Pedrojota dedica hoy ( 30/03/2004) la Portada, Editorial y dos páginas al llamado ´antenicidio´. En una jugada de alto riesgo, pero calculada al milímetro, Pedrojota acusa hoy al Gobierno Aznar y al Partido Popular de haber usado ´paños calientes´ con el Grupo Prisa y de haber contemporizado con Jesús de Polanco…
Fuente Periodista Digital
En una jugada de alto riesgo, pero calculada al milímetro, Pedrojota acusa hoy al Gobierno Aznar y al Partido Popular de haber usado «paños calientes» con el Grupo Prisa y de haber contemporizado con Jesús de Polanco. El director de El Mundo subraya que desde La Moncloa se dieron alas al «Imperio Polanco», cuando se podía «legalmente» darle un golpe serio y que lo ocurrido entre el 11-M y el 14-M demuestra que Aznar se equivocó de pleno.
«Cuatro años después de haber anulado la absorción de las 81 emisoras de Antena 3 Radio, el Tribunal Supremo advierte al Ejecutivo que es ya «inexcusable» que imponga su «separación real y efectiva» de la cadena de Polanco». Así abre su edición de hoy el diario dirigido por Pedrojota Ramírez, quien en un Editorial señala que «no es el único favor que el Gobierno ha hecho a Polanco en esta pasada legislatura. Autorizó, primero, la fusión entre Sogecable y Vía Digital. Cambió, después, de criterio en la Ley de Acompañamiento para regularizar las emisoras locales de TV de Prisa. (…) Las bases del PP que gritaban en Vistalegre ya saben cómo Polanco y la Ser han devuelto estos favores a Aznar y sus ministros». Y añade en páginas interiores que «desde la absorción de Antena 3 Radio en 1994, la cadena Ser es líder indiscutible de oyentes y el grupo domina el panorama radiofónico».
Este es el despliegue informativo desarrollado hoy por El Mundo contra el Grupo Prisa.
En primer lugar, el tema de apertura del diario en portada, bajo el titular «El TS reiteró en febrero al Gobierno que ejecutara el fallo contra la Ser»
Durante los últimos cuatro años, el Gobierno del Partido Popular ha evitado la ejecución de la sentencia -a través de la Dirección General de Defensa de la Competencia, dependiente del vicepresidente económico, Rodrigo Rato- mediante la presentación de tres incidentes de ejecución de sentencia por parte de la Abogacía del Estado, tutelada por el Ministerio de Justicia que dirige José María Michavila.
En el auto del 18 de febrero, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, presidida por Fernando Ledesma Bartret, ex ministro de Justicia con Felipe González, reitera una vez más que corresponde a la Dirección General de Defensa de la Competencia ejecutar la sentencia.
Esta obliga a Prisa a separar, de manera efectiva, la gestión operativa y económica de las 81 emisoras de Antena 3 Radio respecto de la Cadena Ser. En el auto se destaca como «particularidad» del tercer incidente de ejecución que «la Administración no ha dictado la oportuna resolución» y, en su lugar, «ha instado al abogado del Estado para que plantee un nuevo incidente».
En su último intento de seguir ganando tiempo, Defensa de la Competencia envió al Tribunal Supremo un escrito en el que le preguntaba si podía «archivar el correspondiente expediente de vigilancia», tras haber recibido un escrito de Prisa, informándole de que había «procedido a realizar las actuaciones necesarias para garantizar la separación efectiva de la gestión operativa y económica» de Antena 3 Radio y la Cadena Ser.
Curiosamente, el abogado del Estado no remitió al Tribunal Supremo los documentos aportados por los letrados de Prisa y sólo enumeraba el título de los mismos.
El auto del Supremo es taxativo al afirmar que la Sala Tercera no sustituye a Defensa de la Competencia «en el análisis inicial de si las partes cumplen o no cumplen las condiciones que la propia Dirección General les ha impuesto».
Además, aclara que «es necesario» que Defensa de la Competencia, «que cuenta con sus propios servicios técnicos de análisis, valore por sí el cumplimiento de las condiciones que ella misma impuso, y respecto del cual requirió de las partes un informe detallado a fin de examinar si habían sido respetadas o no».
