Montesquieu no garantiza la democracia

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No se puede mantener viva una democracia sino se camina hacia adelante, hacia el Bien Común. Hoy la democracia en el mundo está en retroceso, y no se «mantiene» por la teórica garantía de la separación de poderes (Montesquieu). Condición necesaria pero no suficiente.

Como diría un viejo militante cristiano: lo que no camina hacia adelante, seguro que está yendo hacia atrás. Y esto sucede en las democracias actuales.

No puede haber democracia sin dedicación al Bien Común, y sin respeto a los derechos de los demás y de todos, y sin sensibilidad para las necesidades de los demás. Eso significa que la democracia, más que ningún otro sistema social y político, tiene necesidad de una sólida base moral.

¿Se rige la política actual según la justicia con los empobrecidos, con los más débiles, con los pequeños, con los inocentes? Parece que no. Y este es uno de los principales desafíos de la democracia.

Todo se relativiza. Incluso desde plataformas políticas que se etiquetan de católicas, donde se defiende el neocapitalismo materialista a la par que se condena el aborto; y viceversa, grupos cristianos donde se hace permeable las ideologías contra la vida y la solidaridad, donde se da pábulo al nacionalismo insolidario y a los pactos del gobierno de P. Sánchez. Ambas tendencias dentro del marco, dentro de los parámetros, hechos al molde del Imperialismo.

Asistimos atónitos a lo que sucede en España, en varios países de Europa, en Iberoamérica (véase Perú) y en otras zonas del mundo. La quiebra de la democracia en un país puede ser el resultado de un tira y afloja entre un líder «democrático» (y los intereses que se ocultan detrás) y un sistema político en decadencia o clara recesión moral. La erosión de la democracia tiene lugar poco a poco, a menudo en pasos diminutos. Cada uno de esos pasos se antoja insignificante, tal que por separado ninguno parece una amenaza real. Tenemos ejemplos suficientes en la reciente historia de Iberoamérica: Perón, Fujimori, Hugo Chávez… El proceso es muy similar: propuestas populistas frente a una injusticia real, control de los medios, reforma de las constituciones, domesticación del poder judicial, perpetuación del poder ejecutivo, etc… Incluso hemos visto como un presidente de los EEUU alentaba el asalto a su asamblea de representantes.

«Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de Derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana»

(Juan Pablo II, Centessimus Annus, 46).

El caso es que el fin justifica los medios en la política actual. Se revienta la separación de poderes, se indulta a los que violan la solidaridad favoreciendo la corrupción política, se justifican confinamientos radicales e inconstitucionales, se cierra el Congreso durante meses, se tapa la voz a los ciudadanos con el ruido mediático, y las tertulias se convierten en prolongación de la propaganda de los telediarios y sucedidos de los «realities».

Moral y política, se encuentran desacoplados… Y lo peor es que la sociedad ha sido desactivada, o mejor dicho, se activa políticamente bajo la acción combinada de sentimiento y redes sociales, otro gran desafío para las democracias y la comunicación política. Tampoco podemos olvidar la simultánea presencia de altas tasas de desempleo, pobreza y precariedad, y la formulación constante de leyes contra la vida, bajo un consenso forzado por los poderosos. Signos claros de estos tiempos.

La ahora denostada transición política a la democracia en España (Constitución del 78) fue posible gracias al trabajo de muchos militantes cristianos que pusieron el Bien Común por encima de los intereses partidarios, de los intereses económicos… Pusieron en marcha un asociacionismo, un tejido social que fortaleció el paso a la democracia, con la égida del perdón, de la reconciliación entre los españoles y de la vida solidaria. Evidentemente había fallos, nada es perfecto.

Por eso hemos de recordar las palabras de San Juan Pablo II, «si no existe una verdad última, que guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto» (Juan Pablo II, Centessimus Annus, 46).

La democracia, en efecto, entraña el reconocimiento, la afirmación y el respeto del valor y la dignidad trascendente e inviolable del ser humano, de todo ser humano, la afirmación de la libertad, la igualdad y la solidaridad como valores y principios insoslayables, una opción moral y una idea del Derecho que en modo alguno se entienden por sí mismas.

El sistema democrático, la democracia si se prefiere, está al servicio del hombre, de cada ser humano, de su defensa y su dignidad. Los derechos humanos no los crea el Estado, no son fruto del consenso democrático, no son concesión de ninguna ley positiva, ni otorgamiento de un determinado ordenamiento social.

Estos derechos son anteriores e incluso superiores al mismo Estado o a cualquier ordenamiento jurídico regulador de las relaciones sociales; el Estado y los ordenamientos jurídicos sociales han de reconocer, respetar y tutelar esos derechos que corresponden al ser humano por el hecho de serlo, a su verdad más profunda común a todos los seres humanos que los hace iguales y solidarios –destinados a los otros y al Otro–, en la que radica la base y la posibilidad de realización en libertad.

El ser humano, su desarrollo solidario (familia, sociedad…) y su promoción integral, es el objetivo de toda democracia, y de todo orden jurídico. Cualquier desviación o quiebra por parte de los ordenamientos jurídicos, de los sistemas políticos en este terreno nos colocaría en un grave riesgo de totalitarismo.

Por eso mismo, la democracia para crecer y fortalecerse necesita una ética que se fundamente en la verdad del hombre y reclama el concepto mismo de la persona humana como sujeto trascendente de derechos fundamentales, anterior al ordenamiento jurídico. La razón y la experiencia muestran que la idea de un mero consenso social que desconozca la verdad objetiva y fundamental acerca del hombre y su destino trascendente es insuficiente para un orden social justo. La cuestión de la dignidad de la persona humana y de su reconocimiento pleno es piedra angular de todo ordenamiento jurídico de la sociedad; afecta por ello, a los fundamentos mismos de la comunidad política que necesita de una ética fundante; la misma libertad, «elemento fundamental de una democracia, es valorada plenamente sólo por la aceptación de la verdad» (Juan Pablo II, a los obispos portugueses, 27, 11, 92) del ser humano.

«Los antiguos griegos habían descubierto ya que no hay democracia sin la sujeción de todos a una Ley, y que no hay Ley que no esté fundada en la norma trascendente de lo verdadero y lo bueno» (Juan Pablo II, en su visita al Parlamento Europeo).

Benedicto XVI, en la encíclica Deus Caritas est afirmaba que El orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política. Un Estado que no se rigiera según la justicia se reduciría a una gran banda de ladrones.

Miembro activo de la «Polis»

El papa Francisco nos recordaba en su momento, en una visita a Grecia, que el ser humano es algo más que un sujeto. «Aquí en Atenas, nació la Democracia», afirmaba. Y nos decía que el hombre adquirió la conciencia de ser «animal político» y que, por ser miembro de una comunidad, es un ciudadano, no sólo un sujeto; un miembro activo de la «Polis». Y una «Polis», añadía- que requiere la participación y colaboración de todos: su implicación activa en lo común, con prioridad a los más débiles.

Luis Antúnez