Corrupción política legalizada

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La política es la construcción del Bien Común, el bien de todas y cada una de las personas que forman la comunidad humana. Hacer política es hacer posible lo que es necesario especialmente a los pobres. Cuando la acción política tiene como fin el interés corporativo o privado entonces estamos sumergidos en la corrupción, aunque sea legal.

Ya lo dijo un importante pensador en el siglo IV: si el Estado no persigue la Justicia entonces es que es una gran banda de ladrones.

Actualmente, en España estamos viviendo una crisis económica que transparenta una evidente crisis moral y uno de los termómetros que mide esta crisis moral, fraguada hace décadas, es el abismo que separa a la élite política del pueblo. La acción política significa servicio y sacrificio, y no privilegios, influencias o prebendas.

Cuando nuestro país alcanza los 5 millones de parados y más de 8 millones de empobrecidos; cuando el 50% de los pensionistas no cobra el salario mínimo de 620 euros, rozando muchos el umbral de la pobreza, o el 90% de los contratos laborales nuevos son trabajo basura, nuestra casta política sin excepción dispone de unos ingresos autoconcedidos inmorales. No estamos hablando de delitos como el cohecho o la malversación de dinero público, sino de ingresos legales aprobados por esta misma casta. Así, un diputado con cotizar sólo 11 años adquiere el derecho a la pensión máxima que actualmente supera los 30.000 euros al año; un eurodiputado por tres días de sesiones a la semana puede llevarse, que no ganarse, unos 13.000 euros al mes. Por lo menos un tercio de los ingresos son libres de impuestos.

También están los regalitos que se conceden, como ordenadores portátiles, etc. Sería interminable la lista de privilegios que suponen un beneficio económico añadido al nada despreciable sueldo. Además muchos de estos suculentos ingresos pueden ser complementados por otras actividades profesionales de asesoramiento o consultoría. Así, la aprobación por parte de Congreso de este tipo de actividades, sometidas a la ley de incompatibilidades, se ha realizado a puerta cerrada y los propios diputados han votado sin conocer el texto concreto salvo los portavoces parlamentarios de cada partido.

Como se puede ver, todo muy transparente, muy honrado y muy democrático. Si en este país hubiera moral estos señores estarían en la cárcel.