El auto añade que «el análisis correspondiente de la Dirección General es inexcusable y culminará con una decisión». Y vuelve a ser muy claro al señalar que sólo si las partes interesadas – Prisa, de un lado, y el grupo de periodistas recurrentes, de otro- «no estiman ajustada» la decisión a los términos de la sentencia, podrán acudir de nuevo al Supremo «para su control jurisdiccional».
En su auto, la Sala tercera recuerda que ya dijo en otro anterior, fechado el 5 de marzo de 2003, que «todo lo que sean decisiones administrativas, cuyo objeto sea el cumplimiento de la sentencia, no quedan sujetas al régimen jurídico de los recursos administrativos, sino a la fiscalización» del propio Tribunal Supremo.
Por eso, afirma que corresponde a Defensa de la Competencia valorar si las medidas anunciadas por Prisa en su escrito del 13 de junio de 2003 «garantizan la separación de la gestión operativa y económica» de Antena 3 Radio y la Cadena Ser. Pero va más allá al señalar que «dadas las características singulares de los acuerdos adoptados y de los pactos alcanzados», deberá valorar si la «separación es real y efectiva».
Escrito de Prisa
El abogado del Estado promovió el tercer incidente de ejecución de la sentencia tras recibir el 13 de junio de 2003 un escrito de Prisa que iba acompañado de un informe y tres documentos adicionales.Sin embargo, no remitió estos documentos al Supremo y sólo reprodujo el título de cada uno de ellos.
Por esta razón, el Supremo requirió a la abogacía del Estado para que presentara copia de los documentos, la resolución administrativa de los mismos si la hubiera, y la petición de tratamiento confidencial presentada por Prisa.
El grupo presidido por Jesús Polanco pidió que fuera tratado de manera confidencial el acuerdo entre la Ser y Antena 3 Radio para compartir programas radiofónicos. El mismo trato de confidencialidad solicitó en relación a un segundo acuerdo, esta vez entre la Ser y Unión Radio, también para compartir programas.
El último incidente de resolución llama la atención del Supremo porque en el anterior ya resolvió sobre las condiciones impuestas a las partes por Defensa de la competencia para cumplir la sentencia.
El auto recuerda que el 14 de octubre de 2002, el director general de Defensa de la Competencia emitió una resolución con las obligaciones impuestas a las partes. En la misma se decía que la Ser y Antena 3 Radio debían «resolver los negocios jurídicos en los que se instrumentó la operación de concentración» y «garantizar la separación efectiva de la gestión operativa y económica» de Antena 3 respecto de la cadena Ser.
Además, exigía a las partes un informe en el que se debía especificar «los cambios producidos en la estructura de las partes, en cuanto a su composición accionarial, estructura de control, sistema de gestión de medios personales y técnicos, y convenios de programación».
Con esta resolución, Defensa de la Competencia intentó instrumentar el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 2 de noviembre de 2001 para dar cumplimiento a la sentencia de junio de 2000 que anulaba el proceso de concentración de la Ser y Antena 3 Radio.
Felipe Arrizubieta, abogado del grupo de periodistas que recurrieron la concentración -Manuel Martín Ferrán, Melchor Miralles, Federico Jiménez Losantos, José María García, Luis Herrero y Pedro J.Ramírez-, considera que el Tribunal Supremo «está actuando con estricta sujeción al derecho y la máxima lealtad institucional».De nuevo, el Gobierno tiene la palabra.
Continúa con un duro Editorial: «Quienes claman contra la SER deben preguntar a Rato y Michavila»
Las decenas de miles de militantes del PP que el pasado sábado gritaban en Vistalegre «España no se pisa, grupo Prisa» deberían preguntar a Rodrigo Rato y José María Michavila -nombrado ayer coordinador de Comunicación del partido- por qué el Gobierno que preside Aznar ha venido boicoteando durante casi cuatro años la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, que establecía como contraria a derecho la absorción de 81 emisoras de Antena 3 Radio por la Ser y, por tanto, obligaba a deshacer la operación.
Aznar se refirió recientemente a Prisa como un «poder fáctico fácilmente reconocible». Pues bien, ese «poder fáctico» ha contado con la activa complicidad de su propio Gobierno para bloquear desde junio de 2000 la ejecución de la sentencia, que, según un auto del Supremo del pasado 18 de febrero, tiene que ser llevada a cabo sin dilaciones por el Ministerio de Economía en los términos impuestos en dicha sentencia firme.
