que millones de empleados reciben ingresos de auténtica miseria con los que apenas tienen para sobrevivir.
Diariamente se conocen casos de despidos o de situaciones que simplemente se resuelven por el expediente de amenazar a los trabajadores diciéndoles que «o acepta la mitad del sueldo, o se marcha».
No es casualidad que esta reforma que lleva a los mercados laborales a situaciones que ya parecían terribles en el siglo XIX haya ido acompañada del asesinato de miles de sindicalistas. La OIT señala que en 2002 se asesinó a 184, el 86% de todos los asesinatos de sindicalistas que se cometieron en el mundo. En los últimos diez años han sido 1.500 los dirigentes sindicalistas asesinados. Defender los derechos de los trabajadores se paga allí sencillamente con la muerte.
En aquel país también se han venido aplicando las políticas neoliberales que implican una reducción de la producción, del crecimiento económico y de la riqueza productiva. Han bajado la producción de alimentos, de viviendas sociales y se habla con increíble naturalidad del paradigma del neoliberalismo como de «un modelo agropecuario alternativo». Se trata de aceptar que los países ricos subvencionen sus productos para que así lleguen a los mercados de los países pobres a precios más bajos. Puesto que entonces ya no son competitivos productos como la leche, el cereal o la carne que han permitido alimentar a la población, se sustituyen por otros productos de exportación, confiando en que así se obtendrán las divisas para pagar la deuda. Se trata en realidad de una treta cruel y engañosa que sólo beneficia a los países ricos que venden sus productos en más mercados, que compran más baratos los de los países pobres y que encima cobran la deuda que ellos mismos han provocado repatriando y fugando los capitales. Puesto que eso va acompañado de salarios más bajos y mayor población con ingresos reducidos los productos más baratos del exterior son, en realidad, una quimera de la que sólo pueden disfrutar las clases más alienadas. Esa es la razón de que haya aumentado el hambre física en países extraordinariamente ricos en recursos naturales, mientras que los terratenientes y los bancos obtienen inmensos beneficios.
Lo sorprendente es que estos planes se tomen realmente en serio y se apliquen. Un dirigente colombiano propugnaba hace poco aplicar, como algo alternativo y positivo, un plan de esta naturaleza que implicaría transformar millones de hectáreas y la pérdida, por ejemplo, de 6,5 millones de litros de leche diarios o de 47 millones de docenas de huevos.
Puesto que en Colombia un 2% de los propietarios poseen la mitad de las tierras, resulta que sólo una minúscula parte de la población es la que se beneficia de estos planes que expresan la racionalidad verdaderamente estúpida y criminal del neoliberalismo.
Paralelamente se han reducido, como en todos los países prácticamente sin excepción, el gasto público, las pensiones, el alcance de la sanidad y la educación pública y, en general, los servicios sociales de todo tipo, de suyo muy poco desarrollados en las naciones más pobres o empobrecidas. Por el contrario, con la excusa del terrorismo (que muchas veces es fomentado por los propios Estados, como ha mostrado entre otros informes el de Human Rights Watch) aumenta el gasto militar orientado en realidad a salvaguardar los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región , como muestra que muchas de las inversiones que se realizan no sean en material militar antiguerrilla sino para hacer frente a conflictos convencionales.
Aumento de la pobreza
La consecuencia de todo ello es el aumento espectacular de la pobreza, que en Colombia se calcula en más del 60% de la población. Millones y millones de personas no tienen más expectativa de vida que bajar cada día desde las comunas a las ciudades a tratar de obtener algo de lo que vivir, lo que muchas veces sólo es posible rebuscando en los cubos de la basura, en los desechos de los ricos o, simplemente, robando o matando para sobrevivir, cuando lo logran.
Y a eso hay que añadir el dramático papel y la influencia terrible del narcotráfico no sólo en la economía sino en toda la sociedad colombiana.
En fin, en este contexto se propuso el referéndum, que pretendía hacer las delicias de los dirigentes del Fondo Monetario Internacional, en el que las propuestas de mayor control salarial o de gasto público se redactaron de forma increíble para lograr la aceptación de la población, vinculándose, además, a otras que facilitan el apoyo de la clase política en el poder. Incluso pretendió el Gobierno que hubiera que contestar sí o no a todas las preguntas en su conjunto, lo que finalmente no permitió la Corte Suprema.
El resultado del referéndum parecía cantado, pero la alta abstención ha complicado los planes del Gobierno Uribe, ya que no se ha alcanzado el 25% de participación exigida para la validación del referéndum. No parecían fáciles las sorpresas en un país en el que la corrupción y el clientelismo oligárquico están generalizados y en el que la violencia de unos y otros no es una simple amenaza sino el clima habitual en el que se desenvuelve la vida política desde hace años.
Por eso, viendo el resultado del referéndum desde fuera, lo relevante es que por primera vez se recurriera al voto ciudadano para tratar de legitimar las políticas económicas que el Fondo Monetario Internacional viene imponiendo. Se trata de políticas cuyos efectos desastrosos, sobre la inmensa mayoría de la población, son evidentes y que, justamente por ello, se están volviendo cada vez más agresivas, más autoritarias y más claramente vinculadas a formas antidemocráticas de gobierno. Se les niega el trabajo y los ingresos a la población, se les quita la educación y la sanidad, se deja desvalidos y en la miseria a millones de personas y entonces se les pide el voto.
