Si se habla de violaciones de derechos humanos por parte de grandes multinacionales en África, siempre aparece el nombre de Socfin. Creada durante la época colonial, la Société Financière de Caoutchoucs sigue en activo (y al parecer con métodos similares a los empleados en aquellos tiempos).
Se trata de un grupo belga que utiliza decenas de compañías subsidiarias para explotar plantaciones de aceite de palma y caucho en ocho países africanos: Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Liberia, Nigeria, República Democrática de Congo, Santo Tomé y Príncipe y Sierra Leona (además de Camboya e Indonesia en Asia). Socfin cotiza en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y es propiedad parcial de la multinacional francesa Bolloré, controlada por Vicent Bolloré, y del empresario belga Hubert Fabri.
El grupo Bolloré es omnipresente en la mayoría de los países del África francofona, aunque también está presente en otros. En ellos ha construido una enorme red de influencia durante los últimos 20 años utilizando los programas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para adquirir una variedad de concesiones estratégicas como terminales portuarias, almacenes, vías férreas y plantaciones tropicales. Adquirir gran parte de Socfin fue la última jugada para controlar cadenas de suministro completas dentro y fuera de África. En 2018, el grupo registró unos ingresos de 23.000 millones de euros, según informa Mongabay.
Las principales acusaciones que Socfin recibe por parte de organizaciones de la sociedad civil (OSC) de los países donde opera tienen que ver con la irregularidad en los procesos de adquisición de tierras, las malas condiciones de trabajo y vivienda de los empleados y la ausencia de la inclusión sostenible de los agricultores locales, además del desplazamiento forzoso de comunidades locales, destrucción del medioambiente, muerte y encarcelamiento de los líderes locales y activistas medioambientales que se oponen a sus planes y connivencia con policía y ejércitos para imponer sus políticas. Todo ello contradiciendo la llamada Política de gestión responsable que en 2016 el grupo anunció con gran alharaca, como complemento a los compromisos de desarrollo sostenible que asumió en 2012.
Todo indica que mantiene los genes coloniales con los que nació la empresa allá por 1909 cuando su fundador, el belga Adrien Hallet, fundó la compañía tras llevar algunos años trabajando en el entonces conocido como Estado Libre del Congo (hoy República Democrática de Congo), propiedad del monarca Leopoldo II. Tras la invención del neumático para el automóvil en 1888, la extracción de caucho natural se convirtió en un negocio lucrativo en el que el rey quiso participar. Los métodos utilizados contra la población indígena de la cuenca del Congo por Leopoldo II y sus agentes son bien conocidos: secuestros, trabajo forzado, castigos físicos, amputación de manos y asesinato. Es en este contexto y gracias a estos métodos que Hallet lanza su empresa y afianza su fortuna, como bien acredita Mongabay.
Aunque las circunstancias hayan cambiado, 111 años después de su fundación, Socfin sigue violando los derechos humanos allá donde está implantada según denuncian distintas OSC. Desde hace tiempo la plataforma Farmlandgrab, una organización que lucha contra el acaparamiento de tierras en todo el mundo, recoge estas acciones y analiza las alegaciones para ver lo que realmente sucede en terreno en algunos de los países donde esta empresa tiene plantaciones de caucho y aceite de palma.
El informe titulado Socfin’s plantations in Africa: Many places of violence and destruction (Las plantaciones en África de Socfin: muchos lugares de violencia y destrucción) publicado en septiembre de 2017 ya revelaba la gran brecha existente entre la denominada gestión responsable y la realidad de violencia y destrucción en torno a las plantaciones que, con la complicidad de los gobiernos nacionales, intentan suprimir la resistencia popular a la implantación de la empresa.
El último informe recogido por Farmlandgrab hace referencia a las plantaciones de caucho en Liberia: The Power Dynamics of Multinational Corporations: The Case of SOCFIN Group in Liberia (La dinámica de poder de las empresas multinacionales: el caso del Grupo SOCFIN en Liberia). En él, el principal investigador, el periodista liberiano Frank Sainworla, afirma que el Estado se pone «al servicio de una corporación en lugar de proteger a sus ciudadanos, quienes son explotados por esa corporación». El documento desenmascara las mismas violaciones de derechos humanos ya denunciadas en otros países donde opera el grupo: numerosos agricultores fueron expulsados de sus fértiles tierras agrícolas como resultado de la expansión de los monocultivos de caucho. Los lugares sagrados fueron destruidos en el proceso. El acceso al agua se ha deteriorado. Además, varias mujeres informaron de que fueron sometidas reiteradamente a violencia sexual por parte de subcontratistas y, en algunos casos, por guardias de seguridad de la plantación. «Las declaraciones de muchas personas que viven en o cerca de las plantaciones sugieren un clima de miedo», afirma el estudio.
Evidentemente, Socfin rechaza cualquier irregularidad y se remite a sus informes de desarrollo sostenible. Además, desde el año 2015 ha obtenido distintos reconocimientos y certificaciones internacionales que avalarían su buen hacer.
Las OSC de los países en los que Socfin está presente continúan su lucha para demostrar que no es así y que la compañía viola reiteradamente los derechos humanos.
En un tiempo en el que las estatuas de los colonizadores y esclavistas son derribadas, resulta todavía difícil poner fin a parte de su legado, a las multinacionales que con sus acciones perpetúan los males y los abusos del sistema colonial.