La realidad política española nos recuerda que vivimos realmente en un modelo ficticio de separación de poderes.
Introducción
Ya afirmó el gran historiador español Menéndez Pidal que la historia de nuestras instituciones judiciales podía resumirse en una lucha titánica de los gobiernos para desvirtuar y anular la independencia de los Tribunales. Esta situación no solo ha sido una constante histórica, sino que lo sigue siendo actualmente de forma descarada. Siguen siendo evidentes las maniobras de manipulación política del Poder Judicial en España, realizadas desde la instauración en 1978, con la Constitución española (CE), del sistema de democracia formal en que vivimos.
Los principales partidos políticos del arco parlamentario (PSOE y PP), especialmente el que gobierna en cada legislatura, han realizado todo tipo de maniobras con el objeto de manipular y controlar los llamados “tres poderes” (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), destrozando la tan cacareada “división de poderes”. El Gobierno ha tratado siempre de imponer los intereses del partido que lo dirige.
El modelo político instaurado por la CE, aunque afirma lo contrario, favorece la concentración de todos los poderes del Estado en manos del partido del Gobierno, puesto que aunque el Gobierno sólo debiera ejercer la función de ejecutar las leyes (poder ejecutivo), además, en realidad, también controla la función legislativa, ya que controla el Congreso de los Diputados y el Senado, bien de forma directa (en casos de mayoría absoluta en las urnas), o bien indirectamente, a través de los pactos de gobierno con partidos nacionalistas. PNV, CIU, ERC ó BNG, son claros ejemplos de apoyo político al partido del Gobierno, siempre a cambio de dinero y privilegios para sus CC.AA. respectivas.
Una vez controlado el Poder legislativo y el Ejecutivo, el partido del Gobierno pretende, de forma totalitaria, cerrar el círculo y acabar controlando también el Poder Judicial, especialmente aquellas instituciones más importantes relacionadas con el mismo, como son el Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal y la Policía Judicial.
La realidad política española nos recuerda que vivimos realmente en un modelo ficticio de separación de poderes, pues lo normal hoy en España es la más absoluta concentración y control de todos los poderes del Estado, con la consiguiente corrupción del sistema que ello significa.
A todo ello se suma además, el abuso que suelen hacer los Gobiernos de la figura del indulto, decisión directa del ejecutivo de excarcelar o extinguir la responsabilidad penal de quién ha sido condenado en firme.
El Tribunal Constitucional (TC)
Comenzando por el TC, cabe resaltar que el mismo ejerce la función exclusiva de interpretación de la constitucionalidad de las leyes, siendo sus decisiones vinculantes en todo el territorio nacional, y contra las que no cabe recurso. Ningún otro órgano judicial le puede corregir, a excepción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). El TC se pronuncia normalmente cuando les son planteados recursos sobre la inconstitucionalidad de alguna norma con rango de Ley. Dichos recursos sólo pueden ser legalmente planteados por el Presidente del Gobierno, 50 diputados o senadores, el Defensor del Pueblo, y los Parlamentos y Gobiernos autonómicos. No pueden cuestionar la constitucionalidad de las leyes, ni asociaciones, ni sindicatos, ni familias o grupos de ciudadanos, lo cual consideramos verdaderamente antidemocrático. El TC está integrado por 12 miembros, juristas de reconocido prestigio, de los cuales, 4 lo son a propuesta del Congreso, por mayoría de 3/5; otros 4 a propuesta del Senado (que a su vez son propuestos por los Parlamentos autonómicos), también por mayoría de 3/5; otros 2 a propuesta del Gobierno, y otros 2 por el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, controlado también, directa o indirectamente por el Gobierno. La Presidencia del TC tiene el mayor peso institucional, y el voto decisivo en caso de empate, siendo elegido entre esos 12 miembros del TC, por un periodo de 3 años. La forma de designación de los componentes del TC fue instaurada por la CE, de forma que el poder político pudiera controlar la institución.
El Gobierno, actualmente del PSOE, controla el TC a través de la designación para los cargos de personas de su misma ideología política y controlando férreamente la Presidencia del Tribunal, con el objetivo de imponer su “modelo progresista” de sociedad, desde luego al margen de los ciudadanos, que no pueden ejercer realmente ningún control político efectivo. La oposición, hoy del PP, intenta influir con lo que dejan. En la legislatura pasada fue evidente cómo la Presidenta del TC, María Emilia Casas, era teledirigida por el Gobierno, siendo elocuentes las imágenes televisivas que se difundieron en las que la Vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández De la Vega, regañaba airadamente a la Presidenta del TC, entendemos que recordándole bien el guión marcado por el Gobierno. La lucha por el control del TC es tal que el enfrentamiento entre PSOE y PP impidió la pasada legislatura proceder, en su fecha, a la renovación obligada de los miembros del TC, porque cada partido pretendía designar a sus delfines.
