Cada vez son más frecuentes en nuestro país los desahucios de familias enteras por no poder pagar la hipoteca. Crece la impotencia y la desesperanza.
Sin embargo son muchas las experiencias que están dando respuesta al negocio inmobiliario, como la lucha de 30 años de los empobrecidos de São Paulo en Brasil en la autoconstrucción solidaria de vivienda mediante la ayuda mutua.
São-Paulo, un caos urbanístico
En los años ochenta, la ciudad de São Paulo aceleró rápidamente su crecimiento fruto de la migración desde el nordeste del país ante la miseria provocada en los campos, pasando de 6 millones de personas en 1970 a 9 millones en 1980 y llegando a los 11 millones de habitantes actuales. Se han multiplicando los barrios empobrecidos y las favelas sin un mínimo de infraestructura (pavimentación de calles, saneamiento, recolección de basura, electricidad).
Cerca de un millón de familias empobrecidas (5 millones de personas) viven en infraviviendas como los corticos (bloques de pisos con pequeños apartamentos hacinados). Ante este drama, las iniciativas por parte de la administración central habían fracasado, por ser insuficientes, caras, y por falta de servicios.
Trayectoria histórica
En 1983, el obispo de São Paulo, Dom Angelico Sándalo Bernardino (que fue presidente de la región Sur-4 de la Conferencia Episcopal de los Obispos de Brasil y hoy continúa su labor como obispo emérito) decidió actuar con firmeza para apoyar a las familias que viven en barrios pobres de la región. Convocó un retiro con los agentes de pastoral de los Derechos Humanos y de Vivienda de la Iglesia católica. De ese encuentro surgió un movimiento por la vivienda digna, para promover la auto-organización en la construcción de vivienda y para presionar al gobierno hacia una política pública de vivienda asequible a los más pobres. En ese proceso tuvo mucha influencia la Cooperativa de Viviendas por Ayuda Mutua de Uruguay con una propuesta de política autogestionaria y no simplemente de acciones reivindicativas.
Desde el principio consiguieron el apoyo decidido del político Mario Covas, ya fuese como alcalde de São Paulo (1983-85) o como gobernador del mismo estado (95-2001) mediante el Programa de Autogestión, creado por la Ley N º 1942/95 que aseguraba una partida económica anual independientemente del gobierno de turno.
En 1987 se creó la “Unión de Movimientos de Vivienda” (UMM) agrupando dos corrientes que se venían desarrollando simultáneamente:
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Las organizaciones que llevaban a cabo pequeños proyectos de auto-construcción comunitaria de vivienda mediante la ayuda mutua.
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La corriente reivindicativa compuesta por los movimientos de las favelas de São Paulo, que luchaban por mejoras en los barrios y la vertiente urbana del movimiento de los Sin-Tierra, que realizaban ocupaciones de viviendas, como la que organizaron 20.000 familias durante el carnaval de 1987.
De este modo el movimiento no se quedó esperando soluciones mágicas, sino que, de forma organizada contribuyó con su propio esfuerzo a la solución del problema de la vivienda, al mismo tiempo que exigía a la administración acciones concretas.
En 1989, tras un periodo de poco apoyo municipal por parte del sucesor de Mario Covas, la nueva alcaldesa de Säo Paulo, Luiza Erundina del PSB (Partido Socialista Brasileño), intentó multiplicar el número de viviendas autoconstruidas de un modo drástico, pasando de 1.000 a 11.000 en cuatro años a través del programa FUNAPS. Sin embargo, cuando perdió la alcaldía en 1993 el proyecto se paralizó dejando muchas viviendas sin terminar. Cabe señalar que Luiza Erundina provenía de la militancia católica y posteriormente impulsó la creación del PT (Partido de los Trabajadores) con Lula da Silva, del que se terminó saliéndose para volver al PSB.
A pesar de los cambios en el color político de la alcaldía y el Estado, el movimiento ha mantenido una labor permanente de reivindicación y construcción de vivienda, llegando hoy en día a 70.000 viviendas en 30 años de vida. De hecho a día de hoy están desarrollando la campaña “Cuanto más burocracia menos vivienda” para denunciar los obstáculos que están encontrando en su labor.
En la UMM no existe una fuerza hegemónica (como en otros movimientos como el MST) sino que está compuesta por al menos 10 movimientos de carácter diverso. El mayor y más antiguo de los cuales es el Movimiento de Defensa de los Favelados (MDF), que agrupa a 77.000 personas en 41 favelas. Nació en la década de los 70, de las luchas por el saneamiento, água y luz, en el barrio de Belém (São Paulo), impulsado por el sacerdote irlandés Patrick Clarke, y la franciscana Ana Boran. Su primera asamblea fue en 1978, en la iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Tuvieron el apoyo firme de su Obispo, D. Luciano Mendes de Almeida (que fue posteriormente presidente del Consejo Episcopal Latino-americano, secretario de la Conferencia Episcopal Brasileña, miembro de justicia y Paz y está hoy en proceso de beatificación).