Prisa ha mareado la perdiz durante cuatro años para no cumplir este fallo judicial. Pero el grupo de Jesús Polanco ha contado con dos poderosos aliados. El primero es la Dirección General de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía, que tenía que haber obligado a Prisa a cumplir la sentencia y luego dictaminado sobre su ejecución. Nada de ello se ha hecho.Y el segundo es la abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, que, en lugar de trabajar para que la sentencia se cumpliese, se ha dedicado a promover tres «incidentes de ejecución» para que Polanco pudiera ganar tiempo y Rato no tuviera que complicarse la vida.
El nuevo auto del Supremo exige al Ministerio de Economía que se pronuncie de forma «inexcusable» sobre si el plan presentado por Prisa -que nadie conoce por ser secreto- supone la ejecución de la sentencia y lamenta la actitud de la abogacía del Estado, de la que se sugiere que está demorando el procedimiento.
El diagnóstico del Supremo es absolutamente certero, ya que la estrategia de los ministros de Economía y de Justicia, Rodrigo Rato y José María Michavila, ha sido durante estos años la de no hacer frente a sus responsabilidades para no molestar a Prisa en claro contraste con un poder judicial que ha antepuesto los intereses generales y la defensa de la competencia.
Los abogados de Prisa intentaron, primero, eludir el fondo por la forma al pretender que la ejecución de la sentencia la llevara a cabo Economía sin el control del Supremo. En segundo lugar, pretendían con la vergonzante complicidad de los subordinados de Rato y Michavila que el Supremo avalara sus propias propuestas de ejecución y permitiera archivar el expediente abierto por un pasivo Servicio de Defensa de la Competencia.
Pero el Supremo ha desbaratado todas esas trampas. Aclara en su auto que la ejecución de la sentencia no es recurrible por la vía administrativa, como quería Prisa, y conmina a Economía a pronunciarse sobre si ha sido ejecutada. La firmeza de criterio de la Sala presidida por el ex ministro socialista, Fernando Ledesma, contrasta con las maniobras de Rato y Michavila para no tener que enfrentarse a Prisa.
No es el único favor que el Gobierno ha hecho a Polanco en esta pasada legislatura. Autorizó, primero, la fusión entre Sogecable y Vía Digital. Cambió, después, de criterio en la Ley de Acompañamiento para regularizar las emisoras locales de TV de Prisa. Y ha protegido a César Alierta, socio de Polanco, mediante la acción y omisión del fiscal general del Estado. Las bases del PP que gritaban en Vistalegre ya saben cómo Polanco y la Ser han devuelto estos favores a Aznar y sus ministros.
Sigue con un apoyo titulado «Cuatro años mareando la perdiz»
Desde que el Tribunal Supremo ordenara en 2000 revertir el proceso de concentración de Unión Radio hasta hoy, se han sucedido los anuncios de que el fallo iba a ser ejecutado. Estas son las fechas relevantes:
Abril de 2000
El Ministerio de Economía de Rodrigo Rato propone multar a Prisa y a Godó al creer que vulneraron la ley.
12 de junio de 2000
El Tribunal Supremo (TS) anula el acuerdo del Gobierno de 1994 y afirma que debió ordenar la desconcentración de Unión Radio.
26 de abril de 2001
El Tribunal Constitucional (TC) dicta un auto de inadmisión del recurso de amparo interpuesto por Unión Radio contra la sentencia.
26 de octubre de 2001
El ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, anuncia que el Ejecutivo se compromete a ejecutar el fallo y que estudia la manera y el momento de ejecutar la sentencia. «El procedimiento será el que determine la propia sentencia y se centrará en la defensa de la competencia», dijo el portavoz.
2 de noviembre de 2001
El Ejecutivo da a Prisa un plazo de dos meses para que le diga cómo quiere cumplir la sentencia.El grupo deberá presentar un plan ante el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC), dependiente del Ministerio de Economía.
11 de octubre de 2002
Mariano Rajoy, vicepresidente primero, afirma que el Gobierno ejecutará en breve el fallo del TS. No obstante, admite: «No sé en este momento cómo lo vamos a hacer».
14 de octubre de 2002
El SDC notifica a las partes la resolución que ordena disolver la concentración. Este organismo reconoce que tuvo conocimiento del auto del TS «el pasado 11 de octubre», 28 meses después de fallarse.
15 de octubre de 2002
Ultimátum de 30 días a los grupos Prisa y Godó por parte del Gobierno del PP para que deshagan el proceso de concentración.