Otro ejemplo claro de intromisión del Gobierno se ha producido con el asunto del Estatuto de Cataluña, donde aún no se ha dictado resolución al respecto, después de casi tres años desde la interposición de los distintos recursos de inconstitucionalidad. Todo ello por la falta de acuerdo entre los dos grupos de magistrados, que “representan” a los dos grandes partidos, a los cuales hasta los medios de comunicación llaman “conservadores” y “progresistas”, en una clara alusión a su falta de independencia. PSOE y PP han hecho todo lo posible por llevarse el gato al agua en este tema, con recusaciones mutuas (intentos de impedir que determinados magistrados decidan en el asunto). Una de estas recusaciones la realizó directamente el Gobierno, algo insólito en democracia, reflejando la clara intromisión directa del mismo para controlar el Poder Judicial.
Otra situación en la que el Gobierno consiguió manipular al Poder Judicial fue con motivo de la polémica sentencia que resolvía un recurso de inconstitucionalidad contra la llamada Ley Integral de la Violencia de Género, aprobada por el Gobierno del PSOE. En dicha sentencia se justifica la ruptura del principio de igualdad en materia penal al permitirse una sanción penal mayor para hombres que para mujeres en caso de ser autores del mismo delito. Todo para justificar y validar la reforma del Código Penal impulsada por el PSOE que legitimaba dicha distinción de trato jurídico-penal entre personas de distinto sexo.
Ello ha sumido al TC, en los últimos años especialmente, en una institución en desprestigio absoluto, donde los Magistrados se dividen en distintos grupos ideológicos, según el partido que les ha nombrado. Hasta el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina (PSOE) manifestó públicamente que el TC resolvería los recursos contra el Estatuto de Cataluña “en defensa del Gobierno”, recriminando al citado Tribunal, de estar afecta do de una “impresentable politización y sectarismo”, con su decisión de avalar la sentencia antes aludida de mayor pena para el hombre que para la mujer por el mismo delito.
La manipulación política de la Justicia es tan grave, que ha hecho saltar incluso las costuras de las “buenas formas” y el corporativismo entre jueces, habiendo asistido en los últimos años a duros cruces públicos de acusaciones entre magistrados del TC y del Tribunal Supremo (TS). Se han llegado a acusar mutuamente de invasión de competencias con motivo de algunas decisiones judiciales de uno y otro Tribunal que eran contradictorias, como ocurrió con el juicio a “Los Albertos”, dos ricos empresarios que a pesar de estar condenados por una estafa millonaria, con pruebas claras, se han librado de la cárcel por prescripción (extinción de la responsabilidad penal por el paso del tiempo) del delito, al haber interpretado el TC el asunto de forma favorable a dichos señores, en contra de lo que había venido siendo la práctica judicial anterior avalada por el TS.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
El CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, que controla los nombramientos, ascensos, sanciones etc. está también controlado, directa o indirectamente por el Ejecutivo. Y ello gracias a la regulación que realizó en 1985 el entonces gobierno de Felipe González (PSOE) para controlar políticamente a la Justicia, en un contexto de mayoría absoluta. El entonces Vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, llegó a proclamar cuando le preguntaron por aquella reforma, aquello de “Montesquieu ha muerto”, en clara referencia a la inexistencia real de separación de poderes existente en España.
La Audiencia Nacional (AN)
Otra de las instituciones claves que desea controlar todo Gobierno es la Audiencia Nacional, en concreto los juzgados de ámbito penal insertos en ella. Lo hace especialmente no dotándola de medios suficientes para las arduas labores que tiene encomendadas legalmente, lo cual impide que ésta llegue al fondo de miles de asuntos.
La AN fue oficialmente creada en 1977, aunque no fue regulada y operativa hasta 1985. Su interés estriba en que tiene encomendada la instrucción y enjuiciamiento de aquellos delitos más graves y complejos, desde el punto de vista social, como los relacionados con el narcotráfico, grandes defraudaciones (estafas), delitos económicos y monetarios, terrorismo, órdenes internacionales de detención, extradiciones y, por el principio de Justicia universal establecido por ley, de determinados delitos graves ocurridos en cualquier parte del mundo, cometidos por españoles o extranjeros.
La AN es de los órganos judiciales más conocidos popularmente, por su influencia mediática, dada la naturaleza de los delitos que en ella se investigan y juzgan, siendo sus jueces instructores los más conocidos. ¿A quién no le suenan jueces que han pasado por la AN como Bueren, Moreiras, Gómez de Liaño, Del Olmo, Gómez Bermúdez, o los actuales Teresa Palacios, Grande Marlaska, Pedraz o Garzón?.
