Presentado por la Congregación para la Doctrina de la fe y el Dicasterio para el servicio del Desarrollo Humano Integral, intervinieron: mons. Luis Ladaria y el cardenal Peter Kodwo Turkson, Prefectos de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral respectivamente. También estaban presentes los economistas Leonardo Becchetti, docente de economía política de la Universidad de Tor Vergata y Lorenzo Caprio, profesor de Financias empresarial de la Universidad Católica.
La recomendación está en un documento titulado «Oeconomicae et pecuniariae quaestiones» (Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunas cuestiones del sistema económico actual), elaborado por el Dicasterio (ministerio vaticano) de la Doctrina de la Fe y es un repaso de los últimos fracasos y fraudes de la economía mundial.
El Vaticano justifica su intervención porque «está en juego el verdadero bienestar de la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro planeta (…) mientras algunas minorías explotan y reservan en su propio beneficio vastos recursos y riquezas, permaneciendo indiferentes a la condición de la mayoría»
«El dinero debe servir y no gobernar», subraya el documento.
«En el mundo económico y financiero se dan casos en los cuales algunos de los medios utilizados por los mercados, aunque no sean en sí mismos inaceptables desde un punto de vista ético, constituyen casos de inmoralidad próxima, ocasiones en las cuales con mucha facilidad se generan abusos y fraudes», afirma.
Cita el reciente comercio de «algunos productos financieros» que aunque «lícitos en sí mismos», aprovechan la situación de asimetría, las lagunas informativas o «la debilidad contractual de una de las partes».
Piden por ello una «urgente autocrítica» y cambio de la cultura empresarial y financiera, así como la posibilidad de «establecer comités éticos, dentro de los bancos, para apoyar a los consejos de administración».
«Todo ello para ayudar a los bancos, no sólo a preservar sus balances», sino también «a apoyar adecuadamente la economía real», añaden.
También consideran la necesidad de «introducir una certificación de las autoridades públicas para todos los productos que provienen de la innovación financiera, al fin de preservar la salud del sistema y prevenir efectos colaterales negativos».
Explican que es necesaria una mayor regulación, pues «entre los principales motivos de la reciente crisis económica se hallan también conductas inmorales de representantes del mundo financiero».
Afirman que «una gran ayuda para evitar crisis sistémicas» sería una clara separación de la gestión de cartera de créditos comerciales y de la de inversión o negociación de cartera propia.
Entre los comportamientos moralmente criticables en la gestión del ahorro, señalan «los excesivos movimientos del portafolio de títulos, con el propósito principal de incrementar los ingresos» y que incluyen entre otros, «la concesión de préstamos por parte de un intermediario bancario, subordinada a la simultánea suscripción de otros productos financieros quizás no favorables al cliente».
Otra de las críticas es «la creación de títulos de crédito de alto riesgo» o «los llamados derivados».
Califica de «deplorable, desde el punto de vista moral, cuando unos pocos – por ejemplo importantes fondos de inversión – intentan obtener beneficios mediante una especulación encaminada a provocar disminuciones artificiales de los precios de los títulos de la deuda pública, sin preocuparse de afectar negativamente o agravar la situación económica de países enteros».
Esto se produce, dice el documento, «llegando incluso a determinar artificialmente el funcionamiento adecuado de los sistemas políticos».
El documento se ocupa también de los offshore (paraísos fiscales) y dice que «se ha calculado que bastaría un impuesto mínimo sobre las transacciones offshore para resolver gran parte del problema del hambre en el mundo»,
«¿Por qué no hacerlo con valentía?…»