También está en Belém otro de los integrantes de la UMM; el Movimiento de los Trabajadores sin Terra del Este, con 12.000 familias y que desde 1987 se reúne en el Centro Pastoral São Jose. Otro de los miembros es la Asociación del Sudeste, que agrupa a 5.000 familias desde 1980, vinculada a la Pastoral de las Favelas de Ipiranga cuyas reuniones se hacen en la Capilla Nossa Senhora da Moradia y en 5 parroquias más.
Forma de funcionamiento
De forma general la administración (municipal y estatal) pone la tierra, la infraestructura (calles, agua potable y alcantarillado, electricidad) el material de construcción y la asistencia técnica, y las familias ponen la mano de obra en un sistema de ayuda mutua, lo que supone entre el 60 y el 70% del coste de la vivienda. La administración transfiere los fondos del FUNAPS (6.000 $ por vivienda como máximo) directamente a las organizaciones y se emplea para mano de obra especializada (10%), materiales de construcción (82%) asesoría técnica (4%) y herramientas (4%).
Las obras son totalmente gestionadas y ejecutadas por las organizaciones, o sea que ellas se encargan de la organización de los trabajos, contratación de la mano de obra especializada (que no se puede cubrir con el trabajo de las familias), compra de materiales y administración del financiamiento, actuando como agentes promotores y ejecutores.
Antes de iniciar los trabajos de construcción en sí, el grupo se reúne en asamblea para discutir y aprobar un documento llamado «Reglas de Interpretación», que contiene la seguridad, la calidad las normas de convivencia y el desarrollo de todo el proceso. En caso de violaciones del Reglamento acordado se aplican sanciones que van desde una simple advertencia a la exclusión.
Todas las decisiones importantes, absolutamente todas, se toman en asamblea, desde la elección del color de los edificios, la disposición de las cuentas mensuales a la aplicación de sanciones.
En este trabajo conjunto el papel de las madres de familia es crucial, porque son perseverantes.
Cada grupo de trabajo tiene una asistencia técnica en las áreas de contabilidad y administración, ingeniería legal, arquitectura y trabajo social. Esta asistencia técnica es elegida y contratada por la asociación y está previsto en el acuerdo para asegurar la calidad de los edificios.
Cada familia aporta al menos 16 horas por semana. En el grupo de trabajo participan incluso las personas con discapacidad y adultos mayores que realizan actividades adecuadas a su fuerza y habilidad (distribución de agua, cocina, administración, compras…).
Logros conseguidos
Esta forma de autogestión es importante porque las personas saben que están resolviendo sus propios problemas. Como ellos mismos afirman, “al final del proceso, la casa se siente como una conquista, no como un regalo”, las personas agradecen a los compañeros que ayudaron a construir sus casas y no se sienten en deuda u obligación con ningún político «bueno». El trabajo comunitario durante tres o cuatro años, soñando juntos, sufriendo juntos y alegrándose juntos, garantiza una mayor solidaridad y cohesión, al tiempo que promueve la mejor formación político-social del grupo y de las personas. Al haberse convertido la propia obra en una especie de centro comunitario, se organizan de forma natural una serie de actividades, tales como cursos de lectura y escritura, actividades recreativas para los niños, talleres, grupos de teatro, etc.
Dado que cada persona participa del proceso total de construcción, se rompe con la especialización en etapas del proceso productivo capitalista (taylorismo), que hace que el trabajador manual conozca solo una ínfima parte del proceso. Además, el coste de las 70.000 viviendas construidas por ayuda mutua es un 40-50% más barato que las ejecutadas por las empresas constructoras, y tienen incluso mayor calidad constructiva y un diseño más adecuado a las familias, así como una tasa de morosidad mucho menor.
Este modelo se está extendiendo a otras realidades. La autoconstrucción de viviendas es una práctica común en Brasil y en muchos países del Tercer Mundo, pero la gestión comunitaria otorga un carácter colectivo a esta práctica y añade muchas otras ventajas. Otros municipios como Diadema e Ipatinga están copiado la experiencia de São Paulo.
Los movimientos sociales han desarrollado la capacidad de ver más allá de sus inmediatas necesidades y en este momento son capaces de ofrecer propuestas a toda la sociedad, tales como la propuesta de Ley Federal de vivienda, que ha sido firmada por más de un millón de personas. Han establecido el 19 de Mayo como día nacional de la Movilización por los Derechos de vivienda y en 2011 organizaron en 12 Estados distintos, 25 acciones de protesta (concentraciones, ocupaciones reivindicativas de edificios públicos, etc) por los retrasos injustificados y obstáculos de la actual administración a muchos de los proyectos en marcha. En su manifiesto afirmaban: “No podemos asistir callados a la tragedia urbana que se abate sobre nuestras ciudades, con millones de familias viviendo en áreas de riesgo, barrios sin infraestructura, amenazas de desahucio y excluidas de nuestras ciudades. Defendemos la autogestión como un avance en calidad de construcción de viviendas y de organización de las familias. ¡A más burocracia, menos vivienda!”