En la AN hay una gran escasez de juzgados de instrucción, tan sólo seis, para investigar tan graves delitos, mientras que en una sola ciudad española media pueden existir una veintena para investigar y perseguir delitos comunes. A esta escasez de juzgados, se une la gran falta de medios materiales y humanos, provocando una situación real de caos, retraso y, en definitiva, de falta de persecución penal de los delitos “de alto cuello”, cometidos por redes mafiosas, grandes banqueros y empresarios, políticos influyentes y otros “peces gordos”.
La Justicia para determinados colectivos de personas influyentes es mucho menos incisiva que para el resto de las personas, porque el Gobierno no tiene voluntad política de cambiarlo.
Como consecuencia, muchos procedimientos se alargan años o terminan prescribiendo, y otros delitos también quedan impunes porque simplemente no hay medios reales para investigarlos o la legislación internacional lo impide (secreto bancario, paraísos fiscales, etc.).
El Ministerio Fiscal (MF)
Otra de la instituciones clamorosamente controladas por el Gobierno para sus intereses es el Ministerio Fiscal, el cual tiene por misión teórica la de promover la acción de la Justicia, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
La Fiscalía está legalmente regida por el principio de “dependencia jerárquica” absoluta. Su máximo representante es el Fiscal General del Estado (FGE), nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ. Una sola orden del FGE, puede dar al traste con todo el trabajo realizado, incluso durante años, por los fiscales dependientes jerárquicamente de aquél. Esto es lo que ha ocurrido escandalosamente en demasiadas ocasiones, como las catorce veces que la Fiscalía ha retirado la acusación contra el banquero más poderoso de España, Botín, en los múltiples procedimientos que ha tenido en la AN. Hasta tal punto ha sido bochornosa la actuación de la Fiscalía, por órdenes superiores, que en uno de los procedimiento judiciales contra él, no sólo pidió insistentemente el archivo de la causa, sino que apoyó la llamada “doctrina Botín”, por la cual, por primera vez en España, se negaba la posibilidad de “acusación popular” (acusación ejercida por cualquier ciudadano o institución privada) en un juicio, cuando la Fiscalía y el perjudicado directamente por el delito (en este caso el Abogado del Estado, en representación de Hacienda) no ejercieran acusación alguna. Con la retirada de la acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Botín pudo librarse de sentarse en el “banquillo”, en el juicio por la llamadas “cesiones de crédito” del Banco de Santander, en el que se le acusaba, junto a otros directivos del banco, de fraude fiscal a Hacienda, por importe de 426.000 millones de las antiguas pesetas. Y todo ello, después de quince años de instrucción del caso por la jueza de la AN Teresa Palacios, que ya había dictado el auto de procesamiento del banquero y sus colaboradores.
Por otro lado, el MF está sometido a los principios de legalidad e imparcialidad, pero pocas instituciones han sido menos independientes e imparciales como la Fiscalía, a través del ordeno y mando del FGE, al servicio de los sucesivos Gobiernos. ¿Quién no recuerda a Eligio Hernández al servicio del PSOE o Fungairiño al servicio del PP? El actual, Conde Pumpido, también está descaradamente al servicio del Gobierno del PSOE.
El control del Gobierno sobre la Fiscalía orienta de forma partidista la política criminal de persecución de delitos, hasta el punto de que hay determinados delitos que no interesa perseguir ni investigar. Por esto ha sido posible, por ejemplo, los centenares de miles de asesinatos de niños no nacidos, por abortos, que se han venido realizando impunemente desde hace años en España, sin que la Fiscalía General del Estado, con gobiernos del PSOE y del PP, haya hecho nada por impedirlo. Si al Gobierno de turno no le interesa perseguir determinados delitos se hace la vista gorda y a los Fiscales se les da orden de no investigar por ese camino.
También la escasez de medios afecta a la Fiscalía, provocando que las actuaciones llevadas a cabo para la persecución penal de delitos graves, sean muy escasas. Especial mención debemos hacer a la falta de medios de la “Fiscalía Especial Anticorrupción”, creada en 1995 para la persecución de delitos especialmente trascendentes relacionados con la corrupción política y económica de ámbito nacional e internacional, que al depender orgánicamente del FGE, nombrado por el Gobierno, se ve limitada por la voluntad política para actuar o no. Por ley, debe haber fiscales anticorrupción no sólo en Madrid, sino en el resto de provincias, pero es escasísimo el número de éstos. Además, por ley del año 2003 (PP) se redujo de un año a seis meses, el tiempo máximo para investigar y reunir pruebas de cargo, lo cual es muy difícil, en casos complejos. Además, se obliga a la Fiscalía a poner en conocimiento de los sospechosos la apertura de las investigaciones, a fin de que puedan personarse en las diligencias e intervenir en las mismas, lo cual facilita la destrucción de pruebas. En los últimos años, la mayoría de diligencias de investigación abiertas por corrupción política y económica se han archivado.
