Pese a no detentar el liderazgo en los ‘lobbies’ existentes, los intereses empresariales e institucionales españoles están presentes en Bruselas. La huella del ‘lobby’ español aparece desde los ministerios hasta las diferentes instituciones europeas.
Diego Sanz Paratcha /Redacción
ESCAÑOS INVISIBLES.
Diferentes organizaciones critican la falta de transparencia en la toma de decisiones en la UE.
La conferencia de jefes de Estado de América Latina, Caribe y Unión Europea reunió esta primavera en Viena, además de a los diferentes mandatarios, a 300 representantes empresariales. Al modo de las contracumbres del movimiento global, los ejecutivos celebraron su propia cumbre paralela en el llamado European Business Summit. Las multinacionales españolas Telefónica, BBVA, Unión Fenosa y Repsol estaban allí. Y la promesa de los organizadores: “El evento permitirá a los ejecutivos tener un contacto directo con los jefes de Estado de ambas regiones”.
El centenar de lobbistas acreditados en el Parlamento Europeo para representar a empresas e instituciones españolas se afana en conseguir ese contacto directo. Telefónica, BBVA, Repsol y la hispano-francesa Altadis, una más dentro del influyente lobby tabaquero, cuentan con sus propios agentes y oficinas en la capital europea. La lista se puede consultar en la web de la eurocámara. “Al menos”, concede el eurodiputado ‘verde’ David Hammerstein, muy activo en la lucha contra los grupos de interés industriales, “los lobbies aquí se reconocen como tales, mientras que en el Congreso se hace como si no existieran”.
El ‘lobby’ se cocina en casa Los informes de CEO destacan que una de las grandes puertas de entrada de los grupos de presión a los despachos oficiales europeos es el Consejo, formado por las representaciones ministeriales de los países miembros. Los ministerios españoles de Medio Ambiente y Agricultura, por ejemplo, se han colocado a la cabeza de la defensa de los cultivos transgénicos, en una tendencia iniciada en la etapa del antiguo europarlamentario y ministro de Agricultura con el PP, Miguel Ángel Arias Cañete. Según Juan Felipe Carrasco, de Greenpeace, sólo muy recientemente el Gobierno español se ha mostrado a favor de las moratorias de transgénicos ante el Consejo. “Y además se ha echado atrás, porque de apoyarlas han pasado a abstenerse”, señala.
Un representante de Agricultura defendió este mismo año ante la Comisión Europea el caso español como un ejemplo de coexistencia de los cultivos tradicionales y los cultivos transgénicos, posibilidad que siguen negando las organizaciones ecologistas (ver artículo en página 14). Para Carrasco, el actual Real Decreto de coexistencia es directamente “un texto de la industria”.
El periodista freelance Rafael Carrasco ha investigado la relación de las autoridades españolas con las grandes multinacionales biotecnológicas Syngenta-Novartis y Monsanto. Según sus investigaciones, en los llamados departamentos de asuntos regulatorios de Monsanto y Syngenta se encuentran respectivamente los lobbistas Jaime Costa y Esteban Alcalde. Su trabajo en la Comisión Nacional de Biotecnología y sus contactos en la Oficina Española de Variedades Vegetales (organismo dependiente de Agricultura) han ayudado a que el Estado español sea el primer país de la UE en extensión de cultivos transgénicos. Y hasta hace poco, el único. Con cultivos todavía pequeños, ahora le siguen Francia y Portugal.
La entrada en 1999 del ex comisario de Telecomunicaciones Martin Bangemann como asesor de Telefónica desató entonces la alarma a escala española y europea. Bangemann se había limitado a enviar una carta a Gerhard Schröeder -quien luego ha pasado también apenas sin transición de la presidencia alemana al gigante ruso Gazprom- para informarle sobre sus intenciones de trabajar para la multinacional española en calidad de asesor del entonces presidente Juan Villalonga. Bangemann pasó así de ser miembro del principal regulador europeo de telecomunicaciones a asesor de Telefónica en un momento crucial en el despliegue global de la compañía, entre los años 2000 y 2005. También es bien conocida la sintonía con la industria nuclear de la ex comisaria de Transportes y Energía y antigua vicepresidente de la Comisión, Loyola de Palacio. De Palacio ha sido una panelista frecuente en las jornadas promovidas por Foratom, la patronal nuclear europea, donde ha reproducido los argumentos en pro de una mayor presencia de las fuentes nucleares en el sector energético. Sin embargo, es en los lobbies transnacionales donde las megacorporaciones españolas se encuentran más protegidas. El caso de la OPA de la alemana E.On sobre Endesa es un buen ejemplo. Con la posición contraria del Gobierno de Zapatero, las dos compañías han conseguido ganarse el apoyo de Neelie Kroes, comisaria de Competencia, por encima de las condiciones marcadas por los reguladores españoles. La posición de Endesa al frente de la patronal eléctrica europea, Eurelectric, también ha ayudado.
Otros importantes lobbies transnacionales están acreditados en el Parlamento con agentes españoles, como es el caso de la patronal europea UNICE -cuyo responsable de mercado interno viene de la patronal española de telecomunicaciones-, el propio Foratom y las dos agencias europeas de autores y editores, en un mapa de los sectores en que la industria española ha ido ganando cuota de poder.
LA ONG CORPORATE EUROPE DENUNCIA LA POCA TRANSPARENCIA
Bruselas: el Atomium, el Manneken Pis, la Gran Plaza y los gofres. La ONG con sede en Holanda Corporate Europe Observatory (CEO) ha añadido a la típica visita guiada un ‘tour’ a las principales sedes de lobbies y de instituciones europeas, todos ellos localizados en un solo barrio de la capital. Es un ejemplo más de la labor de rastreo y, a su particular manera, lobby, que la organización está desarrollando desde 1997 para revelar “el impacto del control ejercido por las empresas sobre los políticos europeos, la democracia y la legislación social y medioambiental”. Para CEO, esta labor es necesaria por la escasa conciencia pública sobre las acciones que intentan promover las fundaciones, asesorías legales, oficinas de relaciones públicas y patronales que funcionan en Bruselas. Por ejemplo, la propuesta de moratoria de la ‘CEOE europea’ UNICE sobre cualquier nueva normativa social hasta que se cumplan los objetivos marcados en la Agenda de Lisboa. Al mismo tiempo, ha impulsado la alianza de ONG y colectivos sociales alter UE (en el Estado español, representada por Ecologistas en Acción y el Observatorio de la Deuda, entre otros) en campaña para que las instituciones europeas aprueben normas obligatorias de transparencia sobre la actuación de los diferentes grupos de interés y su relación con los funcionarios y políticos comunitarios.
En parecida línea, el vicepresidente de la Comisión Europea, Siim Kallas, publicó en mayo un Libro Verde sobre transparencia que ha sido valorado como un avance por parte de la alianza, que no obstante considera la iniciativa como “claramente insuficiente” por no recoger la obligatoriedad de las propuestas, y situar en su lugar unos códigos de conducta voluntarios. Alter UE sí coincide con el Libro Verde en la atribución de un mayor responsabilidad a la Comisión Europea para definir y liderar estas políticas. Según CEO, “no hay mejor desinfectante que la luz del sol”.