17 de octubre
Antena 3 Radio, la Ser y Unión Radio presentan un recurso de súplica ante el TS para evitar cumplir la sentencia.Afirman que anular una concentración ocho años después de haber sido autorizada supondrá un marco de inseguridad jurídica para futuras operaciones.
21 de noviembre de 2002
El TS desestima el recurso de súplica.
1 de diciembre de 2003
Desestimada la petición de indemnización solicitada por Antena 3 Radio y Unión Radio al sentir dañado su patrimonio por el fallo.
El despliegue continúa con un tema titulado «Las 423 emisoras de Unión Radio reúnen el 46,94% de la audiencia», donde se destaca que «desde la absorción de Antena 3 Radio en 1994, la cadena Ser es líder indiscutible de oyentes y el grupo domina el panorama radiofónico».
Las 423 emisoras de radio que controla el Grupo Prisa reúnen el 46,94% de la audiencia radiofónica, según la última oleada de la Encuesta General de Medios (EGM), correspondiente a noviembre de 2003.
A través de Unión Radio, la sociedad creada en 1994 después de la absorción de Antena 3 Radio, Prisa domina más de la mitad de las emisoras nacionales. De ella dependen la Cadena Ser, con 140 emisoras, y Antena 3 Radio (81), a las que se unen Cadena Dial (85), Cadena 40 (48), Radiolé (27), Máxima FM (10), cadenas que el grupo define como «independientes ligadas a la compañía con carácter temporal».
Un número apabullante que otorga al Grupo Prisa el dominio de las ondas españolas. Al frente, su buque insignia, la Cadena Ser, que con casi cinco millones de oyentes diarios recibe el 43,55% de la audiencia de la radio generalista.
Un dominio que se extiende a la radio temática, donde Cadena 40 y Cadena Dial aparecen como las dos emisoras más escuchadas, con más de cuatro millones de oyentes entre las dos. De hecho, las cinco emisoras de radio temática de Prisa tienen el 50,61% de la audiencia.
Una preponderancia indiscutible de la que, sin embargo, Prisa no siempre ha disfrutado. En 1989, en vísperas de un polémico plan técnico del Gobierno de Felipe González para otorgar 347 nuevas licencias, la extinta Antena 3 Radio contaba con 107 emisoras y la Ser con 88. Por entonces, Jesús Polanco ya era el propietario de la Ser y Antena 3 Radio ya mantenía una línea informativa crítica con el Ejecutivo socialista.
Con la concesión de nuevas licencias, el Gobierno le dio la vuelta al panorama radiofónico, otorgando 105 a la cadena Ser y 29 a Antena 3 Radio. La primera pasó a tener 193 emisoras (el 26,29% del mercado) y la segunda, 136 (el 18,52%).
Disputado liderazgo
Pero pese a contar con un mayor número de emisoras, la Ser no obtuvo entonces el liderazgo indiscutible de la audiencia del que disfruta en la actualidad. Tanto fue así que, en la primavera de 1992, cuando perdió el liderazgo, Polanco decidió directamente comprar al competidor y fusionarlo con la Ser.
Fue el comienzo del litigio sobre el que el Supremo se ha vuelto ahora a pronunciar. En unos meses, Antena 3 Radio se convirtió en una cadena de música clásica llamada Sinfo Radio. El 20 de mayo de 1994, el Gobierno de Felipe González aprobó la concentración entre la Ser y Antena 3 Radio que dio lugar a Unión Radio y que, de hecho, se convirtió en una absorción de la segunda por la primera.
Ahí comenzó el liderazgo indiscutible del Grupo Prisa en el panorama radiofónico español. No sólo porque absorbió a su principal oponente, sino porque se hizo con un impresionante número de emisoras.La propia página web de Prisa asegura que la Ser es «la cadena radiofónica más importante de España» y «uno de los medios más seguidos e influyentes».
Su inmediata seguidora, Onda Cero, tiene poco más de dos millones de oyentes diarios, ni siquiera la mitad de los que obtiene la Ser, y la Cope, que aparece en tercer lugar, tiene algo más de un millón y medio de oyentes diarios, muy lejos de la cadena de Prisa.