Policía Judicial (PJ)
Otra forma de manipulación por parte del Gobierno sobre la Justicia española, es a través del intento de control de los servicios secretos, de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, y de la Policía Judicial. De esta forma, el Gobierno puede tutelar la persecución penal de determinados delitos, según convenga, investigando o no, o incluso entorpeciendo la labor judicial, si controlan determinados altos mandos afines al Gobierno, que son los que deben proporcionar a los jueces y a la Fiscalía las pruebas para actuar penalmente contra alguien. La “etapa felipista” fue escandalosa en este sentido: casos como las escuchas telefónicas de los servicios secretos del CESID a determinadas personas, incluido el Rey, o el pago con dinero público de los “fondos reservados” a agencias privadas de detectives para espiar a determinadas personas, y otros tantos ejemplos de la etapa felipista, nos dejan claro el asunto que referimos.
El caso GAL fue paradigmático, pudiéndose comprobar claramente las trabas continuadas del Gobierno del PSOE. A pesar de ello, la Justicia consiguió meter en la cárcel a un Ministro del Interior (Barrionuevo), un Secretario de Estado (Vera) y a un General de la Guardia Civil (Rodríguez Galindo), por estar involucrados, de una u otra forma, en asesinatos, secuestros y torturas.
Tanto Vera como Barrionuevo fueron posteriormente indultados (excarcelados) por el Gobierno de Aznar (PP), que negoció con el PSOE dichos indultos, junto con el del Juez Gómez de Liaño, que se encontraba condenado por prevaricación, debido a sus intentos de encarcelar al entonces dueño del Grupo PRISA, Sr. Polanco. Fue entonces un gran apaño de ambos partidos, si bien hay que decir que en el caso del juez, recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, anuló su condena por estar dictada por Magistrados que no eran imparciales, los cuales pertenecían a la cuerda del PSOE, lo que demuestra una vez más la manipulación política de la Justicia en España.
Otro claro ejemplo nos da luz suficiente sobre esta cuestión: el juez de la AN, Grande Marlaska, pidió expresamente apartar de una investigación sobre terroristas etarras en Francia, al Jefe de la Comisaría General de Información de la Policía, Telesforo Rubio, que fue apartado por el juez porque consideraba que le estaba entorpeciendo la investigación. Se trata del caso famoso del “chivatazo a ETA”, ocurrido durante el mal llamado “proceso de paz”, por el cual se avisó a unos etarras investigados para evitar su detención.
El alto mando al que Zapatero había ascendido tras ganar las elecciones generales de 2004, (precedidas, tres días antes, por el asesinato terrorista múltiple del 11-M), fue después destinado como responsable de interior en la embajada española en Moscú, cobrando 24.000 € al mes de las arcas públicas.
Otros muchos ejemplos podrían ponerse de relieve, como la actuación del FGE y la PJ durante la llamada última tregua de ETA. Durante los nueve meses que duró el engaño, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado levantaron el pie del acelerador, por orden del Gobierno y del Fiscal General, hasta el punto de que éste último afirmó públicamente que la ilegalización de estos partidos no era una prioridad. ANV pudo concurrir entonces a las elecciones municipales de mayo de 2007, y obtener representación política y fondos públicos para ETA. Sólo cuando ETA rompe la tregua definitivamente, tras varios asesinatos, se ordenó políticamente la persecución “sin cuartel” del entramado etarra, llegándose entonces a ilegalizar al PCTV y ANV, por estar relacionados directamente con la banda terrorista. Los dieciséis magistrados del TS que decidieron, en febrero de 2008, la prohibición provisional de actividades de los partidos hoy definitivamente ilegalizados, echaron en cara a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía (ambos controlados por el Gobierno del PSOE), que no instara antes la ilegalización, a pesar de que desde casi un año antes se tenían pruebas contundentes para ello. Toda una evidencia.
Hemos llegado ya en nuestro país a la dimisión de un Ministro de Justicia del PSOE, el Sr. Bermejo, por despachar directamente con un Juez de la AN, Sr. Garzón, y el Comisario Jefe de la Policía Judicial, Sr. González, en una cacería, en plena ofensiva del Gobierno por destapar la corrupción del PP y ocultar la propia. ¿A dónde vamos a llegar?
