Que la industria farmacéutica ostenta un poder inmenso de influencia en los gobiernos es de sobra conocido.
Temas tan espinosos (por decirlo de una manera suave) como su lucha contra la venta de genéricos para el SIDA o sus recurrentes denuncias contra el gobierno indio por su decisión de prohibir la comercialización de algunos medicamentos son de sobra conocidos, lo que es curioso, porque es uno de los sectores más subvencionados por los gobiernos tanto en becas de formación como en subvenciones directas para investigación. Dinero público que revierte únicamente en manos privadas.
Allen Frances, el director durante años del DSM que define los trastornos y patologías mentales, en una entrevista a El País admitía: ’fuimos muy conservadores y solo introdujimos dos de los 94 nuevos trastornos mentales que se habían sugerido. Al acabar, nos felicitamos, convencidos de que habíamos hecho un buen trabajo. Pero el DSM IV resultó ser un dique demasiado endeble para frenar el empuje agresivo y diabólicamente astuto de las empresas farmacéuticas para introducir nuevas entidades patológicas. No supimos anticiparnos al poder de las farmacéuticas para hacer creer a médicos, padres y pacientes que el trastorno psiquiátrico es algo muy común y de fácil solución’.
¿Pero cuánto gasta la industria farmacéutica en hacer presión a los poderes públicos? El Observatorio de las Corporaciones en Europa ha estudiado las cifras y apunta a que la industria farmacéutica ha declarado unas cifras de en torno a 40 millones de euros, incluyendo empresas, asociaciones farmacéuticas y las empresas de lobby que contratan para tal fin. Esta cifra es en torno a 15 veces más que lo que pueden gastar en lobby las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de consumidores que trabajan por la salud pública o para promover el acceso a los medicamentos. Sin embargo, estas son las cifras declaradas, el gasto real puede ser mucho más. El incremento, respecto de 2012, suponen 6 millones de euros, a pesar de que las ocho asociaciones comerciales de lobby más importantes declaran un incremento siete veces mayor.
Pero no sólo es dinero lo que gastan, la industria farmacéutica mantiene reuniones frecuentes con los departamentos y personal de la Comisión Europea, de hecho, los partenariados público-privados más grandes en la Unión Europea son realizados con la industria farmacéutica. Los canales de influencia que la industria farmacéutica utiliza para promover sus intereses son, por ejemplo, la participación en los grupos consultivos de la Comisión Europea o las aproximadamente 50 reuniones que ha llevado a cabo EFPIA -la Federación Europea de las Industrias y Asociaciones Farmacéuticas- en los primeros cuatro meses y medio de la Comisión Juncker, nivel de reuniones impensable para lobbys que representan los intereses de la ciudadanía o de los consumidores. Pero, ¿por qué se está haciendo tan visible últimamente el sector farmacéutico?, ¿Cuál es ahora su mayor preocupación? La respuesta es fácil, el TTIP.
Su mayor preocupación: EL TTIP
El TTIP, el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa, está en el punto de mira de la industria, especialmente por las patentes y los acuerdos de transparencia, de hecho el lobby de las farmacéuticas incrementó de manera dramática una vez terminada la fase preparatoria y cuando las negociaciones reales se iniciaron. Las negociaciones, a puerta cerrada, tienen como objetivo que el TTIP no incluya medidas regulatorias como por ejemplo, la inclusión de estándares o de marcos legales, eliminación de derechos de propiedad intelectual o medidas de protección de inversión. Frente a esto, amplios sectores de la sociedad civil están muy preocupados, ya que probablemente el TTIP supondrá una reducción de los estándares de protección de los consumidores y una consiguiente erosión de las políticas de salud y medioambientales para la ciudadanía.
La armonización de políticas entre Estados Unidos y Europa corre el riesgo de precipitarnos al vacío, reduciendo las obligaciones regulatorias a estándares mínimos a ambos lados del Atlántico. El secretismo y la ausencia de transparencia en torno a las negociaciones, junto con el inmenso acceso de las corporaciones a los poderes público en comparación con el público en general, acrecienta las sospechas de que el TTIP supondrá la promoción de los intereses comerciales de las multinacionales, en lugar de la promoción del interés general de la ciudadanía.
Los amplios y numerosos contactos entre la industria farmacéutica y la Comisión Europea sobre el TTIP, combinado con que las demandas sectoriales supondrían un detrimento importante en el acceso a las medicinas y a la salud pública en la Unión Europea. Estas demandas incluyen amplios periodos de monopolio a través de medidas de propiedad intelectual, la erosión de las regulaciones establecidas en la UE para proteger la salud pública y críticas a la reciente regulación de los ensayos clínicos.
La necesidad de controlar el lobby
Por todas estas razones es necesario controlar el nivel de lobby que reciben los poderes públicos. En una intentona, la Comisión Europea abrió lo que se llama el Registro de Transparencia, donde se deben registrar el número de lobbistas que tiene cada organización. A continuación, el gasto declarado por cada una de las corporaciones:
Es interesante ver cómo, de acuerdo al Registro de Transparencia, al menos dos corporaciones farmacéuticas declaran menos en lobby que lo que es declarado por las empresas subcontratadas para ejercer el lobby. Por ejemplo, Alexion Pharmaceuticals, declara en la Unión Europea gastos inferiores a 9.999 euros (entre enero y noviembre de 2014), sin embargo, la organización que le gestiona el lobby, g+ (europe) declara que paga entre 25.000 y 49.999 euros. Otro ejemplo, Stallergenes que declara un gasto de lobby entre 50.000 euros y 99.999 euros, aparece en la lista de FTI Consulting Belgium, su empresa de lobby, en el ratio entre 100.000 y 199.999 euros.
Es necesario establecer controles al sistema de lobby, lo cual sólo puede ser conseguido a través de un registro obligatorio y real de las empresas de lobby en la Unión Europea, así como la publicación y apertura de las reuniones de lobby que se llevan a cabo entre las empresas privadas y los poderes públicos.
Es necesario terminar con un sistema donde los intereses privados son asesores de los poderes públicos y llegar a un sistema más equilibrado, donde las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas sean representados. Es necesario terminar con la miopía de los poderes reguladores, que fallan en reconocer que los intereses lucrativos de los regulados, en este caso la industria farmacéutica, son incompatibles con las responsabilidades públicas, que en teoría, deberían llevar a cabo los políticos en pro de la ciudadanía general.
Se ha producido una importante captura de la información en torno a los medicamentos y a las políticas de salud por parte de la industria farmacéutica. Muchas veces, su retórica parece ganar en los debates políticos, argumentando que las patentes fomentan la ’innovación’ y la ’investigación’ y la regulación supone una barrera a las mismas, mientras que reciben inmensas sumas a través de la Iniciativa para la Innovación en Medicamentos (IMI en sus siglas en inglés), que según reza su página web es el mayor partenariado público-privado de Europa.
Arrojar luz sobre el lobby de la industria farmacéutica y ofrecer más claridad a la ciudadanía es absolutamente necesario para servir de manera genuina a las necesidades de salud de la ciudadanía, además de facilitar el acceso a los medicamentos esenciales, en lugar de servir a los oscuros intereses comerciales de uno de los lobbys más importantes del mundo.
Los datos de este artículo han sido obtenidos del informe: Policy prescriptions: the firepower of the EU pharmaceutical lobby and implications for public health. Publicado por Corporate Europe en septiembre de 2015.
Autor: Genoveva López Morales
Fuente: salmoncontracorriente