En cuanto a la radio temática, la Cadena 40 mantiene desde hace años el liderazgo con más de dos millones y medio de oyentes diarios, seguida de la Cadena Dial, también de Prisa, con un millón y medio. Audiencia que hay que sumarla a la de M-80, Radiolé y Máxima FM.
Y finaliza con un reportaje –«Una legislatura apoyando a Prisa y a sus socios»– en el que se señala que «la fusión digital y la normativa sobre TV local han dado más poder a Polanco».
«No es posible encontrar condiciones que puedan compensar el deterioro de la competencia que la operación produce». La contundente afirmación es sólo una de las conclusiones del informe sobre la fusión de Canal Satélite y Vía Digital que elaboró la comisión del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) antes del veredicto final.
De poco sirvió, sin embargo, la valoración técnica de la ponencia encargada de redactar una propuesta de dictamen sobre la operación.El 11 de noviembre de 2002, el pleno del TDC examinó el documento y lo rechazó. Dos días más tarde, aprobó la unión con un paquete de condiciones que al Gobierno le parecieron oportunas. De lo contrario, el Consejo de Ministros nunca habría dado luz verde al matrimonio en su reunión del viernes 29 de noviembre.
El visto bueno del Tribunal levantó una polvareda en el sector audiovisual, pues eliminaba un gran obstáculo a las pretensiones de los promotores de la fusión, pese a la existencia de un informe previo que apuntaba en el sentido opuesto y a que cuatro de los nueve miembros del organismo votaron un riguroso no a la operación.
Fue el máximo responsable del Tribunal, Gonzalo Solana, quien inclinó finalmente la balanza a favor del proyecto de Prisa y Telefónica. El informe del organismo -compuesto por ocho vocales y un presidente- fue acordado por mayoría, con el voto en contra de Antonio Castañeda, Miguel Comenge, Luis Martínez y María Jesús Muriel. Dieron su apoyo a la fusión condicionada Francisco Javier Huerta, Antonio del Cacho, Julio Pascual, José Juan Franch y el presidente Gonzalo Solana.
Al contrario de lo que opinaban los cuatro primeros -«la empresa resultante alcanzaría una posición de dominio absolutamente inexpugnable»-, el informe final supeditaba la autorización al cumplimiento de 10 condiciones que, en el ámbito de los derechos sobre el fútbol y del cine -los dos pilares del negocio de las plataformas- eran mucho menos exigentes que las impuestas en su día en Italia a Stream y Telepiù.
El Gobierno hizo suyas prácticamente todas las tesis de Solana y los cuatro vocales que votaron a favor de la fusión. Y se limitó a trocear esta decena de restricciones en 34 medidas. No puso, pues, ningún impedimento a la nueva compañía para quedarse con las dos joyas de la corona: los derechos televisivos de los clubes Real Madrid y Barcelona hasta 2008 y la exclusividad de Canal Plus.
En la práctica, la decisión del Consejo de Ministros del viernes 30 de noviembre de 2002 reforzaba a Sogecable, y le permitía absorber Vía Digital y sus 800.000 abonados. Además, dejaba libre el camino a la poderosa alianza que, desde entonces, forman Telefónica y el grupo de Jesús Polanco.
Un año después, materializada ya la fusión, el Ejecutivo volvía a tomar otra decisión favorable para los intereses del grupo que dirige Jesús Polanco. A través de una enmienda a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, introdujo cambios significativos en la normativa que regula la televisión.
En virtud de esta modificación, los grandes grupos de comunicación españoles que poseyeran más del 5% de una televisión de ámbito estatal, también podrían ser propietarios de cadenas locales y autonómicas. Eso sí, con la limitación de que éstas no lleguen a más del 20% de la población.
Esta medida favorecía claramente a los grupos Prisa y Vocento -el primero, dueño de Canal Plus y Localia; el segundo, de Telecinco y UNE-.
El 25 de octubre de 2002, Josep Piqué, entonces ministro de Ciencia y Tecnología, había anunciado públicamente la prohibición expresa de que cadenas nacionales pudieran participar en emisoras locales o autonómicas. Este veto se justificaba en la idea de que las primeras no necesitaban participar en las segundas, puesto que ya llegaban a la totalidad de la población.
Pero la mencionada enmienda caminaba en el sentido opuesto. Es más, contravenía los principios básicos de defensa del pluralismo informativo y limitación del monopolio televisivo que defendía una enmienda precedente, en vigor antes de aprobarse la última Ley de Acompañamiento.